Tres parejas fueron azotadas públicamente en la provincia indonesia de Aceh por “muestras de afecto en público”, lo que viola las estrictas leyes de la región, según informa Daily Mail.

Una mujer fue vista colapsando de dolor después de aguantar 20 golpes de un bastón de ratán frente a una mezquita en la capital regional de Banda Aceh, y tuvo que ser ayudada a subir a una camilla por los guardias.

A pesar de la condena internacional, los latigazos son un castigo común para una serie de delitos en la región profundamente conservadora de la isla de Sumatra, entre los que se incluyen los juegos de azar, el consumo de alcohol y las relaciones sexuales homosexuales o prematrimoniales. 

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Todas las parejas estuvieron varios meses en prisión antes de ser castigados.

Docenas de espectadores, entre ellos algunos estudiantes malayos, vieron el espectáculo.

“Estoy nervioso porque es la primera vez que veo algo así”, dijo el visitante Muhammad Rushdy.

“Pero puede servir como una lección importante para que nosotros, los de otros países, cumplamos con las regulaciones locales”, agregó.

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El alcalde de Banda Aceh, Aminullah Usman, repitió su afirmación de que el castigo es un elemento disuasorio.

“Pero les seguimos diciendo a los visitantes que no tengan miedo de venir a Banda Aceh… porque no serán azotados si no infringen la ley”, dijo.

Aceh es la única provincia de Indonesia, la nación musulmana más poblada del mundo, que aplica la ley islámica.

Sin embargo, los legisladores indonesios están considerando implementar un código legal similar en todo el país mientras buscan reemplazar su código legal de la era colonial holandesa por uno basado en los principios indonesios. 

El código propuesto castigaría el sexo extramatrimonial con hasta un año de cárcel, las parejas no casadas que “viven juntas como marido y mujer” podrían ser encarceladas durante seis meses o enfrentarse a una multa de 710 dólares, mientras que cualquiera que promueva la anticoncepción a una persona menor de 18 años también podría enfrentarse a una multa.

El parlamento y el gobierno de Indonesia acordaron un borrador final del proyecto de ley de 628 artículos el miércoles y se espera que la Cámara de Representantes lo vote a finales de este mes.

Los cambios en la ley también se aplicarían a los extranjeros que visitan la nación, que alberga a alrededor de 260 millones de personas, incluidos importantes grupos minoritarios cristianos, hindúes y budistas.

El Instituto para la Reforma de la Justicia Penal, una ONG, dijo que millones de indonesios podrían quedar atrapados por las nuevas leyes. Hicieron mención a un estudio que indica que el 40% de las adolescentes indonesias tienen relaciones sexuales prematrimoniales. 

La ley también afecta a los homosexuales, ya que el matrimonio entre homosexuales no está reconocido en Indonesia.

El código establece penas de prisión para aquellos que cometan “actos obscenos”, definidos como la violación de normas de decencia y cortesía a través de la “lujuria o sexualidad” tanto para personas heterosexuales como homosexuales.

Las nuevas leyes también se aplicarán a los extranjeros. Sin embargo, frente a la pregunta de si los turistas en Indonesia podrían ser encarcelados por tener relaciones sexuales extramatrimoniales, Taufiqulhadi dijo: “No hay problema, siempre y cuando la gente no lo sepa”.

También habría un máximo de cuatro años de prisión para las mujeres que se sometan a un aborto, aplicable si no hay una emergencia médica o violación. El código introduce además multas para algunas personas que promueven la anticoncepción, y una pena de seis meses de prisión por discusiones no autorizadas sobre las “herramientas del aborto”.

El investigador principal de Human Rights Watch en Indonesia, Andreas Harsono, dijo que tal medida pondría en riesgo la vida de las mujeres. 

“Las disposiciones del proyecto de ley que censuran la información sobre la anticoncepción podrían retrasar el progreso que Indonesia ha logrado en los últimos años para reducir drásticamente las muertes maternas”, dijo Harsono. 

Insultar al gobierno y a las instituciones estatales también conlleva una pena de prisión que, según los activistas, podría tener un impacto en la libertad de prensa; una ley similar fue derogada por el Tribunal Constitucional en 2006.

En una declaración, Human Right Watch, dijo que de aprobarse las nuevas leyes “se violarían los derechos de libertad de expresión y la libertad de asociación. La capacidad de participar en el discurso político, incluso un discurso que propugna una ideología política pacífica que el gobierno no favorece, es el corazón del proceso democrático”.

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