Esta condena se les impondría como castigo, a través de la Fiscalía General, a los 115 acusados que tienen entre 16 y 20 años de edad, por ejercer el derecho a expresarse en las calles.

Los adolescentes cubanos que detuvieron los efectivos del régimen castrista por manifestarse el 11 de julio a favor de la libertad en la isla alcanzarán su adultez encarcelados. Saldrán casi dejando esta etapa, en caso de que la dictadura de Miguel Díaz-Canel —por medio de los juicios viciados— los sentencie por sedición esta semana.

Hasta tres décadas recluidos se les impondrá como castigo, a través de la Fiscalía General, a los 115 acusados que tienen entre 16 y 20 años de edad, por ejercer el derecho a expresarse en las calles. De ellos, 55 tienen solo entre 16 y 18 años, mientras que las otras 60 personas tienen entre 19 y 20 años.

Es probable que la tiranía de Miguel Díaz-Canel logre su cometido al ordenar cercos policiales y militares en los tribunales, restringir el acceso a un solo familiar por preso, impedir a las defensas presentar evidencias, usar testigos aliados con declaraciones contradictorias y acosar a todo aquel que divulgue lo que ocurre a puerta cerrada en las audiencias.

Desde Twitter, Díaz-Canel vocifera que “la Fiscalía actuará de conformidad con el encargo constitucional, en el marco de la legalidad, con apego al debido proceso, la protección de los intereses del Estado y el respeto al derecho de los ciudadanos”.

Creer en sus palabras resulta trabajoso cuando la instancia divulga en la misma red social que “la defensa de la patria socialista es el más grande honor y deber supremo de cualquier cubano”.

Una postura que dista en la práctica de lo que se prolifera, considerando que hoy hay niños que desfilan en los estrados de La Habana, Mayabeque y Matanzas por anhelar cambios y democracia en el país. Sin embargo, el régimen los vincula a desórdenes públicos, sabotajes, atentados, desacato y hasta ultraje sexual.

Un drama sin precedentes

Teresa Rodríguez es una de las madres cubanas que tiene a sus tres hijos detenidos. Ellos son: Emiyoslán, de 17 años, Mackyanis, de 24 años, y Yosney, de 25 años. El castrismo les impone 15, 20 y 25 años de cárcel, respectivamente, atribuyéndoles el delito de sedición. Emiyoslán y Yosney serán juzgados esta semana en La Habana.

Esta madre también ruega y clama compasión como Martha Perdomo, progenitora de Nadir y Jorge Martín Perdomo, dos hermanos detenidos en San José de las Lajas, Mayabeque. Para ellos se pide una condena de ocho y diez años de cárcel.

Más atención

Los casos son uno más dramático que otro, si además se enlista el de Walnier Aguilar, de 21 años, un discapacitado mental del barrio La Güinera —un área empobrecida y marginada del municipio Arroyo Naranjo— para quien piden 23 años de cárcel, por supuestamente actuar en contra de las fuerzas de seguridad del Estado. “El mundo no puede omitir esto” afirma el periodista Agustín Antonetti en Twitter.

Su petición es la misma del diputado español, Hermann Tertsch, quien en la última sesión de la Eurocámara reprochó al jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Joseph Borrell, su silencio sobre “las palizas de los niños en Cuba”.

Pocos ojos atentos

Los datos que existen sobre las detenciones, encarcelamientos y procesos judiciales provienen de organizaciones independientes, en especial de Justicia 11J y Cubalex. La primera surgió el mismo día que comenzaron las manifestaciones y la integran mujeres de distintos perfiles profesionales que trabajan de manera voluntaria. La segunda, formada por juristas, se dedicaba desde antes a denunciar violaciones de derechos humanos y asesorar, en materia legal, a víctimas de represión política.

Entre sus registros hay 1379 detenciones relacionadas con el estallido social. De la cifra, 727 siguen privados de libertad, mientras que 400 enfrentaron juicios sumarios y ordinarios. Hasta ahora solo nueve tienen causas que han sido resueltas con un sobreseimiento. Un reporte que coincide a medias con el balance que publica la Fiscalía en Granma. 

Esta semana —la tercera consecutiva de juicios— el artista y disidente Luis Manuel Otero Alcántara, en prisión preventiva desde que fue detenido en julio, emprendió una huelga de hambre y sed en protesta por los juicios políticos.  Como él, hay otros cuatro que esperan frenar la cadena de abusos de poder atada a una ideología menguada.

Gabriela Moreno – Panampost.com

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