El castigo que propone la Fiscalía federal es mucho menor al que reciben quienes conspiran para importar drogas ilegalmente, que es de 10 años tras las rejas.

En un memorando de sentencia publicado este jueves, el Departamento de Justicia de Estados Unidos sugirió que Emma Coronel Aispuro, la esposa del narcotraficante Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, reciba un castigo de cuatro años de prisión y una multa de 1.5 millones de dólares por participar en los negocios ilícitos de su marido. Su audiencia condenatoria será el próximo 30 de noviembre.

El gobierno afirmó que desde 2011, cuatro años después de su boda con ‘El Chapo’ en la sierra, y hasta la extradición de Guzmán en enero de 2017, ella “fue cómplice de las actividades de la organización de tráfico de drogas conocida como el Cartel de Sinaloa”.

Incluso cuando este narcotraficante se encontraba en una prisión estadounidense, Coronel Aispuro “se benefició de múltiples maneras a sabiendas de las ganancias de la actividad de tráfico de drogas de Guzmán” y “recibió apoyo monetario directo de Guzmán”, afirma el memorando, que pide asimismo que se le impongan cinco años de libertad supervisada como castigo.

“Además, la acusada vivía, poseía y controlaba residencias pagadas con los ingresos del tráfico de drogas de Guzmán, que incluían tanto propiedades residenciales como propiedades comerciales”, agrega el gobierno, precisando que ella obtenía ingresos alquilando dichos bienes.

Su abogada Mariel Colón Miró reveló hace unos días a Univision la estrategia legal con la cual intentan que reciba una condena menor a 10 años de prisión, el castigo mínimo obligatorio para quienes conspiran para distribuir drogas y lavar dinero.

Ese recurso jurídico conocido como ‘válvula de escape’ ( safety valve) beneficia a quienes no tienen antecedentes penales, no cometieron delitos violentos y se declararon culpables. Esta excepción a las leyes de sentencias mínimas obligatorias solo se aplica en casos relacionados con drogas y cuando los infractores representan una “amenaza menor” para la seguridad pública. Su objetivo es ahorrar dinero de los contribuyentes y reducir el hacinamiento en el sistema penitenciario estadounidense.

Por ahora, la pareja del exlíder del Cartel de Sinaloa continúa bajo un régimen de confinamiento solitario en una cárcel de Virginia, por el cual la obligan a estar en una celda 20 horas al día. Sus hijas gemelas nacidas en California, como ella, no la han visitado por las restricciones relacionadas con la pandemia.

El gobierno de Estados Unidos la acusa de tres cargos: conspiración para distribuir droga, conspiración para lavar dinero y violar las sanciones penales de la Ley Kingpin al participar en transacciones y tratos con los bienes de Guzmán, quien hace varios años fue fichado por el Departamento del Tesoro.

Patricia Chung – Miamidiario.com

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