La nación norteamericana prepara sanciones económicas contra El Salvador y la gestión de Nayib Bukele por medidas antidemocráticas del presidente salvadoreño

La pretensión de Nayib Bukele reelegirse como presidente en El Salvador mediante una maniobra judicial que contraría a la Constitución desencadenará la imposición de más sanciones económicas por parte de Estados Unidos. Esta medida de presión a la que acude la Administración demócrata viene acompañada de la revocación de visas a funcionarios que facilitaron la disposición a quienes promueven acuerdos entre este gobierno centroamericano y las pandillas para reducir los homicidios.

Diputados, magistrados y ministros están en la mira de Joe Biden y los demócratas de la Cámara baja del Congreso. La razón de ello son los “exabruptos antidemocráticos” del mandatario salvadoreño, quien vocifera su deseo de mantenerse en el poder pese a que la Carta Magna vigente prohíbe periodos consecutivos, en resguardo de la alternancia.

Washington apretará las relaciones bilaterales para impedir una violación a la Constitución. Para ello, hará uso de un “ramillete de opciones para ejercer presión sobre Bukele”, aseguró Infobae.

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Para la Casa Blanca, Bukele “tiene que responder” por la decisión de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia —cuyos cinco magistrados designó en mayo la Asamblea Nacional donde su partido Nuevas Ideas tiene mayoría— que le permitirá participar en los comicios de 2024.

El centro de atención

“Bukele y El Salvador están en el centro de atención por ahora y eso es decir bastante en una región donde al lado está Juan Orlando Hernández (el presidente de Honduras acusado por el Departamento de Justicia como cómplice de narcotráfico)”, apuntó el medio digital.

De esta afirmación no quedan dudas, sobre todo cuando los focos están encendidos e incluyen un monitoreo sigiloso a la gestión a través de un grupo especial de tarea integrado por agentes del Departamento de Estado, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y la Administración de Control de Drogas​ (DEA). Esta triada tiene seis meses colectando información sobre las reuniones ocultas entre líderes de la pandilla Mara Salvatrucha y funcionarios de Bukele, como es el caso del director de prisiones Osiris Luna.

Significa que desde marzo, al menos, agentes judiciales y policiales estadounidenses registran testimonios sobre el pacto pandillero de Bukele, así como las reuniones de los funcionarios de su despacho con los líderes encarcelados y las autorizaciones de salidas de los jefes de pandillas de las prisiones tras la destitución del Fiscal, Raúl Melara, por el parlamento bukelista. Este mismo organismo frustró la disposición de los tribunales estadounidenses —uno en California y otro en Nueva York— de extraditar a 13 miembros de la pandilla acusados de terrorismo, entre diciembre de 2020 y enero de 2021.

Todo cambió

El endurecimiento de la Casa Blanca deja en el pasado los lazos con Bukele. Como anécdota queda ahora no solo su viaje a Washington en 2019 —poco después de ganar la presidencia— para visitar las oficinas del Congreso, de la administración del entonces presidente Donald Trump sino su discurso en la Fundación Heritage donde habló de la democracia, el combate a la corrupción y condenó a los regímenes de Nicolás Maduro en Venezuela al igual que el de Daniel Ortega en Nicaragua. De hecho, en aquel entonces tildó de poco transparentes las relaciones diplomáticas de El Salvador con China.

Sus visitas a Pekín, donde recibió todos los honores y hasta un doctorado honoris causa dan cuenta del giro de su política exterior. Esta maniobra de Bukele sepultó sus relaciones con el exembajador estadounidense, Ronald Johnson, un coronel asignado al Comando Sur con quien compartió encuentros familiares, mientras toreaba las tormentas que en Washington provocaban los informes sobre sus tratos con las pandillas.

Si bien en El Salvador, el deterioro democrático no comenzó en la gestión de Nayib Bukele, bajo su mando, en dos años, se acelera considerablemente. El bloqueo de información y la toma de instituciones de control a la gestión pública transcurren con su agresividad y la de sus funcionarios hacia cualquier crítico, opositor o periodista.

Así el presente de Bukele anuncia mal tiempo. Ya Washington incluyó a cinco funcionarios en la llamada Lista Engel, elaborada por el Departamento de Estado para nombrar a funcionarios señalados por actos de corrupción o crímenes y la promesa es seguir ante el abismo autoritario que se abre espacio.

Gabriela Moreno – Panampost.com