Redacción Bles- El juez J. Campbell Barker, del Tribunal de Distrito de EE. UU. para Texas, encontró inconstitucional que el gobierno federal imponga una moratoria al pago de los arrendamientos, dado que no existen antecedentes de una acción como esta en el país.

Recientemente la administración Biden prorrogó hasta marzo la moratoria que impide desalojar a los inquilinos que no pagan, disposición que fue demandada por un grupo de propietarios afectados en Texas, según Newsweek del 25 de febrero. 

“Aunque la pandemia del COVID-19 [virus PCCh] persiste, también lo hace la Constitución”, escribió Barker, agregando: “Declarar el alcance del poder constitucional es, por lo tanto, un alivio apropiado”.

Asimismo, Barker proyectó al futuro las atribuciones que se tomó el gobierno federal para emitir este mandato y consideró que sería un “poder policial federal prohibido” y podría seguir siendo usado para impedir los desalojos en cualquier momento posterior. 

La orden impuesta por el gobierno federal se clasifica como violación al derecho de la propiedad privada, por la Southeastern Legal Foundation (SLF), entidad que fue empoderada por los demandantes en este caso.

“La orden del tribunal de hoy que retiene la interferencia de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por la sigla en inglés) con los derechos de propiedad privada bajo el velo de la COVID-19, sirve como aviso a la administración Biden de que la Constitución limita el poder del gobierno”, según Kimberly Hermann, consejera de SLF.

De acuerdo con los observadores la pandemia del virus PCCh (Partido Comunista de China) propició que los gobiernos se extralimitaran en las atribuciones concedidas por los electores, en perjuicio de estos.

Muchas de las disposiciones impuestas en este sentido siguen afectando seriamente la economía del país, en especial a los pequeños empresarios.

Una investigación reciente señala que la crisis actual pone en grave riesgo de quiebra a unos 13,9 millones de pequeños negocios del país antes del 1.° de abril, advierte la agrupación de pequeñas empresas de Estados Unidos, conocida como Alignable.

Más grave aún, las políticas progresistas de la nueva administración demócrata, tienden a aumentar el gasto público e imponer un aumento en el salario mínimo de casi el 50%, lo que significará un aumento de impuestos y de costos salariales de las empresas.

Estos efectos son contrarios a lo que necesitan las PYME en este momento para poder sobrevivir a la crisis.

Por otro lado, las políticas energéticas impuestas por las órdenes ejecutivas del presidente, Joe Biden, apuntan a reducir la producción de petróleo, lo que ya está provocando un inevitable aumento del precio de los combustibles, con efectos inflacionarios. Esto implica otro gran traspié para el pequeño productor.

José Hermosa – BLes.com