Telefónica de Argentina se presentó ante un juzgado para pedir la inconstitucionalidad del decreto de Alberto Fernández, pero el reclamo fue rechazado por una justicia cómplice.

La pugna por el decreto de necesidad y urgencia que estableció a las telecomunicaciones e Internet como “servicios públicos” suma un nuevo episodio. Esta vez, se trata de un revés para las compañías prestadoras, dado que un juzgado rechazó sus reclamos y avaló la vigencia del DNU.

La titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal n° 5, María Alejandra Biotti, rechazó el pedido cautelar solicitado por las firmas Telefónica de Argentina S. A. y Telefónica Mó­viles Argentina S. A. El grupo español quería que se declarase nulo e inconstitucional el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 690/20 y de tres resoluciones del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom).

En este caso, Telefónica pidió además la inconstitucionalidad del artículo 14 de la ley 26.122 de “régimen legal de los Decretos de Necesidad y Urgencia, de delegación legislativa y de promulgación parcial de leyes”.

A través del polémico DNU, el presidente Alberto Fernández había declarado como servicios públicos esenciales a los servicios de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), además del acceso a las redes de telecomunicaciones para y entre licenciatarios y licenciatarias de servicios TIC.

La norma del Gobierno fue pronto cuestionada en distintos tribunales por las distintas empresas prestadoras de servicios, con resultados varios, a favor y en contra del DNU. De esta forma, es esperable que, tarde o temprano, la cuestión escale hasta la Corte Suprema.

Por qué se rechazó el reclamo de Telefónica

La jueza Biotti indicó que en la demanda no se cumple con la acreditación de la existencia de un daño que pudiera producirse du­rante el transcurso de la causa que torne la decisión a tomar como de imposible cumplimiento, por lo que no considera cumplido el peligro en la demora.

En este sentido, la magistrada indicó que el asunto excede ostensiblemente el instituto cautelar, ya que las cuestiones planteadas (in­constitucionalidad y arbitrariedad) importarían necesariamente avanzar sobre la cuestión de fondo.

Asimismo, Biotti resaltó que la declaración de inconstitucionalidad de una norma es un acto de suma gravedad institucional que debe ser visto como ultima ratio del ordenamiento jurídico y que, además, debe recordarse la presunción de legitimidad del que gozan los actos administrativos y las leyes cuando fueron dictados de acuerdo con los mecanismos previstos en la Constitución Nacional.

Acera del trámite que sigue el DNU, la jueza informó que el mismo fue ratificado por la Comisión Bicameral Permanente y por el Honorable Senado de la Nación, quedando solamente pendiente que se expida la Honorable Cámara de Diputados, ya sea mediante su aprobación o rechazo.

Fuente: Derechadiario.com.ar