Durante los 8 años que transcurrieron, de reparación  de media vida del submarino S-42 ARA San Juan,  en el Complejo Industrial y Naval Argentino, entre los años 2007 y 2015, pudo haberse configurado  el delito de asociación ilegal entre los vinculados por la contratación a ser ejecutada.

Tales han sido las pretensiones alegadas en la denuncia  judicial interpuesta por Elisa Carrió, Juan Manuel López, Luis Petri y Juan Calandri según un mensaje vía Twitter de Marina Zuvic, quien también conforma la comisión denunciante de diputados.

En desarrollo de la denuncia la Justicia allanó las oficinas de la Armada, lo mismo que las oficinas de Tandanor y Ferrostaal, firmas a la cuales les fue adjudicada la responsabilidad de efectuar la restauración de la nave submarina. La Justicia busca toda la información documental de la cual pueda desprenderse cualquier irregularidad contractual que pueda obrar en contra de los denunciados.

El diario argentino Clarín informa que la denuncia alude igualmente a las actuaciones de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) con respecto a la ejecución física y financiera llevada a cabo sobre la Reparación Media Vida Submarino S-42 ARA San Juan desaparecido en el océano el mes pasado, cobrando la vida de la tripulación completa.

Las autoridades comprometidas han sido funcionarioa del Ministerio de Defensa, ejecutivos del Complejo Industrial y Naval Argentino (Cinar) –astilleros Tandanor y Almirante Storni, tal como lo expreso mediante comunicado escrito la denunciante Elisa Carrió.

Fuentes de la investigación informaron a La Nación que secuestraron varios expedientes y documentos en el edificio de la Armada. El material reunido será ahora analizado para determinar si hubo falencias en la tramitación de los expedientes y en las contrataciones.