Con el fallo de la justicia chavista que suspende la proclamación en el estado gobernado por la familia de Hugo Chávez desde 1999 e inhabilita al candidato opositor Freddy Superlano, que reclama la victoria, el régimen deja claro que los límites a la cohabitación se ponen desde Miraflores
“No importa quién vota, sino quién cuenta los votos”. A la célebre frase atribuida al dictador soviético Iósif Stalin, en Venezuela habría que agregarle el peso de quiénes dominan la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Se trata del órgano que la dictadura chavista utiliza con total descaro para torcer la voluntad popular cuando los resultados de una elección no le favorecen, y la decisión de este lunes sobre el recuento de votos en el estado Barinas así lo confirma. Es la tercera vez que el régimen aplica la misma maniobra. Por lo tanto, los opositores que se prestaron para la farsa electoral del pasado 21 de noviembre sabían que no estaban participando en unos comicios democráticos.
Una semana ha tomado sumar tres actas faltantes para proclamar al gobernador del estado Barinas, pese a que el régimen presume de contar con un sistema automatizado de votación y escrutinio que debió haber ofrecido resultados en tiempo récord. Y cuando la Junta Nacional Electoral designó a la comisión ad hoc encargada de totalizar dichas actas para finalmente anunciar al ganador este lunes, la Sala Electoral del TSJ chavista ordenó al Consejo Nacional Electoral (CNE) suspender la totalización, adjudicación y proclamación, en un claro arrebato tiránico.
El candidato opositor Freddy Superlano –que se declara ganador por 4000 votos de ventaja– tildó de “irresponsable” al organismo electoral, que la noche del 21 de noviembre pintó de rojo el mapa del estado natal del fallecido Hugo Chávez, atribuyéndole la victoria a su hermano, Argenis Chávez, con una diferencia inferior a 1 % (620 votos) cuando aún faltaba sumar más de 10 % de las actas. La estocada del brazo judicial del régimen no hace más que darle la razón.
No es la primera vez que la Sala Electoral del TSJ entra en acción para frenar el avance opositor conseguido en las urnas. El caso más destacado es sin duda el de los tres diputados que la coalición opositora consiguió en el estado Amazonas en las elecciones parlamentarias de 2015, y cuya proclamación fue suspendida por el máximo tribunal chavista para evitar que la oposición alcanzara la mayoría calificada con la que podía designar al fiscal, procurador, rectores electorales, jueces, magistrados del TSJ y hasta convocar a una constituyente.
Con esta jugada, el régimen puso a los partidos opositores a elegir entre renunciar a la súper mayoría o desafiar la decisión judicial y asumir las consecuencias. Tras haber optado por la segunda opción, el chavismo puso en marcha la segunda fase del plan: declarar írritas todas las decisiones de la Asamblea Nacional por el supuesto desacato al Tribunal Supremo. De esta manera, Nicolás Maduro neutralizó al Poder Legislativo que quedaba en manos de sus adversarios. La maniobra política para la que se prestó la Sala Electoral de TSJ fue tan evidente que nunca resolvió la impugnación de los diputados suspendidos ni llamó a repetir las elecciones.
El límite de la cohabitación
La situación que hoy vive el estado Barinas se asemeja a la que se presentó en las elecciones regionales de 2017 en el estado Bolivar. El supuesto ganador, el chavista Justo Noguera, fue el último que el CNE dio a conocer en los comicios de hace cuatro años, también con un estrecho margen. El candidato opositor Andrés Velásquez impugnó los resultados, pues afirmaba que contaba con las actas que demostraban que los números lo favorecían. El recurso de impugnación fue aceptado pero tal como ocurrió con el caso de los diputados de Amazonas, nunca hubo respuesta.
Estos tres casos demuestran que el régimen decide hasta donde llega el límite de la cohabitación. Participar en elecciones sin garantías de transparencia y democracia, le ha permitido a la oposición ganar algunas parcelas de poder que –bajo protesta y desmantelando espacios– la dictadura cede, siempre y cuando no pongan en riesgo sus negocios y su permanencia en Miraflores.
Fue así como el chavismo bloqueó con maniobras judiciales a la Asamblea Nacional en 2015, puesto que con una mayoría calificada opositora perdía el control de las instituciones. Tampoco se podía permitir perder en 2017 el estado Bolivar porque es allí donde se encuentra el arco minero de donde extrae una inmensa cantidad de recursos. Y este año, en la repartición de espacios, evidentemente no estaba contemplado ceder Barinas por la gran importancia simbólica que tiene para el chavismo este estado, no solamente porque representa la cuna de la revolución sino porque además constituye la cuota de poder de la familia Chávez, que desde 1999 ha impuesto una hegemonía, primero con Hugo de los Reyes Chávez (padre de Hugo Chávez), luego con Adán Chávez (hermano) y ahora con Argenis Chávez (hermano), quien daba por asegurada la reelección.
Un «alacrán» hace la jugada
Uno de los llamados “alacranes” que integró el grupo de diputados del periodo 2015-2019 que apoyó la ilegítima juramentación de Luis Parra como presidente del parlamento para intentar deponer a Juan Guaidó fue la ficha del chavismo en esta oportunidad. Se trata de Adolfo Superlano, quien interpuso el viernes una acción de amparo constitucional “por presunta violación de los derechos constitucionales a la participación y al sufragio”, previstos en la Constitución y ante “el clima de tensión entre militancias políticas”, aludiendo también a una inhabilitación del candidato opositor Freddy Superlano por parte de la Contraloría General de la República.
Adolfo Superlano tiene un pasado reciente bastante turbio. En 2019 integró la comisión de los “alacranes” que viajó en secreto a Colombia y Europa a defender a Álex Saab, el testaferro de Maduro, preso en Estados Unidos por lavado de dinero.
Pateando la mesa
Al declarar procedente el recurso interpuesto por Adolfo Superlano, la Sala Electoral del TSJ activa nuevamente la inhabilitación política contra el candidato Freddy Superlano, quien formaba parte del grupo de 27 aspirantes a cargos de elección popular que el régimen había pedido habilitar para que hicieran comparsa a sus comicios amañados, de acuerdo con lo acordado en la mesa de negociación en México. De esta manera, la dictadura patea la mesa al incumplir los acuerdos. ¿Alguien se sorprende?
En su intento por convencer a los opositores de participar en las elecciones del 21 de noviembre y a la comunidad internacional de su supuesto carácter democrático, Nicolás Maduro aseguró en junio que dejaría gobernar a quienes resultaran electos y renunciaría a las figuras de “protectores del pueblo” –cargos paralelos que ha usado para quitar poder y recursos a gobernadores opositores–, pero en apenas una semana sus palabras se las ha llevado el viento.
Cargos de adorno
Además de esta maniobra judicial para evitar la eventual proclamación del candidato opositor en Barinas, ya el régimen despojó al estado Zulia –ganado por el opositor Manuel Rosales– de las atribuciones para administrar los peajes y el puente sobre el Lago de Maracaibo. Adicionalmente, la policía política arrestó por unas horas al alcalde opositor electo en el municipio Canagua del estado Mérida, Omar Fernández, alegando un presunto ataque a una emisora comunitaria. La medida contra Freddy Superlano en el estado Barinas abre además el camino para la persecución judicial contra él y contra otros opositores a quienes la dictadura decida inhabilitar nuevamente apegándose a este recurso.
En apenas una semana se ha demostrado nuevamente que el régimen se vale de todas las artimañas a su disposición para hacer su voluntad y que el límite de la cohabitación se pone desde Miraflores. Por ingenuidad, complicidad, o ambas, la oposición parece no entender que en dictadura se vota pero no se elige. Y nadie duda que en 2024 se repetirá la historia.
José Gregorio Martínez – Panampost.com
