La promesa de Maduro de renunciar a los “protectores” que ha venido designando como gobiernos paralelos en estados y municipios donde gana la oposición no es más que un engaño a dos semanas de la llegada al país de una comisión de la Unión Europea

Nicolás Maduro cree que “lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor” –así con énfasis lo dijo– es que quien gane las elecciones regionales del 21 de noviembre gobierne sin la presencia de los “protectores del pueblo” que él designa desde Miraflores desde 2013 en las regiones y municipios donde pierde los comicios. Una confesión sin disimulo, pero en la práctica un engaño más.

Cumplir la ley es su nueva promesa a la oposición en medio del proceso de negociación que adelanta con las distintas fuerzas que lo adversan, entre ellas, la liderada por el mandatario interino Juan Guaidó, que está en fase pendular, así como la encabezada por Henrique Capriles. La pregunta es: ¿está admitiendo entonces que antes no cumplía la ley?

“Vamos a elecciones el 21 de noviembre y que gane el que presente el mejor programa, la mejor candidatura, quien movilice el pueblo a su favor. La oposición ojalá logre la unificación de sus fuerzas porque nosotros queremos salir a batallar con esa oposición unida y que gane quien tenga que ganar”.

A juicio de Maduro, todos los partidos deberían «abrir sus compuertas» para dar derecho, tanto a militantes como a dirigentes de base, de ejercer el poder al postular a sus candidatos para las denominadas «megaelecciones».

Pero se trata de otros comicios convocados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) designado de forma irregular por la Asamblea Nacional chavista, no reconocida por gran parte de la comunidad internacional y que el propio Juan Guaidó llamó a desconocer en una consulta popular.

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Una medida aparente

El anuncio de Maduro es una maniobra. Lo lanza dos semanas antes de la llegada de una comisión de al menos siete miembros de la Unión Europea que visitará el país para evaluar las condiciones políticas para las elecciones.

Roberto Picón, rector principal del ente, designado por la Asamblea Nacional chavista, admite que las condiciones electorales aún no son suficientes. El desafío es épico en una nación donde el fraude comicial es la norma.

El exgobernador del estado Miranda, Henrique Capriles Radonski, negó hace una semana que tuviera aspiraciones electorales en una entrevista con Bloomberg. Hasta entonces, dijo que no tenía intenciones de inscribir su nombre como candidato, alegando que se encuentra inhabilitado. Ahora, en un escenario en el que el régimen decida incluir el levantamiento de las inhabilitaciones políticas en su lista de «concesiones bondadosas», muy probablemente cambie de opinión.

Otros que podrían verse seducidos por la posibilidad de recuperar pequeñas parcelas de poder que les permita seguir cohabitando con el régimen son Leopoldo López, Pablo Pérez, Manuel Rosales, Ramón Muchacho, incluso Juan Guaidó, inhabilitado desde 2019 por un período de 15 años.

Figura de perversión

El giro de Maduro es contradictorio cuando los gobiernos paralelos son obra suya y de su «padre político», Hugo Chávez. En su historial tiene cinco designaciones de esta naturaleza. En 2017 nombró a cuatro excandidatos oficialistas a gobernadores derrotados en las elecciones regionales del 15 de octubre de 2017 como nuevos «protectores» de las entidades ganadas por la oposición.

No le bastaron las 18 gobernaciones obtenidas. Por eso, ordenó que en Zulia, Mérida, Anzoátegui y Nueva Esparta se instalara esta figura para “no dejar al pueblo ‘al garete’”, cuando en realidad era para no dejar gobernar al opositor electo democráticamente.

Francisco Arias Cárdenas, Jehyson Guzmán, el fallecido Aristóbulo Istúriz y Carlos Mata Figueroa acataron la misma disposición que desde 2013 tenía al exministro de relaciones exteriores, Elías Jaua, encabezando un gobierno paralelo llamado “CorpoMiranda” en el estado donde Henrique Capriles era la autoridad.

Las diferencias presupuestarias acentuaron las rivalidades. Capriles, en aquel momento, acusó al régimen de otorgar más fondos estatales a Jaua que a su despacho. Así fue. La Constitución establece que el 20 % del presupuesto anual del Estado debe asignarse a las gobernaciones por concepto de  situado constitucional, pero estos recursos los desvió Maduro al «protector».

De esa manera se fracturó la descentralización porque la administración de los aeropuertos, puertos y peajes de carreteras de varias gobernaciones pasaron al control central.

La Alcaldía Metropolitana de Caracas, el nefasto experimento a otro nivel

Hugo Chávez lo propició cuando despojó a la Alcaldía Metropolitana de Caracas del 99,5 % de sus competencias y recursos, en una maniobra antidemocrática para eliminar de facto el Distrito Metropolitano cuando el opositor Antonio Ledezma ganó las elecciones en 2009.

Chávez creó el Distrito Capital en sustitución del antiguo Distrito Federal, pero como una dependencia designada y financiada por la Presidencia, para de esta manera mantener el control de Caracas y desconocer la figura del alcalde mayor que acababa de quedar en manos de la oposición tras participar en las elecciones.

En ese momento Chávez puso a dedo a Jaqueline Faria en el nuevo cargo para opacar y prácticamente eliminar a Ledezma como alcalde metropolitano. Con la esperanza de arrebatarle a la oposición la Alcaldía Metropolitana mediante el voto, el oficialismo apostó por el periodista Ernesto Villegas como candidato en los comicios de 2014, pero Ledezma volvió a derrotar al abanderado del régimen.

Con Maduro en Miraflores parece que la derrota en Caracas fue más difícil de digerir. No conforme con haber dejado a Ledezma sin funciones, sin recursos y hasta sin oficina, el heredero de Chávez optó por encarcelar al alcalde metropolitano, acusándolo de una supuesta conspiración, y posteriormente se quitó el dolor de cabeza de la Alcaldía Metropolitana eliminando este órgano político-administrativo a través de la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente.

Los beneficios para el régimen de una institucionalidad elástica

Esas designaciones son evidencia de la institucionalidad elástica y cambiante que surge de la tensión permanente entre la necesidad de inmediatez por parte del chavismo y la aspiración de perdurabilidad de su sistema mediante la construcción deliberada de estructuras significativamente embrionarias, excepcionales, volubles y experimentales para la ejecución de políticas consideradas fundamentales para su avance y sostenimiento de un régimen que no ha hecho más que hundir en la miseria al país que por décadas fue el más próspero de la región.

Hay que entenderlo así para además comprender que es una práctica arraigada a la que el régimen no renunciarán tan fácil, menos cuando le otorga flexibilidad operativa y margen de maniobra en la administración de recursos.

Que la oposición le crea es cuestión de miopía porque el despliegue gubernamental basado en la institucionalidad paralela le ha permitido perseguir propósitos considerados que abarcan aspectos socio-económicos como las misiones, provisión de servicios esenciales y geopolíticos a través de la proliferación de consejos comunales para lograr el Estado comunal, así como de seguridad y defensa mediante dispositivos como la Milicia Bolivariana, según precisa un estudio de la Universidad del Rosario.

Bajo el amparo de esta figura, se reevalúan las lealtades políticas, se generan nuevas lógicas de interdependencia que involucran a la cúpula chavista y diversas capas de la sociedad, se modifican las estrategias del estamento militar y se han fortalecido plataformas de organización social porque la  institucionalidad paralela es un fenómeno orgánico que supone la interacción de una multiplicidad de actores para el sostenimiento electoral desde Chávez a Maduro, el fortalecimiento del clientelismo demandante, y el incremento del control sobre amplios sectores de la sociedad. Más nítido, ni un cristal. ¿Alguien cree que el régimen realmente va a renunciar a todo esto?

Gabriela Moreno – Panampost.com