Mientras la ideología busca imponerse en el léxico y se pierde tiempo renombrando, por ejemplo, al Día del Niño, insistiendo en hablar de la niñez, de las infancias y tratando de sesgar ideológicamente hasta la más simple denominación, este domingo hubo millones de niños que no pudieron festejar como merecen su día.

Según el Observatorio de la Deuda Social de la UCA ya son siete de cada diez menores de 17 años los que viven en hogares pobres. Y en esta dolorosa realidad hay que destacar que dos millones de ellos viven en la indigencia. En este caótico escenario socio-económico, se agrega la situación de la pandemia que desnudó la falta de políticas en materia educativa. Sobre este aspecto, el informe de Unicef Argentina dio a conocer que el 22% de los chicos que dejaron el colegio por la pandemia no lo retomaron.

La situación es alarmante.

¿Cuántos niños habrán tenido este año un “feliz día”? ¿Qué decisiones tomó el gobierno hasta ahora?

En primer lugar, con el acuerdo de la oposición, nombró después de catorce años de espera a la Defensora de los Niños, Niñas y Adolescentes, figura que hubiese sido fundamental en un año como el 2020 cuando se aprobó la ley del descarte selectivo de niños en el vientre materno en el Senado nacional.

Sobre sus deberes y obligaciones, vale destacar que la Convención sobre los Derechos del Niños resalta en su preámbulo que “el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidado especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento”. Pero como el sesgo ideológico está presente en todos lados, la propia Marisa Graham, Defensora del Niño ha sido una férrea militante histórica de la legalización del aborto.

Eso ha llevado a reglamentar la Ley del aborto 27.610 para reafirmar que en nuestro país se puedan descartar niños por deseos o más tristemente combatir la pobreza eliminando a los niños pobres, esos que bajo los argumentos “verdes” merecen ser abortados porque ¿para qué permitirles vivir si van a vivir en la pobreza?

Y allí aparece la segunda incoherencia estatal, puesto que en la última semana el gobierno también ha decidido reglamentar la postergada Ley Nro. 27.611, la de “los 1000 días”, que aprobó para los niños -cruelmente así llamados durante todo el debate de aborto- “deseados”.

El Dr. Pablo de la Torre, Secretario de Infancia y Familia del municipio bonaerense San Miguel, advirtió la incoherencia de nuestra legislación actual y las principales falencias de la norma: “La experiencia ha demostrado que si bien el régimen de asignaciones familiares es necesario, ni siquiera se aproxima a ofrecer una solución eficaz y duradera para la restitución de los derechos vulnerados de la primera infancia y la familia. Muy por el contrario, genera una dependencia de los recursos estatales que resulta dañina para los principios de autonomía, autodeterminación y desarrollo de un proyecto de vida personal y familiar”.

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El municipio de San Miguel es un faro para abordar este difícil escenario de la niñez en Argentina. La política pública del municipio busca justamente correrse del paradigma asistencialista para instalar un motor de autogestión en cada familia, a través del desarrollo pleno del potencial de cada niño y el cuidado integral de su salud, así como mediante programas destinados a sus madres que promueven su autoestima y capacitaciones en oficios con salida laboral.

La reglamentación de la “Ley Nacional de atención y cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia” presenta la primera incoherencia en las definiciones, al establecer que la primera infancia se aborda desde “el nacimiento”, excluyendo políticas públicas realmente efectivas como “El camino de la embarazada” y los controles prenatales que atienden la infancia desde la concepción y la salud de las mujeres combatiendo la mortalidad materno-infantil.

Esto es lo que resaltó el análisis comentado del Dr. Lafferriere al explicar que, tras la aprobación de la ley de aborto y la ley de los 1000 días, la misma realidad biológica, los seres humanos concebidos por nacer, pueden recibir distintos tratamientos según sean deseados o no. Hoy vemos reflejado en el último Boletín Oficial con sus respectivos decretos reglamentarios que mientras los niños deseados tienen derecho a vivir, a recibir alimentos, a recibir ayudas sociales, a ser reconocidos, a su identidad, a recibir atención médica, a heredar; los no deseados pueden ser descartados hasta el instante anterior a su nacimiento casi por cualquier motivo.

Los niños están en peligro. Las políticas públicas efectivas para protegerlos han sido postergadas generando una discriminación y contradicción en un contexto en donde más que nunca necesitan seguridad jurídica y compromiso estatal porque en Argentina muchos niños no podrán nacer y muchos otros hoy tienen hambre, y la clase dirigente se está acostumbrando a repetirlo sin hacer nada para cambiarlo.

Ana Belén Marmora – Altmedia.com.ar

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