La construcción de una narrativa diferente a cómo los hechos ocurrieron, es una de las nuevas características de los nuevos caudillos que han reemplazado el realismo mágico del siglo XIX por una ficción grotesca y chabacana

Desde los antiguos griegos, la filosofía política ha entendido que un Estado debiera ser el resultado de una asociación de personas que quiere organizar su vida comunitaria en torno a objetivos comunes de progreso, justicia, orden, reglas comunes y prosperidad. No es el caso de los populismos latinoamericanos, donde los que transformaron muchos Estados en un infierno son los mismos que ofrecieron hacer de éstos un paraíso.

La construcción de una narrativa diferente a cómo los hechos ocurrieron, es una de las nuevas características de los nuevos caudillos que han reemplazado el realismo mágico del siglo XIX por una ficción grotesca y chabacana inaugurada por Hugo Chávez y sus discípulos Maduro, los Kirchner, Evo Morales, AMLO, Fernández, Ortega, que comparten no sólo visiones ideológicas comunes, sino un cierto aire de matones de barrio o de milicianos fascistas.

Por vía de consecuencia, describir la realidad es mucho más difícil en esos países donde los hechos simplemente no coinciden con la retórica del poder. Es el caso del empeño del gobierno de Bolivia en responder con narrativas falsas a los recientes pronunciamientos internacionales que contradicen el discurso oficial. La Unión Europea, como mediadora en la crisis política del año 2019, ha recordado que no hubo golpe de Estado sino una transición constitucional. Por su parte, la OEA ha ratificado que hubo una manipulación dolosa de las elecciones.

Acto seguido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha determinado que la reelección indefinida no es un derecho humano y que el Tribunal Constitucional carecía de competencia para interpretar la Convención Americana de Derechos Humanos. En consecuencia, la evidencia jurídica es que Evo Morales fue un candidato inconstitucional el año 2019, y que la justicia está al servicio del poder de turno.

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Finalmente, hace pocos días el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI) acaba de entregar un extenso informe sobre violaciones a los derechos humanos en las ultimas dos gestiones de gobierno. Cabe recordar que el GIEI se origina en una solicitud del gobierno de Jeanine Añez que el 12 de diciembre de 2019 suscribió un acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para el envío de una misión “genuinamente independiente“ que investigue “el origen de los hechos de violencia sucedidos entre septiembre y diciembre de 2019, incluyendo las protestas pacíficas ciudadanas originadas en el fraude electoral“.

El resultado de ese informe, muy a pesar del inexplicable traspié de los expertos del GIEI y de la CIDH de haber permitido, que el evento de entrega de los resultados de su investigación se convierta en un mitin político del presidente Arce y que se manipule selectiva y arbitrariamente el informe del GIEI, constituye una importante referencia para que algún día una justicia independiente en Bolivia establezca las responsabilidades individuales de actores estatales o que actuaron al amparo del Estado en los sucesos de violencia, muertes, incendios y ataques a protestas pacíficas el año 2009.
El extenso documento del GIEI registra parte de los diversos hechos de violencia que se originan en los intentos de Evo Morales de desconocer el referéndum constitucional del 21 de febrero de 2016 que rechazó una reforma de la Constitución para permitir su reelección indefinida. Extrañamente el GIEI , un grupo creado por la propia OEA, omite reconocer con claridad a la validez de la auditoria electoral vinculante de la organización, realizada a pedido del gobierno boliviano por más de 50 expertos, peritos forenses y auditores electorales de 18 países, la cuál determinó que hubo una manipulación dolosa de las elecciones de 2019.

Sin embargo, algo importante del informe fue que el GIEI, en coincidencia con declaraciones del secretario general de la OEA, Luis Almagro, reconoció que en Bolivia la justicia está al servicio del poder y que el uso ilegal y arbitrario de la detención preventiva es algo que se debe remediar. Un ejemplo de ese extremo abuso de la justicia como instrumento de represión de los gobiernos autoritarios latinoamericanos, es el de la expresidente constitucional de Bolivia, Jeanine Añez y de su ministro de Justicia. La expresidente, detenida arbitraria e ilegalmente hace 6 meses, acusada de un golpe que sólo existe en los delirios del gobierno, está sometida a torturas y tratos degradantes que están poniendo en grave peligro su vida. Ella y el exministro de Justicia son victimas de una venganza política de Evo Morales y se les han violado sus derechos a la presunción de inocencia, a un juicio justo y a un debido proceso. En Bolivia, una muestra de la suplantación de la verdad es que los únicos golpes a la democracia los dio Evo Morales cuando desconoció un referéndum que le negó su reelección; cuando se presento inconstitucionalmente como candidato y cuando cometió una manipulación dolosa de las elecciones presidenciales de 2019.

En esa perspectiva y ahí radica la lección moral más amplia de las advertencias internacionales al presidente boliviano, es que todas coinciden en solicitarle que recupere la institucionalidad democrática en el país, cumpla con las recomendaciones del GIEI y las de la Unión Europea y la OEA, y lleve adelante una verdadera reforma judicial que permita al país contar con jueces y fiscales independientes y probos y busque un acuerdo nacional de pacificación y reencuentro de los bolivianos para cerrar las heridas y acabar con la fragmentación que impiden que el gobierno dedique sus esfuerzos a superar la crisis económica, educativa, sanitaria y judicial en estos días de gran resentimiento y de pocos valores humanos.

Jaime Aparicio Otero – Panampost.com

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