Redacción BLes – El gobierno de indonesia ha amenazado con tomar duras medidas contra sus propios ciudadanos mientras se nieguen a aceptar la vacuna contra el virus del PCCh (Partido Comunista chino) conocido también como COVID-19. Frente a la pandemia, la nación que figura como una de las más pobladas en el mundo ha implementado una de las campañas más agresivas.

Reuters informó que en la capital de Indonesia, Yakarta, los residentes se ven en la obligación de pagar multas de hasta cinco millones de rupias, lo que equivale a unos 360 dólares, para quienes no estén dispuestos a inyectarse la dosis como en cumplimiento con las nuevas regulaciones sobre la vacunación obligatoria.

Además de recibir multas, quienes no se sometan al plan de vacunación también podrían perder los beneficios de la ayuda social. Según el gobernador de Yakarta, Ahmad Riza Patria, las autoridades solo estaban haciendo un seguimiento a las normativas, indicando que las sanciones estaban pensadas como ‘último recurso’ para vacunar a la población.

 “Si lo rechazas, hay dos cosas, no se dará ayuda social, (y habrá una) multa”, dijo el gobernador de Yakarta a la prensa.

Indonesia está lidiando con uno de los brotes más persistentes del virus en Asia y hasta ahora planea inocular a 181.5 millones de sus 270 millones de habitantes en un plazo de 15 meses en el marco del programa de vacunación que comenzó el mes pasado.

Según Reuters, actualmente la capital de Indonesia representa una cuarta parte de los más de 1.2 millones de infectados que tiene el país. En el mes de enero, las autoridades informaron sobre la elevada tasa por contagios que sobrepasó el millón y la ubica en el primer puesto de contagios entre las naciones del sudeste asiático. 

A comienzos del mes, a través de una orden presidencial se decretó que cualquier persona que rechazara las vacunas se le podría negar la asistencia social o los servicios gubernamentales o se le podría obligar a pagar una multa. Las sanciones son determinadas por las agencias regionales de salud o los gobiernos locales.

La regulación se produce en medio del escepticismo y las dudas que han permanecido latentes durante meses entre los ciudadanos sobre la efectividad y la seguridad de las vacunas contra el virus PCCh, o si son permitidas por el Islam.

De acuerdo con una encuesta publicada en diciembre del año pasado por la encuestadora Saiful Mujani Research and Consulting, tan solo el 37% entre 1.202 encuestados estaban dispuestos a vacunarse, mientras que el 40% aseguró estar indeciso y un 17% de los encuestados afirmó que se negaría.

Por su parte, el ministro Usman Hamid, director de Amnistía Internacional Indonesia, rechazó la medida y aseguró que la imposición de la vacuna no era la respuesta indicada para la crisis de contagios que afronta el país.

“Un mandato general sobre la vacunación, especialmente uno que incluye sanciones penales, es una clara violación de los derechos humanos”, aseveró Hamid, de acuerdo con Reuters.

César Múnera – BLes.com