Presentaron una lista de 23 puntos, donde entre otras cosas piden liberar el sector de regulaciones para “mejorar la calidad laboral” de los transportistas. El gobierno los tilda de “extrema derecha” y los manda a reprimir.

Mañana se cumple una semana de protestas y paro de camioneros transportistas en España. Los conductores reclaman al Ministerio de Transporte por la eliminación del pase sanitario que rige para su actividad, además de medidas en favor de la producción de hidrocarburos que permita reducir el precio de los combustibles.

Si bien los principales reclamos tienen que ver con los costos de combustibles, los conductores han presentado un listado de 23 puntos que incluye todo tipo de mejoras para su calidad de vida y de trabajo. Como por ejemplo eliminar o reducir las excesivas tarifas de los servicios, de los intermediarios, de la carga y la descarga de las mercancías y de la aplicación de nuevos peajes en las carreteras.

La ministra de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana de España, Raquel Sánchez, se ha reunido con las principales patronales y ha manifestado que ésta “no es una huelga ni un paro patronal, puesto que el Comité Nacional de Transportes por Carreteras (CNTC) no secunda este boicot“, el cual dice que está organizado por un grupo minoritario del sector.

El paro, que al principio no recibió mucha atención por parte del Gobierno socialista de Pedro Sánchez, fue convocado por la Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte, y cuenta con la participación de varios sindicatos mayoritarios, agrupa principalmente a pequeñas empresas, autónomos y asalariados.

A pesar del intento de minimizar su impacto, las consecuencias de casi una semana de paro ya son visibles: más del 60% de las actividades agrícola, ganadera y pesquera se ven afectadas en todo el país.

Ante estos reclamos, el Gobierno socialista, lejos de buscar la mejora de las condiciones laborales de miles de trabajadores de toda España, ha salido a criticar los reclamos argumentando que son promovidos por sectores de la “extrema derecha” para desestabilizar al gobierno.

La portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, ha asegurado en una conferencia de prensa en Sevilla que “es una reacción que parece orientada por los posicionamientos de la ultraderecha” y ha destacado que, tratándose de “una acción minoritaria“, los transportistas “no están haciendo uso de su derecho a la huelga, sino que están boicoteando al resto de trabajadores que, en un momento tan complicado como este, están trabajando para garantizar el suministro de alimentos de primera necesidad“.

Mientras los miembros del Gobierno adjudican la huelga a la derecha sin responder a los pedidos de los conductores, España enfrenta un desabastecimiento de alimentos y otros suministros en las principales ciudades del país. Por lo pronto, Sánchez se niega a hablar con los huelguistas mientras les pide “responsabilidad” y lleva un total de 29 detenidos y mas de 500 personas identificadas y denunciadas como parte de la huelga.

El paro ya ha ocasionado en casi una semana, pérdidas de 600 millones de euros al sector primario, industria y distribución alimentaria y pone en peligro más de 100.000 puestos de trabajo, según las estimaciones realizadas por la cadena de valor agroalimentaria y del gran consumo (Cooperativas Agroalimentarias, FIAB, Aecoc, Asedas, ACES y Anged).

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que el Gobierno garantizará el orden público “incluso ante determinadas conductas que son minoritarias y que actúan de manera vandálica, si no violenta”, en referencia a los piquetes de la huelga de transportistas. Parece que tomará el manual de Justin Trudeau para reprimir violentamente a los manifestantes.

Los huelguistas le respondieron al líder del PSOE (irónicamente nombrado Partido Socialista Obrero Español), manifestando que ellos no pertenecen ni a la izquierda ni a la derecha, si no que sólo son trabajadores que piden mejores condiciones laborales.

Por ahora, la única medida del gobierno ha sido, para asegurar el suministro, desplegar 23.600 agentes entre Policía Nacional y Guardia Civil para escoltar convoyes, patrullar y dotar de seguridad los centros logísticos y nodos de transporte de mercancías, así como en prevenir y actuar ante piquetes.

En Galicia, los huelguistas manifiestan que no tienen otra opción debido a que a ellos no los defiende una patronal por ser autónomos o pequeñas pymes, que no se sienten representados por el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) con el que negocia el Gobierno y que pretenden mantener la protesta hasta que el gobierno se siente con ellos. Lo cierto es que por ahora, fuentes cercanas a Sánchez, manifiestan que el gobierno no negociará con minorias “de la extrema derecha”.

Fuente: La Derecha Diario

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