Los Pandora Papers revelan que el bufete panameño Alcogal registró los negocios del chavismo con sociedades offshore en el exterior

Los Pandora Papers también revelan negocios ilícitos del chavismo en paraísos fiscales. Con la ayuda del bufete de abogados panameño Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal), el régimen creó y legalizó 51 de las 78 empresas fantasmas que sirvieron de vehículo para el blanqueo de hasta 2000 millones de dólares en pagos de sobornos y comisiones a funcionarios venezolanos, originados en la Banca Privada de Andorra. Así lo divulgada el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés).

Unas operaciones que la firma hizo “de buena gana porque no solo gestionó empresas sino participó de manera activa en la suscripción de contratos por servicios ficticios” mediante la sucursal en Panamá de la Banca Privada d’Andorra -BPA Serveis- para “asignar a los receptores de pagos irregulares”, reseña El País.

BPA Serveis era el “brazo captador de clientes en el continente americano” que tenía hasta un despacho en Caracas, en una de las torres de oficinas del Centro Ciudad Comercial Tamanaco (CCCT), en Chuao, en el este de la capital venezolana.

Con esta alianza, Alcogal incorporó 29 de las 56 “sociedades instrumentales” que el Tribunal Superior de Andorra había logrado identificar en el curso de sus diligencias como integrantes de una “red corrupta”.

Aliados de Chávez

El bufete de abogados aceptó “una serie de referencias de la Banca Privada d’Andorra para actuar como agente registrado de compañías offshore propiedad de algunos de los antiguos aliados de Hugo Chávez”, subraya la investigación del ICIJ que filtró 11,9 millones de documentos financieros.

Entre ellos, descubrieron que Alcogal y BPA facilitaron el registró de Lairholt Finance Ltd. en Belice a nombre de Javier Alvarado Ochoa, quien ocupó cargos influyentes en el régimen socialista, incluido el de viceministro de Desarrollo Eléctrico. En 2011, Chávez lo nombró presidente de una unidad de Petróleos de Venezuela (PDVSA).

También ejecutaron la creación de dos empresas en Panamá, Josland Investments SA y Oswald International Limited S.A. para Nervis Villalobos, un ingeniero eléctrico que también había ocupado cargos de alto rango en el gobierno de Chávez, incluido el de viceministro de Energía.

En algunos documentos de la filtración queda en evidencia que Josland, representada por Edgardo Eloy Díaz, de Alcogal, firmó un acuerdo de servicios de “asesoría y asistencia” por 5.000.000 de dólares en 2009, al mismo tiempo que Oswald International Limited hacía algo similar con otro contrato de asesoría por 3.960.000 dólares, mientras que otra de sus empresas, Tristaina Trading Corp recibió “por servicios profesionales y asistencia técnica”  5.100.000 dólares.

En el radar de Washington

La próspera creación de compañías cayó en la mira de la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. La instancia emitió un aviso en el que calificaba a BPA entre las instituciones financieras de «principal preocupación por lavado de dinero», alegando que “los banqueros privados andorranos y sus clientes venezolanos trabajaron en estrecha colaboración con funcionarios venezolanos de alto rango y agentes registrados panameños para establecer empresas fantasmas que luego los venezolanos utilizaron para lavar fondos públicos saqueados”.

La acusación era clara. Señalaba que “Villalobos, Ochoa y otros aceptaron sobornos y comisiones ilegales a cambio de un trato favorable a los empresarios que buscaban contratos con la petrolera estatal venezolana. Luego, los sospechosos utilizaron contratos falsos, alegando que habían brindado servicios de consultoría para justificar la fuente de los fondos que estaban depositando en sus cuentas en el BPA”.

Y “las cuentas se controlaban a través de empresas fantasma”. Según los Pandora Papers, “los ejecutivos del BPA involucrados en el esquema aprobaron las cuentas incluso cuando su propia unidad de cumplimiento interno expresó su preocupación por sus vínculos políticos”.

Múltiples acciones

Los servicios de Alcogal incluyen el registro de la empresa, el cambio de miembros en las juntas directivas, elaboración de poderes, apertura de cuentas bancarias, emisión de acciones, entre otros, por “cuotas no muy caras que se renuevan cada año”.

Pero con los radares norteamericanos encima, Alcogal renunció como agente registrado de algunas de las empresas vinculadas a clientes venezolanos y, en una carta enviada al Consorcio, la firma declaró que cooperó “plenamente” con las autoridades que investigaron al BPA, incluido el intercambio de información sobre los beneficiarios finales.

Sin embargo, los Pandora Papers destapan que mantuvo “relaciones laxas y selectivas” con el expresidente de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) y Luis Rodríguez Cabello, supuesto operador financiero de Diego Salazar, «el señor de los relojes», principal intermediario de seguros de PDVSA durante la presidencia de su primo, Rafael Ramírez.

Una trama de corrupción

A ese ritmo, Alcogal incorporó 29 de las 56 “sociedades instrumentales” que el Tribunal Superior de Andorra había logrado identificar en el curso de sus diligencias como integrantes de la red corrupta, y hay otras 22 sociedades de funcionarios chavistas envueltas en la trama que no están mencionadas en la investigación del tribunal andorrano que examina la causa.

Sobre las investigadas, las pesquisas de la justicia del Principado de Andorra destacan que “el entramado societario offshore creado por el BPA Serveis no tiene otra finalidad que la ocultación, pues las diversas sociedades controladas operan como un centro único de negocio, dedicado a la corrupción, efectuando los pagos desde una u otra sociedad, indistintamente, sin tener en cuenta la actividad a la que supuestamente se dedica cada una, o las obligaciones contractuales que hayan contraído, pues son meros contratos simulados, sin prestación real”.

En el top 10 de los Pandora Papers

Nervis Villalobos y Javier Alvarado Ochoa viven en España, donde fueron encarcelados. Las autoridades estadounidenses y españolas han estado negociando durante dos años sobre si los hombres serán extraditados a Estados Unidos y, de ser así, en qué términos. Venezuela también ha solicitado su extradición.

Con negocios como los de ellos, Venezuela figura en el ranking de los Pandora Papers con 1212 venezolanos propietarios de compañías en paraísos fiscales y 863 empresas con beneficiarios en el país. De acuerdo con el Diario Las Américas, la nación ocupa el séptimo lugar en el conteo liderado por Rusia con 4437 beneficiarios, Reino Unido con 3506, Argentina con 2521, China con 2382, Brasil con 1897; Ucrania con 1556, Chipre con 1052, Italia con 792 y Guatemala con 658.

Chile: Piñera niega señalamientos en su contra

Uno de los que ha salido al paso a los señalamientos en su contra por la compraventa multimillonaria de la minera Dominga en las Islas Vírgenes es el presidente de Chile, Sebastián Piñera, quien desde La Moneda negó que tuviera “conocimiento o información de las decisiones de inversión de las empresas que son gestionadas por sus respectivos directorios y por una administración profesional”.

Recordó que esta operación fue investigada por el Ministerio Público, instancia que decretó el sobreseimiento de la causa, ya que “la venta se ajustaba plenamente a derecho, por la inexistencia de cualquier delito y por haberse declarado judicialmente la inocencia de este presidente”.

Gabriela Moreno – Panampost.com

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