Las primeras secuelas de la despedida de Pablo Iglesias del poder ya comienzan a verse. Ahora, la Audiencia Nacional lo imputará en el caso Dina por daños informáticos, así como descubrimiento y revelación de secretos.

La inmunidad se acabó. El adiós de Pablo Iglesias a la política tendrá consecuencias más allá de las evidentes. Su salida de las instancias de poder por el derrumbe de Podemos en las elecciones de Madrid lo conducirá al banquillo de la justicia, al perder su condición de aforado.

La Audiencia Nacional lo imputará en el caso Dina donde se indaga sobre su presunta responsabilidad en la destrucción de la tarjeta del teléfono de su ex asesora Dina Bousselham, afirma OKDIARIO. 

Iglesias será citado a declarar en las próximas tres semanas en calidad de investigado a causa del delito de daños informáticos por el juez Manuel García-Castellón. Esto ocurre luego de los ocho meses de amparo que disfrutó el dirigente morado frente a la segunda vicepresidencia del Gobierno de coalición.

El magistrado ya tiene los hechos hilados y el camino libre para convocarlo a rendir cuentas. Su averiguación apunta a que el líder de Podemos recibió del dueño de la extinta Interviú, Antonio Asensio, la tarjeta de memoria original mini SD procedente del teléfono de Dina Bousselham el 20 de enero de 2016 que almacenaba archivos personales y de carácter muy íntimo de su exasesora en el Parlamento Europeo y «pese a ello se guardó la tarjeta en su poder, sin decírselo a su propietaria aun cuando ambos eran personas cercanas y el conocimiento que tenía de la desaparición de los objetos de Dina desde noviembre de 2015», precisa el juez según el medio español.

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Con estos indicios, el magistrado pidió a la Fiscalía Anticorrupción un informe sobre la imputación de Iglesias solicitada por la organización Prolege, la cual está integrada por un grupo de juristas en la pieza separada número 10 de la operación Tándem o caso Villarejo, conocida como caso Dina.

Cargos por entrega inservible

Un abismo legal se abre para Iglesias porque otro punto significativo dentro de la investigación señala que Pablo Iglesias devolvió la tarjeta a su exasesora pero “inservible para su funcionamiento», acota el juez.

Por estos hechos a Iglesias se le atribuirá el delito de daños informáticos, recogido en el art. 264 del Código Penal, así como también el de descubrimiento y revelación de secretos, correspondiente art. 197.1 y 2 del mismo texto legal. Sin embargo, este último depende del perdón de la afectada, quien ya intenta absolver de responsabilidad a su antiguo jefe.

Para el delito de daños informáticos se castiga con la pena de prisión de seis meses a tres años  a quien «por cualquier medio, sin autorización y de manera grave borrase, dañase, deteriorase, alterase, suprimiese o hiciese inaccesibles datos informáticos, programas informáticos o documentos electrónicos ajenos».

Pero la nueva versión de Bousselham —a quien Iglesias puso al frente del panfleto La Última Hora— lo salva de las acusaciones y pide además la anulación de la causa.

Ellos se entienden. Queda claro cuando la defensa de la exasesora es la abogada Marta Flor Núñez, trabajadora de Podemos que antes ejercía la representación legal del líder de los morados. Por lo que, tal y como señaló la Audiencia Nacional, existía un conflicto de intereses que terminó resuelto con un cambio de abogado por parte de Iglesias, pero no de Dina.

Discurso de mentiras

Los privilegios legales de Iglesias para librarse de una imputación por ser «de la casta» llegaron a su fin con el anuncio de su retiro de “todos los cargos”, incluido su credencial para integrar la nueva Asamblea de Madrid donde podemos ocupará diez escaños.

El beneficio que criticó en el programa electoral de 2019 alegando que “la proliferación de la figura de los aforamientos no ha tenido nada que ver con la protección de los representantes públicos frente a represalias y amenazas de los más poderosos, sino con un sistema de protecciones y favores que permite a los partidos ofrecer cierto privilegio judicial a algunos de sus miembros», ahora quizá lo necesite y olvide su intención de “articular acciones para la supresión de aforamientos desde las comunidades autónomas y el Estado».

Los únicos que no se resentirán con su despedida del poder serán sus bolsillos. Iglesias accederá a la indemnización de 5300 euros mensuales —equivalentes al 80% de su salario— por haber abandonado el Gobierno de España en el cargo de vicepresidente.

Juego con dinero

La Ley de la Administración General del Estado establece que los miembros del Gobierno tienen este derecho, pero para cobrarlo el funcionario saliente no puede ejercer ningún otro cargo ni en el ámbito privado ni el público, precisa ABC.

Iglesias sabe jugar. Si hubiese tomado posesión de su cargo como diputado en la Asamblea de Madrid habría dejado de cobrar esta indemnización del Estado, para ganar los 3500 euros de retribución para los diputados en la región madrileña. Como ha dimitido de todos sus cargos y se marcha de la política seguirá cobrando la indemnización estatal durante los próximos 13 meses.

Claro, eso si evade el código ético de Podemos que prohíbe expresamente que «los cargos públicos del partido no percibirán ninguna remuneración ni cesantías de ningún tipo una vez finalizada su designación en el cargo» que El Mundo reduce a “el importador del populismo latinoamericano, que se consumió en solo siete años” y cerró sus pasos con versos de Silvio Rodríguez, el cantautor de la revolución cubana: «Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui».

Por Gabriela Moreno – Panampost.com