La Ley de Seguridad Nacional suena fuerte como medida para controlar la situación en Cataluña en sustitución del artículo 155. El líder del PP, Pablo Casado, quiere que el Gobierno ponga en marcha este mecanismo ante los violentos episodios que se están viviendo después de conocer la sentencia del procès y así se lo trasladará en la reunión de este martes. 

Esta ley fue aprobada en el año 2015 durante el Gobierno de Mariano Rajoy y tiene como principal ventaja con respecto a al 155 que el procedimiento para su aplicación es más corto. Mientras que para intervenir la autonomía se necesita un requerimiento al presidente autonómico y posteriormente acudir al Congreso -o Diputación Permanente al estar disueltas las Cortes, según el presidente del Gobierno- y finalmente al Senado, la Ley de Seguridad Nacional solo necesita un Real decreto que sea aprobado por la Diputación Permanente.

Mediante este mecanismo y ante una declaración del Gobierno de “situación de interés para la seguridad nacional”, el Estado tomaría el mando de todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, incluídos los autonómicos, esto es, los Mossos d’Esquadra, sin suspender la autonomía ni intervenir en otras competencias de la Generalitat.

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De esta forma, el presidente del Gobierno en funciones debería definir la situación de crisis, así como su ámbito geográfico, la duración de la aplicación y, si lo considera, nombrar a una persona para que dirija y coordine las actuaciones bajo la supervisión del Consejo de Seguridad Nacional.

Apoyo de PP, PSOE y UPyD

Esta ley tiene como objetivo “proteger la libertad, los derechos y bienestar de los ciudadanos, la defensa de España y sus principios y valores constitucionales”. Fue aprobada en el año 2015 con el apoyo de PP, PSOE y UPyD y el rechazo de los partidos nacionalistas, que denunciaban entonces que con ella se pretendía frenar el proceso soberanista.

El presidente del Gobierno en funciones ha reiterado en las últimas semanas su disposición a actuar en Cataluña en caso de necesidad mediante cualquier recurso de los que dispone el Ejecutivo y que están amparados en la Constitución, incluyendo en esta afirmación la aplicación del artículo 155. No obstante, pese ha haber asegurado tener todos los escenarios estudiados, así como la posible aplicación de este artículo pese a estar en funciones, existe un debate sobre la capacidad real de ponerlo en marcha con las Cortes disueltas.

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Este factor, sumado a los tiempos que conllevaría cada mecanismo, así como las competencias que implicaría cada uno, ha hecho que partidos como el PP se decanten por esta Ley de Seguridad Nacional como mejor alternativa. Así, la declaración de “situación de interés para la Seguridad Nacional” supondría “la obligación de las autoridades competentes de aportar los medios humanos y materiales necesarios que se encuentren bajo su dependencia, para la efectiva aplicación de los mecanismos de actuación”, lo que podría resumirse en el refuerzo de Policía Nacional y Guardia Civil, de forma gradual y proporcionada.

No obstante, también hay voces contrarias a este mecanismo dentro del Gobierno. El ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, ha afirmado que sería “absolutamente imprudente” tomar el control de los Mossos, ya que la coordinación con las fuerzas de seguridad del Estado es “inmejorable”, aunque ha precisado que se podría aplicar el “ordenamiento jurídico en su momento”, algo que comparte la presidenta del Congreso, Meritxell Batet.

Abascal pide el Estado de Excepción

Por su parte, el líder de Vox, el único de los principales partidos que no ha sido convocado por el presidente del Gobierno para estudiar la situación en Cataluña, ha pedido que se aplique el estado de excepción dada la “grave alteración del orden público y constitucional” originada.

Este mecanismo está previsto en el artículo 116 de la Constitución y es el Gobierno quien lo declara mediante decreto y con la autorización previa del Congreso de los Diputados. De esta forma, el presidente tendría que determinar los efectos, así como el ámbito territorial y su duración, que no puede exceder los 30 días, prorrogables por otro plazo igual.

En este supuesto, la Constitución contempla la suspensión de algunos derechos como a la libertad; plazo máximo de detención de 72 horas, detención privativa, etc.; derecho a domicilio inviolable; secreto de las comunicaciones; libertad de residencia y circulación; libertad de expresión; derecho a la comunicación e información veraz; secuestro de publicaciones; derecho de reunión; derecho a la huelga o medidas de conflicto colectivo entre trabajadores y empresarios.

Fuente: 20 minutos.

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