La repetición de elecciones generales va a costar a todos los españoles 140 millones de euros (154.661.900 dólares), un montante que incluye la organización de los comicios pero al que, por ejemplo, habría que sumar las indemnizaciones de los diputados que han conformado el arco parlamentario durante esta corta XIII Legislatura —a no ser renuncien a las mismas—.

Tras la disolución del Congreso, que salvo un improbable acuerdo de última hora se producirá el próximo martes 24 de septiembre, solo continúan siendo diputados y cobrando como tales los 129 miembros titulares y suplentes de la Diputación Permanente, el único órgano que sigue activo en los periodos entre legislaturas.

Los 221 restantes, fueran o no candidatos a las elecciones generales, pueden reclamar esta ‘indemnización de transición’, que corresponde al sueldo que los diputados cesantes habrían percibido durante los 53 días que median entre la disolución de las Cortes y la jornada de reflexión de los próximos comicios del 10 de noviembre —es decir, el 9 de noviembre—.

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Sin embargo, ante el bloqueo político que atraviesa España y que ha abocado a una repetición electoral, una campaña ciudadana iniciada este miércoles llamada ‘Si no curras, no cobras’ acumula ya más de 320.000 firmas a favor de que los parlamentarios renuncien a la indemnización a la que tienen derecho.

“Tú y yo tenemos que ponernos de acuerdo diariamente en muchas cosas con gente muy diversa por pura convivencia, pero los políticos que te representan no pueden ni sentarse a hablar para que un país, el tuyo, arranque. Europa está entrando en recesión y tus políticos han decidido que todavía es pronto para madrugar por las mañanas”, ha escrito Txerra Pardinas, propulsor de la recogida de firmas, en la web Change.org.

“Esto ya ocurrió el pasado mes de mayo, cuando al disolverse las Cortes, 216 diputados (prácticamente todos los que podían pedirla) pidieron su indemnización y la cobraron. Solo cinco de ellos tuvieron la dignidad de renunciar a ese dinero. Está en tu mano que esto se repita de nuevo”, continúa el texto.

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Los exdiputados que pidan la indemnización cobrarían lo correspondiente a esos 53 días del sueldo base que venían percibiendo —2.972,94 euros— más los complementos que pudieran recibir en función de sus responsabilidades en el Congreso, lo que supone casi dos meses de salario. Eso sí, la indemnización es incompatible con cualquier otro ingreso público o privado.

Fuente: 20 minutos.

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