Redacción BLes – Las grandes compañías farmacéuticas afrontan una importante acusación federal antimonopolio en EE. UU., presentada por 45 estados, en relación a una posible conspiración para aumentar hasta más de un 1.000% los costos de los medicamentos genéricos.

La demanda se dirige contra al menos 16 fabricantes de los fármacos considerados de bajo coste, alegando que colaboraron ilegalmente para incrementar y fijar los precios, según un informe de Business Insider.  

Asimismo denuncia las frecuentes y estrechas comunicaciones ilegales que han existido entre los empleados de algunas de las firmas más renombradas de la industria farmacéutica, para “duplicar, triplicar o incluso aumentar en un 1,000% o más” los precios, y “discutir los planes” para repartirse el mercado con el fin de “limitar la competencia”.

“Las conversaciones pintan un cuadro profundo de contacto cercano y frecuente sobre precios y decisiones de mercado por medio de LinkedIn, llamadas telefónicas, mensajes de texto y correos electrónicos, todo con el objetivo de aumentar los precios de una amplia gama de medicamentos genéricos”, de acuerdo a la demanda citada por el medio.

Los 300 fármacos cuyo coste se han visto incrementados se destinan al tratamiento de “la epilepsia, la ansiedad, el insomnio, la insuficiencia cardíaca, la diabetes, etc”. Los medicamentos genéricos son copias de medicamentos de marca y se comercializan después que expira la patente del medicamento de marca.

Orden mordaza

En este sentido, “más de una docena de fabricantes de medicamentos genéricos acusados de aumentar los precios a los consumidores estadounidenses en un supuesto caso de fijación de precios ilegales están pidiendo a un tribunal federal de Filadelfia que imponga una orden mordaza a los investigadores”, destacó el Washingon Post, el 19 de diciembre.

“Algunos demandantes siguen pareciendo mucho más interesados en litigar sus demandas en los medios de comunicación que ante este tribunal”, argumentaron las compañías en su solicitud de que la jueza Cynthia M. Rufe instara a todas las partes de que se abstuvieran de hablar fuera del tribunal.

Este intento de acallar a los demandantes, pondría de relieve lo mucho que está en juego, ya que la “sobrefacturación” obtenida por las empresas -debido al presunto incremento de los precios- ascendería a cifras mil millonarias, pudiendo incluso llegar a poner en riesgo la continuidad de las mismas en el supuesto de que el caso llegara a juicio, informó el medio capitalino.

“No trabajan para mejorar la salud, sino para obtener los máximos beneficios” y para ello “extorsionan, cometen fraude, violan la legislación y mienten“, advirtió en septiembre Peter Gøtzsche ex coordinador del Centro Nórdico Cochrane muy crítico con la grave deriva mercantilista de las compañías farmacéuticas, quien afirma que corrompen los sistemas de salud y funcionan como el crimen organizado.

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