Burundi expulsó a cuatro funcionarios de la Organización Mundial de la Salud (OMS), declarándolos personas non grata y ordenándoles a salir del país a más tardar el viernes, reveló un memorándum del Ministerio de Relaciones Exteriores que fue filtrado a los medios de comunicación.

La decisión se produjo a días de las elecciones presidenciales del 20 de mayo y coincidiendo con la pandemia global de coronavirus.

Bernard Ntahiraja, el viceministro de Relaciones Exteriores, no ofreció una explicación de la expulsión.

El director regional de la OMS para África, Matshidiso Moeti, dijo que la organización “se mantiene muy dispuesta a… apoyar la respuesta [de Burundi] al COVID-19″.

John Nkengasong, el director de los Centros Africanos para el Control y Prevención de Enfermedades, dijo en un comunicado que él considera “irresponsable” la decisión de realizar elecciones en medio de una pandemia de COVID-19.

“Tenemos que colectivamente negar al virus cualquier espacio para transmitirse”, dijo.

El candidato opositor, Léonce Ngendakumana, sostuvo que la expulsión es “lamentable” y llamó al gobierno a prestar atención a las recomendaciones de seguridad y prevención.

“El país solo no podrá contener la pandemia”, dijo Ngendakmana. 

Los funcionarios expulsados incluyen al jefe de país de la OMS, Walter Kazadi Mulombo, al epidemiólogo Jean Pierre Mulunda Nkata, al coordinador del sector salud, Ruhana Mirindi Bisimwa, y a Daniel Tarzy.

Burundi solo tiene 27 casos confirmados de COVID-19, pero funcionarios sanitarios sospechan que los casos irán en aumento debido a la falta de pruebas y de medidas de confinamiento, según dijeron los Centros de Control y Prevención de Enfermedades.

Los críticos acusan al gobierno de desestimar el virus para apaciguar las crecientes tensiones civiles, temiendo una repetición de la violencia que tuvo lugar tras las elecciones del 2015, en las que resultó electo el actual presidente Pierre Nkurunziza.

En el 2019, Burundi expulsó a funcionarios de Naciones Unidas que investigaron los hechos de violencia tras las elecciones del 2015. El país también repudió a la Corte Criminal Internacional después de ser acusado de crímenes estatales.