Redacción BLesLa Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) acaba de publicar un informe sobre la situación de los uigures en China, en el que se asegura que es posible que el régimen comunista haya cometido “varias” violaciones contra sus derechos fundamentales y los de otras minorías musulmanas de la región de Xinjiang.

El informe conformado por 48 páginas fue publicado el 31 de agosto por la comisionada de derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, pocas horas antes de que expirara su mandato y a poco más de tres meses de su cuestionada visita a la zona de conflicto.

Bachelet ha recibido fuertes críticas por su postura “suave” sobre el régimen chino y por sus discursos que aparentemente restan importancia a los abusos contra los derechos humanos ejercidos por el Partido Comunista Chino (PCCh).

 

¿Qué dice el informe?

El informe en cuestión concluye que el régimen chino pudo cometer crímenes contra la humanidad contra los uigures y otras minorías étnicas musulmanas al aplicar políticas que han implicado detenciones arbitrarias masivas y otros graves abusos.

Respecto a las acusaciones que motivaron la investigación original, el informe asegura que “las denuncias de patrones de tortura o malos tratos, incluidos los tratamientos médicos forzados y las condiciones adversas de detención, son creíbles, al igual que las denuncias de incidentes individuales de violencia sexual y de género”.

El alcance de las detenciones arbitrarias contra los uigures y otras personas, en el contexto de las restricciones y la privación más general de los derechos fundamentales, “pueden constituir crímenes internacionales, en particular crímenes contra la humanidad”.

El informe destaca que las violaciones se han producido en el contexto de lo que el régimen chino llama “persecución contra los terroristas” que se hallan entre la minoría uigur, con una estrategia de lucha contra el extremismo que implica el uso de los llamados Centros de Educación y Formación Profesional o campos de reeducación.

Los investigadores de la ONU revisaron los documentos utilizados como pruebas relacionados con las acusaciones, prestando especial atención a las leyes, políticas, datos y declaraciones del propio régimen chino. 

Las denuncias sobre graves violaciones de los derechos humanos por parte de Beijing contra los uigures y otros grupos llamaron la atención de la ONU por primera vez en 2017, desde ese entonces las pruebas sobre distintos delitos comenzaron a publicarse por todo el mundo y hasta el momento no había una posición firme por parte de la ONU.

Como resultado, el informe determina que en los llamados Centros de Educación y Capacitación Vocacional en China entre los años 2017 y 2019, el régimen cometió actos de tortura, asesinato y otras violaciones a los derechos elementales de los seres humanos.

El informe también acusó al régimen de utilizar un “sistema de leyes antiterroristas” entre las que se destacan normativas de seguridad nacional que al aplicarse discriminan a los uigures y otras minorías predominantemente musulmanas, lo que consecuentemente condujo a “graves violaciones de los derechos humanos”.

La evaluación de la ONU confirma las acusaciones de varios gobiernos occidentales y grupos de derechos humanos independientes, aunque no llegó a acusar al régimen de cometer un genocidio contra los uigures, cómo sí lo hicieron otros países, entre otros, Canadá y Estados Unidos.


Recomendaciones de la ONU

El informe establece una serie de recomendaciones dirigidas a los gobernantes chinos, a fin de entrar en sintonía con los derechos universales que dice promover el organismo. 

En primer lugar, recomienda a las autoridades del PCCh que tomen medidas inmediatas para liberar a todas las personas privadas arbitrariamente de su libertad e informar a las familias de las personas desaparecidas en Xinjiang sobre su paradero, establezcan canales seguros de comunicación entre ellos y permitan la libre movilidad para poder reunir a las familias.

Respecto al sistema legal chino que avala la persecución, se recomendó que se realice una revisión completa de las normativas asociadas a la seguridad nacional y a los derechos de las minorías, sobre todo en lo que respecta a la región de Xinjiang donde se encuentran la mayoría de los miembros de la minoría uigur.

 

Críticas a la investigación de la ONU en Xinjiang

Después de varios años de anunciarse una posible visita por parte de la ONU a China, con el objetivo de investigar las fundadas denuncias por graves violaciones a los derechos humanos, finalmente se oficializó en mayo de 2022. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, fue quien presidió la comitiva. 

La visita recibió fuertes críticas por parte de agrupaciones de derechos humanos alrededor del mundo, quienes aseguraron que se perdió una oportunidad histórica de llevar a cabo una correcta investigación para reportar con certezas la validez de las denuncias realizadas. En cambio, se la acusó a Bachelet de haber hecho política con las autoridades del régimen e incluso hacer propaganda que beneficia al régimen.

Entre los que criticaron la visita se encuentra Kenneth Roth, director ejecutivo de Amnistía Internacional (HRW), quien declaró en una rueda de prensa que el viaje que hizo recientemente Bachelet a China fue un “desastre absoluto”. 

También se criticó a Bachelet de haber “adoptado la retórica de Beijing”, tal es así que se refirió a las prisiones ilegales de reclusión de perseguidos como “centros educativos y de formación profesional”, como lo hace el propio régimen, en lugar de lo que son: “campos de concentración”, dijo Roth.

En un tuit publicado luego de la gira por China, tras el aluvión de críticas recibidas por su actuación, la jefa de derechos humanos de la ONU anunció su decisión de dimitir alegando “motivos personales”.

 

Reacción del Régimen chino tras el informe de la ONU

A pesar de que el informe no estuvo ni cerca de lo demoledor que esperaban muchos representantes de los derechos humanos, el régimen chino no dejó pasar tiempo para emitir críticas sobre las acusaciones.

En una extensa respuesta, las autoridades del régimen chino publicaron su malestar sobre el informe diciendo que “la acusación de que su política está ‘basada en sobre la discriminación’ no tiene fundamento”.

Respecto a los campos de concentración donde es sabido que encierran a uigures y miembros de otras minorías religiosas y espirituales como los practicantes de Falun Dafa,  Beijing respondió que son “instalaciones de aprendizaje establecidas de acuerdo con la ley destinadas a la desradicalización” y no “campos de concentración”.

Mientras tanto, al menos 1 millón de ciudadanos uigures continúan detenidos por el régimen comunista, que como era de esperar, a pesar de la gran cantidad de pruebas y testimonios disponibles que validan las acusaciones, negó absolutamente todos los hechos en un nuevo acto de negacionismo absurdo.

 

Andrés Vacca –Redacción BLes

Suscríbete para recibir nuestras últimas noticias

Al enviar este formulario, acepto los términos.