Redacción BLes– Un grupo de expertos australianos alertó sobre los cientos de construcciones, similares a centros de detención, que construyó y sigue aumentando el Partido Comunista chino (PCCh) en la región de Xinjiang, donde se le acusa de violar los derechos a las minorías musulmanas.

El Instituto Australiano de Política Estratégica (ASPI) analizó imágenes satelitales y licitaciones del PCCh, con las que ubicó más de 380 instalaciones sospechosas de ser campos de internamiento construidas o ampliadas desde 2017, según ABC News del 24 de septiembre. 

Al menos 60 de estos campamentos han sido ampliados y otros 14 están aún en construcción, a pesar de que los dirigentes del PCCh informaron que todas las personas detenidas se habían “graduado” a finales del año pasado. 

“Hay cientos de instalaciones a gran escala aquí, que parecen estar dedicadas a acomodar a las personas separadas de la sociedad”, dijo el investigadores del Centro de Política Cibernética Internacional del ASPI, Nathan Ruser, de acuerdo con ABC News. 

“Las pruebas disponibles sugieren que muchos detenidos extrajudiciales en la vasta red de ‘reeducación’ de Xinjiang están siendo acusados formalmente y encerrados en instalaciones de mayor seguridad, incluyendo prisiones recién construidas o ampliadas, o enviados a recintos amurallados de fábricas para realizar trabajos forzados”, agregó Ruser, según Fox News. 

Desde que Xinjiang comenzó su campaña de detenciones en 2017, podría haber encarcelado a más de 1 millón de uigures y otras minorías musulmanas en los campos de detención de Xinjiang.

Luego de negar la existencia de los campos de concentración el PCCh admitió su existencia llamándolos “centros de educación y formación profesional”, dedicados a reformar a terroristas. 

Los testimonios de las víctimas evidencian que fueron sometidas a violaciones de derechos humanos brutales, a adoctrinamiento político, a palizas y, a veces, a tortura psicológica y física.

Los miembros de la minoría étnica uigur que profesa la religión musulmana han sido encerrados en campamentos como parte de una campaña del PCCh para eliminar su cultura, dada la defensa ejercida durante décadas, a veces violenta, contra el dominio del régimen.

Como parte de la persecución contra su etnia el PCCh condena a los uigures en juicios secretos y extrajudiciales, y los encierra en prisiones de alta seguridad ‘delitos’ como intercambir información con extranjeros, tener demasiados hijos y estudiar el Islam. 

En el caso de las mujeres o los ancianos, considerados de bajo ‘riesgo’ son sometidos a un tipo de arresto domiciliario o a trabajos forzados en fábricas.

La región de Xinjiang alberga a unos 11 millones de uigures, y esta población es una de las muchas que sufre persecución como política de estado, por retener su cultura. 

Adicionalmente, son perseguidos por el PCCh los cristianos del interior del país y los practicantes de la disciplina espiritual Falun Gong quienes desde 1999 sufren la extracción forzada de órganos, además de múltiples torturas y encarcelamientos.

La administración Trump ha emitido sanciones a las empresas que se aprovechen del trabajo esclavo al que son forzados los presos políticos del PCCH. 

En este sentido, La Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó de manera casi unánime una ley que restringe las importaciones de productos fabricados con trabajo forzoso desde China en medio de las preocupaciones por los informes de maltrato que sufren los uigures musulmanes en la región de Xinjiang.

José Hermosa-BLes.com