Los sobrevivientes relatan que son sometidos a vigilancia las 24 horas y abusos durante meses, luego son liberados y obligados a no contar lo que vivieron estando detenidos, según documenta un informe de la organización Safeguard Defenders

Los relatos son escalofriantes. Desde que Xi Jinping llegó al poder en 2013 impuso una reforma policial que daba poder a los cuerpos de seguridad para hacer detenciones arbitrarias. Lo que sucedió a partir de allí, deja mucho que desear en materia de derechos humanos.

Torturas «sutiles», medicación diaria, habitaciones sin accesos de luz natural, vigilancia 24 horas y otros maltratos fueron identificados por la organización Safeguard Defenders, cometidos contra opositores chinos y activistas extranjeros. Fue en 2018 cuando en alianza con otros grupos de derechos humanos presentaron la primera revisión integral del sistema de Vigilancia Residencial en Localizaciones Designadas (RSDL, en inglés).

Pero los datos fueron actualizados, demostrando que los abusos continúan. Desde 2013 hasta lo que va de 2021 fueron identificadas 27208 detenciones domésticas bajo el mismo modus operandi. Luego de varios meses, las víctimas son sometidas a juicio. Al salir, firman compromisos de no contar lo que vivieron en estos centros de tortura.

«Nadie sabe siquiera si estás vivo o muerto. En el proceso, el abuso y la tortura son inevitables», relató Xie Yanyi, abogada de derechos humanos en uno de los informes.

Las historias

«Siempre que me obligaban a tomar medicinas venían los guardias para asegurarse de que me tragara las pastillas. No querían que las escondiera y luego las tomara todas de una vez en un intento de suicidio», contó Liu Sixin, uno de los sobrevivientes.

Peter Dahlin, activista sueco por los derechos humanos y director de la ONG lo vivió en carne propia. “En este sistema no hay garantías; simplemente desapareces y la policía tiene derecho incluso a negar la visita de abogados y fiscales”.

Los activistas y opositores son detenidos en sus residencias, simplemente las autoridades se los llevan, con una capucha en la cabeza sin dar mayores detalles. El RSDL dura alrededor de seis meses.

«En los siguientes dos meses, además de mis medicamentos, aprendí a vomitar después de las comidas como método para liberarme del miedo y el dolor», es el relato de Li Qiaochu.

La técnica de la «silla colgada» también se pone en práctica. Denunciada por Amnistía Internacional en 2015, consiste en que la persona debe permanecer sentada y erguida, no podrá inclinarse hacia atrás ni apoyar los pies en el suelo para descansar. Mientras, las manos están esposadas. La posición provoca fuertes dolores musculares.

Los testimonios están disponibles al público, con imágenes ilustrativas, la ubicación de distintos centros en varias ciudades de China e incluso la estructura de las instalaciones. Los datos más recientes fueron presentados ante la ONU, asegura Safeguard Defenders, que se apoyó inicialmente en los grupos Network of Chinese Human Rights Defenders (CHRD), International Service for Human Rights (ISHR) y Rights Practice.

Más denuncias

Basta buscar el término «torturas en China» en internet para ver todos los casos en los que el régimen comunista ha usado técnicas contra sus enemigos. Precisamente Amnistía Internacional advertía hace seis años sobre el uso de torturas físicas, «como asestar golpes a la víctima u obligarla a mantener una posición dolorosa, o técnicas psicológicas, como la privación de sueño».

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«En China la tortura se usa para lograr dos objetivos principales: el primero, para extraer confesiones y obtener pruebas para enjuiciamientos criminales; y el segundo, para castigar», cita el portal de la organización.

Menciona el caso de un activista de nombre Yang Mingyu. «Estuvo tres días con una mano y los pies esposados a una cama como represalia por quejarse de la calidad de la comida que se le suministraba bajo custodia. En consecuencia, tuvo que comer, orinar y defecar amarrado a la cama».

Y no está de más mencionar el caso de los uigures, más que denunciado y alertado por la comunidad internacional. Aunque no forman parte del estudio de Safeguard Defenders, por ser un caso aparte, también son víctimas de abusos.

Tursunay Ziawudun pasó nueve meses en uno de los centros de «reeducación». Contó a BBC que los hombres que abusaban sexualmente de ella usaban máscaras. Pasada la medianoche recorrían las celdas y se llevaban a mujeres a áreas sin vigilancia.

El nuevo informe de Safeguard Defenders agrega «más presión» sobre la ONU y los gobiernos extranjeros para responsabilizar a China sobre su uso sistemático de desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y uso de la tortura.

«RSDL constituye estos tres métodos. El Estatuto de Roma y el derecho consuetudinario internacional clasifican este tipo de uso de la desaparición y la tortura como ‘crímenes de lesa humanidad’», finaliza el informe.

Oriana Rivas – panampost.com