Once senadores de EE. UU. se unieron en una campaña contra las violaciones de los derechos humanos que perpetra el régimen chino, y exigen el comité Olímpico Internacional (COI) que cambie la sede de los Juegos Olímpicos de 2022 a menos que se suspendan los abusos.

“Los abusos de los derechos humanos y la represión de la democracia en China están muy por debajo de la norma de la Carta Olímpica, que exige la preservación de la dignidad humana y denuncia la discriminación de cualquier tipo”, enfatizó el senador Ed Markey, demócrata por Massachusetts.

Los senadores Scott y Markley presentaron al COI una resolución bipartidista que solicita cambiar a Beijing como la sede de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022, en caso de que el régimen chino no atienda las reclamaciones sobre derechos humanos que continuamente le son demandadas.

“No se debe permitir que la China comunista sea la anfitriona de los Juegos Olímpicos de 2022 mientras que al mismo tiempo dirige campos de concentración, violando los derechos humanos y oprimiendo al pueblo de Hong Kong”, denunció el senador Rick Scott, republicano por el estado de Florida.

La resolución fue respaldada también por los senadores Jim Inhofe, Dick Durbin, Martha McSally, Doug Jones, Marco Rubio, Tom Cotton, Todd Young, Marsha Blackburn y Mike Braun.

En el mismo sentido se pronunció el senador Inhofe quien consideró descarada la opresión a la que el Partido Comunista Chino (PCCh) somete a los ciudadanos en los campos de reeducación ubicados en Xinjiang, uno de sus territorios autónomos donde son perseguidos los musulmanes uigures.

“Es inaceptable que un régimen totalitario con un claro historial de opresión sea el anfitrión de los Juegos Olímpicos de 2022, que se supone que representan la unidad y la paz”, declaró la senadora Martha McSally.

El COI ha sido objeto de protestas públicas por su incapacidad para abordar las violaciones de los derechos humanos por parte de las ciudades, los Estados anfitriones y sus contratistas privados.

A su vez, China es el escenario de múltiples violaciones a los derechos humanos, y en este sentido el régimen chino es denunciado constantemente.

En la Conferencia Ministerial para el Avance de la Libertad Religiosa celebrada en Washington el 18 de julio, el vicepresidente estadounidense Mike Pence y el secretario de Estado Michael Pompeo pidieron públicamente la libertad religiosa en China.

“En septiembre del año pasado, Chen Huixia, miembro de Falun Gong, fue sentenciado a tres años y medio de prisión simplemente por practicar su fe”, dijo Pompeo.

“China es el hogar de una de las peores crisis de derechos humanos de nuestro tiempo. Es verdaderamente la mancha del siglo”, agregó.

En la misma fecha cerca de 2.000 practicantes y seguidores de Falun Gong se reunieron en el Capitolio en Washington, pidiendo el fin de los 20 años de opresión que le aplica el régimen chino el movimiento espiritual, según Minghui, un sitio web que denuncia la persecución a esta fe milenaria basada en los principios universales de Verdad, Compasión y Tolerancia.

Desde 1.999 millones de personas han sido secuestradas, encarceladas, torturadas, despedidas de sus trabajos, expulsadas de la escuela o forzadas a quedarse sin hogar debido a su práctica religiosa.

Asimismo, se han registrado más de 80.000 casos de tortura, y miles de seguidores de Falun Dafa han sido asesinados por su fe.

José Ignacio Hermosa – BLes

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