El Partido Demócrata en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, liderado por Nancy Pelosi, decidió abandonar sus intentos por renovar la ley FISA, tras el anuncio del presidente Donald Trump, a través de su cuenta de Twitter, de que, si la misma se aprobaba, él se encargaría de vetarla inmediatamente.

“Si la Ley FISA se aprueba esta noche en el recinto de la Cámara [de Representantes], yo rápidamente la VETARÉ. Nuestro País ha sufrido el peor crimen político en su historia. ¡El abuso masivo de la FISA fue una gran parte de ello!”

Trump había expresado un día antes que esperaba un voto negativo por parte de todos los republicanos en la Cámara de Representantes, afirmando que dicha ley no debe ser renovada hasta que sea posible determinar fehacientemente “cómo y por qué se llevó a cabo el escándalo político más grande, criminal y subversivo en la historia de los Estados Unidos,” en alusión al espionaje sobre su campaña presidencial que involucra al ex-presidente Barack Obama. Este espionaje es un aspecto central de la investigación del “Obamagate.”

El tweet de Trump efectivamente alineó a los congresistas del Partido Republicano detrás del presidente y generó la caída de los artículos de la ley con próximo vencimiento. Dicha caída no fue causada por una votación (ya que los demócratas cuentan con mayoría en la cámara baja), sino por decisión de Pelosi de evitar el fracaso político que representaría un veto presidencial, tras impulsar personalmente la renovación de esta ley.

Formalmente llamada la Ley de Vigilancia de la Inteligencia Extranjera, pero denominada FISA por sus siglas en inglés, la legislación en cuestión es una ley federal propuesta por el senador demócrata Edward “Ted” Kennedy, hermano del fallecido presidente John F. Kennedy, en mayo de 1977. La misma fue aprobada por 95 votos a 1 en el Senado, y por 246 a 128 en la Cámara de Representantes, y fue promulgada por el presidente Jimmy Carter en octubre de 1978.

El órgano de aplicación de esta ley es la “Corte FISA,” una corte federal especial establecida únicamente para emitir órdenes de investigación en base a esta ley. Como la mayoría de las leyes de seguridad nacional de los EE.UU., para continuar en vigencia la ley FISA debe ser renovada (re-autorizada) periódicamente por el Congreso de los Estados Unidos. Si no es renovada, es en efecto revocada automáticamente.

Aunque la intención de la ley FISA era el rápido descubrimiento y seguimiento de espías extranjeros dentro del territorio estadounidense, esta ley ha sido desde entonces el instrumento predilecto de diversos gobiernos para el espionaje de sus propios ciudadanos, bajo el pretexto de la seguridad nacional.

En 2013, el ex-empleado de la CIA, Edward Snowden, reveló múltiples abusos del gobierno federal de la ley FISA, incluyendo una instancia en 2013 cuando el gobierno del demócrata Barack Obama obtuvo una orden de la Corte FISA que obligó a la compañía telefónica Verizon a enviarle a la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) toda la información de las llamadas de sus usuarios, la enorme mayoría de ellos ciudadanos estadounidenses realizando llamadas locales.

Poco y nada tuvo dicho uso de la ley FISA con la vigilancia de agentes de inteligencia extranjeros. De la misma forma, esta ley fue abusada, también por el gobierno de Obama, para espiar a Donald Trump y su campaña en 2016, cuando el actual presidente era el candidato del Partido Republicano para las elecciones presidenciales.

Debido a la facilidad que presenta la ley FISA de ser abusada por cualquier gobierno, durante las últimas 4 décadas han habido voces provenientes de ambos partidos en favor de reformar esta ley, o incluso revocarla. En la última década, tras las revelaciones de Snowden, el espionaje a la campaña de Trump, y decenas de otras filtraciones, las voces para “limpiar el desorden” de la ley FISA se han intensificado.

El actual presidente se ha convertido en la más prominente de esas voces. Es por esto que pidió por el rechazo a la renovación de la ley. La caída parcial impulsada por Trump de la ley FISA es sin dudas una derrota del autoritarismo estatal. Y, a pesar de que otros artículos de dicha ley continuarán en vigencia hasta el 31 de diciembre de 2023 debido a una renovación anterior, todo indica que antes de finalizar su presidencia, Trump habrá logrado eliminar de la política estadounidense este nefasto instrumento legal.

Fuente: Derecha Diario.

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