El diario estadounidense The Wall Street Journal expone que la extensión del mandato de Juan Guaidó como líder del movimiento opositor que promete restablecer la democracia en Venezuela se hunde en la burocracia

La reforma al Estatuto de Transición para prolongar por 12 meses el interinato de Juan Guaidó en Venezuela pero con menos estructura política evidencia que la alianza opositora encabezada por él se deshilacha en medio de disputas sobre cuánto poder debería ejercer y la presunta mala gestión de las empresas estatales que controla, mientras Nicolás Maduro acumula más poder y la restauración de la democracia se estanca.

De esa forma, el diario estadounidense The Wall Street Journal interpreta la votación para extender su rol como presidente encargado pero ahora con restricciones al uso de fondos correspondientes a los activos de la nación en el extranjero y la reducción en gran medida de su cuerpo diplomático. “Muchas figuras de la oposición vieron las medidas como una señal de divisiones internas cada vez mayores que fortalecerán aún más a Maduro”, indica el medio norteamericano después de señalar que ya quedó en el pasado aquel panorama de 2019 donde una coalición de partidos políticos venezolanos respaldados por Estados Unidos tenía grandes ambiciones de derrocar a Nicolás Maduro y cortar su financiamiento mediante la incautación al régimen de unos 20000 millones de dólares en activos extranjeros para administrarlos desde la otra acera.

Desafío en la Casa Blanca

Esta situación es un desafío para la Administración del presidente de EE. UU., Joe Biden, ya que Washington intenta conseguir la mejor manera de apoyar a la oposición. Hasta ahora la Casa Blanca ha dicho que aún reconocería a Guaidó como presidente de Venezuela, a pesar de la creciente presión de algunas empresas estadounidenses y acreedores en el país sudamericano para que el gobierno estadounidense vuelva a comprometerse con el régimen de Maduro y eventualmente alivie las sanciones económicas, dijeron personas familiarizadas con el asunto.

A principios de 2019, después de la reelección de Nicolás Maduro que Estados Unidos calificó de farsa, la Administración del entonces presidente Donald Trump y decenas de países dejaron de reconocer al heredero de Hugo Chávez y, en consecuencia, afirmaron que Juan Guaidó, en ese momento presidente de la Asamblea Nacional, era el líder legítimo de la nación. La idea era que Guaidó tuviera legitimidad como representante del último organismo elegido democráticamente en el país.

Ese esfuerzo por respaldar a Guaidó siempre enfrentó grandes limitaciones en un país donde Maduro mantiene el control sobre prácticamente todas las palancas del poder, desde los tribunales hasta el ejército. Aunque el líder de la oposición puede dar discursos y reunirse con simpatizantes, no tiene forma de aprobar leyes que entren en vigor o dirigir las fuerzas de seguridad. Mientras tanto, Maduro y sus aliados crearon sus propios cuerpos legislativos paralelos para aprobar normas e ignoraron a la Asamblea Nacional. La mayoría de sus miembros principales se exiliaron y las reuniones del organismo que dirige Guaidó ahora se llevan a cabo a través de la plataforma Zoom.

Sin embargo, la oposición tiene cierto poder real, incluido el control de las embajadas en países que reconocen su legitimidad y una variedad de activos en el extranjero, entre ellos las reservas de oro en el Banco de Inglaterra, Citgo Petroleum Corp, con sede en Houston, y un gran productor de fertilizantes en Colombia, Monómeros Colombo Venezolanos SA sobre la que hay múltiples controversias.

Una burocracia internacional

La administración de todos estos recursos hundió al movimiento opositor en una burocracia internacional de 1600 trabajadores con poco apoyo popular o responsabilidad dentro de Venezuela, incluso cuando operan empresas estatales en el extranjero valoradas en miles de millones de dólares.

Guaidó tenía índices de aprobación de alrededor de 15 % en una encuesta de octubre pasado de la firma Datanálisis, casi lo mismo que Maduro. Pero el número daba para varias lecturas. “No significa necesariamente que la gente piense que Guaidó es un mal tipo”, dijo el director de Datanálisis, Luis Vicente León. “Significa que no lograste las metas que prometiste y por las cuales la gente te apoyó”.

La gestión de fracasos

Razones para sustentar la postura de León existían. El WSJ recuerda que los datos de un directorio ad hoc del Banco Central, creado por Guaidó, muestran que su administración usó 130 millones de dólares de un llamado Fondo para la Liberación de Venezuela desde julio de 2020 para pagar a activistas, legisladores de la oposición y emisarios.

Por ese manejo y otros más, el mes pasado, el dirigente opositor Julio Borges renunció a su cargo como principal enviado para la política exterior y dijo que el gobierno interino debería disolverse. Desde el exilio en Colombia, Borges calificó el fracaso del movimiento para derrocar a Maduro como una vergüenza y dijo que la oposición se estaba desviando de su objetivo de cambio de régimen al luchar por activos extranjeros. Los tenedores de bonos y las empresas extranjeras quieren apoderarse de Citgo como compensación por miles de millones dólares en deudas contraídas por el régimen de Maduro.

Las acusaciones de mala gestión por parte de la oposición de la planta de fertilizantes estatal con sede en Colombia, Monómeros, que se asoma a la bancarrota, han agriado aún más el estado de ánimo.

Mientras tanto, el apoyo a la oposición ha disminuido tanto en el exterior como dentro de Venezuela. De los casi 60 países que reconocieron a Guaidó como presidente en 2019, solo Estados Unidos y unos pocos continúan haciéndolo.

Si bien muchos aliados de Estados Unidos todavía consideran ilegítimo al gobierno de Maduro, algunas naciones han decidido trabajar con el régimen para facilitar el comercio y la diplomacia. El año pasado, la Unión Europea dejó de llamar a Guaidó «presidente interino» y ahora lo considera «un interlocutor privilegiado» para las negociaciones con la dictadura. Frente a ello, Guaidó en su cuenta de Twitter vocifera que tiene su «compromiso intacto».

Un giro con presiones

Los acreedores financieros y las empresas estadounidenses con intereses en Venezuela han presionado a la Administración Biden para eventualmente aliviar las sanciones, dijeron personas familiarizadas con el asunto porque la política actual de Estados Unidos ha excluido en gran medida a las empresas petroleras estadounidenses de Venezuela y ha prohibido a los inversores negociar sobre los miles de millones adeudados por el régimen en quiebra.

Los funcionarios del Gobierno de Biden han escuchado discusiones sobre la posibilidad de depositar en fideicomisos los activos extranjeros, quitando efectivamente Citgo de las manos de Guaidó sin exponerlo a los acreedores, alerta el diario estadounidense citando a personas familiarizadas con las discusiones.

José Ignacio Hernández, un profesor de políticas públicas que diseñó gran parte de la estrategia de protección de activos de Guaidó mencionado por The Wall Street Jounal sostiene que cualquier cambio en el reconocimiento a Juan Guaidó por parte de Estados Unidos permitiría al régimen reclamar los derechos sobre los activos.

“Sería como volver a cero, algo que no podemos permitirnos”, dijo Hernández, lo cual pondría a Venezuela es una situación inusual en las batallas internacionales con los acreedores, con dos gobiernos diferentes reclamando legitimidad.

Después del derrocamiento de Saddam Hussein en 2003, Estados Unidos trabajó con el Consejo de Seguridad de la ONU para imponer prohibiciones generales a los acreedores que presentaran reclamos contra el gobierno de transición en Irak respaldado por Estados Unidos. No se ha establecido tal mecanismo multilateral para los activos venezolanos.

Y si bien la Casa Blanca ha impedido que los acreedores internacionales se apoderen de los activos venezolanos, el Tesoro de los Estados Unidos ha dejado abierta la posibilidad de otorgar tales solicitudes en el futuro si la política hacia Venezuela cambiara.

La lucha por Monómeros

Los problemas y las luchas internas de la oposición se han manifestado por el productor de fertilizantes con sede en Colombia, Monómeros. Desde 2019, los cuatro principales partidos políticos que componían la coalición de Guaidó lucharon por nombrar a los miembros del directorio de la compañía, buscando controlar los lucrativos puestos de adquisiciones en la firma, dijeron los ejecutivos actuales y anteriores de Monómeros. El acuerdo, indicaron, trajo batallas políticas a la sala de juntas de la empresa, lo que obstaculizó su capacidad para funcionar y contratar personal.

Guaidó negó haber actuado mal en la gestión de Monómeros. Pidió una investigación sobre el presunto soborno y dijo que quiere una reestructuración total de la compañía estimada en 500 millones de dólares.

A finales de octubre, una comisión investigadora especial de cinco miembros contratada por la Asamblea Nacional alegó en un informe de 51 páginas que los ejecutivos de Monómeros, algunos de los cuales habían sido nombrados por el partido de Guaidó, conspiraron con su principal proveedor, la empresa de productos químicos con sede en Connecticut, Nitron Group, para cargar la planta de fertilizantes con una deuda impagable y allanar el camino para que Nitron se haga cargo de ella en un acuerdo que el informe llamó «préstamo con opción a compra».

“Hay elementos que nos permiten creer razonablemente que personas que cumplían funciones gerenciales participaron en un esquema para la toma hostil de Monómeros”, dice el informe de la comisión investigadora.

Los dirigentes de la oposición calificaron el presunto mal manejo de Monómeros como una mancha en los esfuerzos de Guaidó para mostrar a sus partidarios internacionales que tiene la capacidad de administrar una burocracia en expansión.

“La oposición ni siquiera puede mover una chequera, y mucho menos gobernar un país”, dijo Juan Cruz, exasesor de la política venezolana de la Casa Blanca durante la Administración Trump.

Guaidó dijo que su gobierno está comprometido con garantizar que el estado venezolano no pierda el control de sus activos en el extranjero.

Gabriela Moreno – PanAm Post

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