La medida de Maduro es una “excusa” para que los trabajadores del Ministerio Público en Venezuela no intercambien información con el fiscal de la Corte Penal Internacional.

Las expectativas sobre la visita del fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, son enormes. La presión por su arribo a Venezuela también. Por eso, el régimen de Nicolás Maduro, ante el temor a que cualquier funcionario del Ministerio Público lo aborde, notificó al personal de la sede principal en Caracas que fumigarían las oficinas. Esto impide en ciertas formas cualquier intercambio de información con el alto representante de la Justicia.

La medida se filtró a través del exfiscal, Zair Mundaray, quien desde su cuenta en Twitter asegura que es una “excusa” para que los trabajadores no se presenten a sus puestos durante el paso de tres días que Khan en el país.

En incertidumbre

“Voy a escuchar y a entablar relaciones”, confesó, en entrevista con El País, el abogado oriundo de Edimburgo que asumió el cargo en la CPI en  junio, al finalizar el período de Fatou Bensouda. Sobre él recae la decisión de abrir una investigación formal a Venezuela a causa de los crímenes cometidos por las fuerzas del régimen chavista.

Al respecto, reconoce que hará “todo lo posible por respetar el Estatuto de Roma” sin dejarse influir por “consideraciones políticas ni por presiones de ningún tipo para tratar de garantizar un buen ambiente de trabajo”.

Así pretende Khan “mostrar que la justicia internacional no es remota, fuera del alcance de los civiles o de la gente del común” porque aunque admite que es fruto de “la terrible barbarie de la humanidad, también es un signo de esperanza, de que el mañana puede ser mejor que el ayer”.

En protesta 

Eso espera el Instituto Casla, que en una carta abierta le informa que “los sótanos conocidos como ‘La Tumba’ en la Plaza Venezuela fueron desocupados no hace más de 25 días, muchos presos del Helicoide fueron trasladados a otras cárceles para ocultar el hacinamiento y condiciones inhumanas en las que estaban y  varios detenidos en la Dirección de Inteligencia de Boleíta, Caracas, han sido trasladados, quedando solo aquellos a los que el régimen les tiene terror”. Mientras, la diputada Delsa Solórzano, encabeza una protesta en Altamira para exigir justicia.

Khan sabe que “no hay ningún caso sencillo porque se trabaja con genocidios, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra o crímenes de agresión” pero espera “cumplir con las responsabilidades con la justicia”.

Un cierre polémico

Clausurar el examen preliminar en Colombia que estudiaba desde hace 17 años la posibilidad de abrir una investigación por crímenes de lesa humanidad durante el conflicto armado -el proceso más largo que arrastraba la Corte- para dejar en manos del sistema de Justicia Especial de Paz (JEP) creado a raíz del acuerdo firmado en 2016 por el gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia genera perplejidad cuando existe más de un cuestionamiento por la inoperancia de esta entidad.

El funcionario dice que seguirá con sus ojos puestos sobre Colombia, con la advertencia de una posible reapertura si la justicia no llega. Ese es un panorama que no puede descartarse para Venezuela.

Ali Daniels, director de Acceso a la Justicia y profesor de derecho internacional humanitario, desde Sumarium exhorta a quienes son consideradas víctimas de lesa humanidad en Venezuela a no alarmarse ante el cierre del examen preliminar colombiano, porque  se trata de una “realidad distinta”, con situaciones “completamente diferentes”. El miércoles se sabrá.

Por Gabriela Moreno – Panampost.com

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