La dirigente opositora a través de Vente Venezuela aseguró que Guaidó perdió el objetivo de liberar a Venezuela. El pronunciamiento ocurrió el mismo día que surgieron acusaciones contra modificaciones “inconstitucionales” contenidas en el Proyecto de Ley de Reforma del Estatuto de Transición
El distanciamiento hacia la gestión del opositor venezolano Juan Guaidó es inevitable. Junto con la reciente aprobación en primera discusión por parte de la Asamblea Nacional de 2015 para una reforma parcial del Estatuto de Transición y la continuidad del interinato, también llegó un nuevo pronunciamiento de Vente Venezuela —tolda que lidera la dirigente María Corina Machado— para rechazar dicha extensión a partir del 5 de enero de 2022.
«Su ruta se agotó y perdió el objetivo único que tenía: articular la liberación de Venezuela», aseguró el movimiento político, a través de un comunicado. No faltó el énfasis en la necesidad de darle cabida a un nuevo liderazgo opositor contra la dictadura de Nicolás Maduro, tal como lo había esbozado Machado días atrás.
En ese momento, la dirigente propuso «una gran elección popular» y dejó claro que no será posible sacar del poder a Maduro «con esa conducción política». Por lo tanto, este lunes Vente Venezuela marcó distancia del proyecto de Guaidó, lleno de pugnas internas entre sus propios representantes y poca claridad en el manejo de activos venezolanos.
Ese precisamente será el foco del movimiento político. Articular nuevas elecciones para renovar el liderazgo de acuerdo al pronunciamiento difundido en Twitter. «Es el momento de constituir una nueva dirección de las fuerzas democráticas del país».
Vente adoptó una posición firme y coherente. Hoy en la AN vimos el contrasentido de quienes votan a favor de la continuidad del gobierno interino y en el mismo acto, al modificar el Estatuto para la Transición, una mayoría vota por la liquidación de la presidencia interina. https://t.co/xXQGRNrNND
— María Corina Machado (@MariaCorinaYA) December 27, 2021
En violación de la Constitución
El Proyecto de Ley de Reforma parcial del Estatuto de Transición quedó aprobado en primera discusión por la Asamblea Nacional electa en 2015. Lo mismo pasó con el proyecto de ley de Reforma parcial de la Ley del Fondo para la Liberación de Venezuela y Atención de Casos de Riesgo Vital.
En puertas está la preocupación por las potestades ejecutivas que la presidencia de la AN pretende asumir y cómo podría caer en la violación de la Constitución Nacional. La Fracción del 16 de julio y Delsa Solórzano, diputada por el partido Encuentro Ciudadano, salvaron su voto por artículos considerados inconstitucionales.
Solórzano exigió para la segunda discusión — convocada para el 30 de diciembre— modificar las normas que ponen en riesgo la constitucionalidad de la reforma, apuntó el sitio web de la AN. Aún así, respaldó la continuidad de la presidencia interina de Guaidó.
El escenario pone en riesgo el reconocimiento internacional y la protección de activos, aseguró el abogado y exprocurador especial del interinato, José Ignacio Hernández. La reforma del Estatuto de Transición ha debido avanzar en normas para mejorar la transparencia e imparcialidad en la gestión de activos, «pero el resultado es el contrario: la politización de los activos al confiarse inconstitucionalmente su gestión a la AN».
La reforma del Estatuto ha debido avanzar en normas para mejorar la transparencia e imparcialidad en la gestión de activos, pero el resultado es el contrario: la politización de los activos al confiarse inconstitucionalmente su gestión a la AN.
— Jose Ignacio Hernández G. (@ignandez) December 27, 2021
Los opacos artículos 20 y 39
La discusión sobre los cambios calificados como inconstitucionales se transforman en el nuevo dilema para la dirigencia de Juan Guaidó, sobre la cual ya pesan críticas de sus propios integrantes. Tal como ocurrió con Julio Borges al renunciar como canciller y pedir la disolución definitiva de un interinato, que cedió previamente ante la dictadura de Maduro durante el diálogo en México, que por ahora se encuentra suspendido. El pronunciamiento de Vente Venezuela es una reafirmación de dicha coyuntura y de la necesidad real de cambios en el liderazgo.
La discusión sobre la inconstitucionalidad radicaría en los artículos 20 y 39 del Proyecto de Reforma de la Ley del Estatuto. El primero referido al resguardo de activos, representación internacional y defensa de los derechos humanos; el segundo trata de la designación de la junta ad-hoc de PDVSA.
Las competencias del artículo 20 pasan a ser controladas por la Comisión Delegada en la propuesta de reforma, según una nota del portal Efecto Cocuyo. Tampoco se hace referencia a la figura del Procurador especial, responsable de los litigios internacionales en los que se disputan activos de la República como Citgo.
En este sentido, el artículo 39 también es reformado para darle atribución exclusiva a la AN de 2015 en la designación de la junta ad-hoc de la estatal petrolera, hasta ahora bajo el mando de Guaidó con el control autorizatorio del Parlamento.
«Lo que aprobó hoy la AN en primera discusión no es la continuidad del estatus del presidente encargado, sino la desnaturalización de la presidencia encargada para asumir un ‘gobierno parlamentario’ que viola la Constitución y pone en riesgo la protección de activos», fue otra de las aseveraciones del abogado José Ignacio Hernández.
Oriana Rivas – Panampost.com
