Para Esteban, el sábado 23 de noviembre era un día normal de trabajo en Patio Bonito, en el suroccidente de Bogotá. Había llegado de Venezuela a Bogotá hacía 11 meses, y vivía con su esposa colombiana. Como “nunca había tenido problemas judiciales, ni en Venezuela ni en Colombia”, se sentía seguro. Esteban ya tenía un “puestico” en donde reparaba celulares y vendía cargadores. Ya ambos pensaban en traer a su hijo de Venezuela, para conformar una familia binacional, junto con la hija de su esposa colombiana. Esteban, como los demás 58 ciudadanos venezolanos expulsados solo dos días después, nunca pensaron que su nacionalidad fuera a ser un riesgo en Colombia.

“Eran las 8 y media de la mañana cuando bajé la calle a desayunar. Vi que una patrulla de policías de casco negro con una PM (Policía Militar) estaban pidiendo papeles. Y como yo no tenía nada que temer, me acerqué, pero solo quisieron saber mi nacionalidad. Cuando vieron que, en efecto, era venezolano, me subieron a una patrulla en donde ya habían recogido a otros 30 connacionales, algunos incluso con pasaporte y permiso legal. A varios, los habían sacado de sus trabajos, e incluso de sus casas”, narra Esteban a DW.

Dos días antes, el jueves 21 de noviembre, se había llevado a cabo en Colombia un Paro Nacional, una multitudinaria protesta social sin precedentes, convocada por estudiantes, indígenas y centrales obreras, contra las políticas y las omisiones del Gobierno de Iván Duque, que lleva casi un año y medio en el poder. Pero ya antes, los intentos de deslegitimación e intimidación contra los organizadores y potenciales manifestantes eran grandes: la misma vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, trinó el 15 de noviembre diciendo que “para las protestas se viene promoviendo violencia desde afuera” y que “ya hay personas capturadas provenientes de Venezuela para afectar el orden público”. La Policía de Colombia no había presentado, ni hasta ese momento ni hasta el día de hoy, a un solo ciudadano venezolano infiltrado en las protestas del 21 de noviembre.

“Proceso selectivo, en razón de la nacionalidad”

“Hay toda una serie de irregularidades en el proceso de detención y deportación de estos ciudadanos venezolanos”, dice a DW Ligia Bolívar, exdirectora e investigadora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Andrés Bello, de Caracas. “En primer lugar”, agrega Bolívar, “el proceso de selección fue selectivo, en razón de la nacionalidad. En el momento de la detención, estas personas no estaban en ninguna marcha ni protesta, y menos cometiendo actos vandálicos. Además, ellos no estaban en grupos, sino que algunos iban caminando con un amigo o familiar, y varios fueron incluso sacados de sus casas y trabajos”.

Ese fue el caso de Danny, un chico de 20 años que hacía apenas 25 días había llegado a Colombia “a trabajar para reunir el dinero para poder estudiar”. Danny relata que “eran como las 10 de la mañana de ese sábado 23 de noviembre cuando supimos que la Policía estaba sacando de las casas de enfrente a los venezolanos que vivían allí, pero como la dueña de la casa era una colombiana, nunca pensamos que nos pasara a nosotros. Pero de pronto, los policías comenzaron a tocar duro a nuestra puerta, les abrieron, entraron, y – sin orden judicial – nos sacaron de las camas, en piyama y sandalias. Así, unas 72 horas más tarde nos dejaron en medio de la selva”.

“Los apresaron y expulsaron no por algo que estuvieran haciendo sino por lo que eran, por lo que son”, acota la experta en derechos humanos de la Universidad Andrés Bello, y prosigue que “otro hecho grave es que las autoridades se amparan en un decreto de 2015 que le da la posibilidad al Estado colombiano de llevar a cabo un procedimiento sumario, donde no hay ni derecho a la defensa ni a la apelación, y las actas son secretas. Además, ellos y sus familiares fueron engañados, por lo que las familias no alcanzaron a interponer ningún recurso. El otro agravante fue el lugar remoto por el que fueron sacados del país, ‘para que no pudieran regresar’, como dijo el entonces director de Migración Colombia”.

El 25 de noviembre, mientras los 58 ciudadanos venezolanos ya eran trasladados en un avión militar a Puerto Inírida, en la selva amazónica colombiana, limítrofe con Venezuela y Brasil, el director general de Migración Colombia, Christian Krüger, que renunciara una semana después a su cargo, anunció en los medios la expulsión “con el propósito de mantener el orden y la seguridad”.

Odisea en la selva

Los iniridenses que escuchaban las noticias de las 6 am quedaron estupefactos ante la decisión de las autoridades: ¿Un grupo de vándalos considerados un peligro en Bogotá está siendo traído a nuestra apacible localidad de 10 mil habitantes? Muchos salieron entonces de sus casas y bloquearon la pista impidiendo su aterrizaje, por lo que el avión tuvo que cambiar de rumbo hacia Puerto Carreño, a unos 262 kilómetros al norte.

“En ninguna comunidad los delincuentes son bienvenidos”, explica a DW Norbi Segura, personera municipal de Puerto Carreño, capital del departamento del Vichada. Así, los habitantes de su municipio se enteraron, pero solo después de que el avión con los supuestos “58 peligrosos venezolanos” había llegado a su ciudad. “Ante la gravedad del asunto, el gobernador del Vichada convocó a un Consejo de Seguridad extraordinario, y yo le pedí las actas de la deportación a Migración Colombia, pero la entidad se negó a presentárnoslas y a asistir al Consejo, alegando ‘discrecionalidad’”, reseña la personera.

A esa hora, la expulsión de los venezolanos pasó de ser preocupante a sospechosa: “Los venezolanos venían esposados, sin ropa, sin dinero, sin nada. Además, fueron sacados escondidos por un punto informal, cuando a 5 minutos de allí está el paso fronterizo oficial”, relata la personera quien indica que “a pesar de la rotura de relaciones entre ambos Gobiernos, los funcionarios fronterizos de Colombia y Venezuela cooperan mutuamente”, por lo que una entrega oficial al SAIME (Servicio de Migración y Extranjería de Venezuela) hubiera sido factible.

También Luis Carlos Álvarez, gobernador del Vichada, en un comunicado del 26 de noviembre, “reitera su inconformismo ante el Gobierno Nacional por la expulsión a través de un paso no autorizado por las normas de la misma Migración Colombia”.

¡Imagínese usted una emergencia y esposado en un avión!

DW recogió diversos testimonios de los expulsados con los que habló: “En el avión todos íbamos esposados, la mano izquierda del uno a la derecha del otro”, confirma Danny. Pero también Esteban cuenta que “durante los tres días que los mantuvo detenido la Policía colombiana solo recibieron dos pequeños refrigerios y no les suministraron ni líquidos ni cama ni cobijas”. Esteban mismo recibió golpes y llegó escupiendo sangre a su casa en Venezuela, otros reportan haber recibido “corriente con una pistola” que dejó varias veces a un joven arrodillado en el piso. Otros también denuncian que los policías lanzaron una granada de gases lacrimógenos al interior de la furgoneta en donde los transportaban en Bogotá. Otros relatan que “a una persona mayor, lo separaron de su niño discapacitado que quedó abandonado en una habitación en Bogotá”, así como “nunca se nos entregó el acto de nuestro proceso que nadie pudo leer antes de firmar”, denuncian los deportados que hablaron con DW.

Migración Colombia pasó finalmente a los 58 venezolanos en tres canoas sobre el rio Orinoco y los abandonó en la estepa venezolana. De los pasajeros de una canoa no se tiene aún ninguna noticia. En Bogotá circula el rumor de que algunos habrían sido asesinados por la guerrilla del ELN en territorio venezolano. Nadie lo ha podido comprobar.

“A pesar de los grandes problemas, Colombia no puede perder la humanidad”

Esteban cree que es “una injusticia” la que se ha cometido con ellos. “Lo que más ansío es regresar a Colombia y reunirme con mi esposa colombiana y su hija. Allá me sentía a gusto, incluso jugaba fútbol con un equipo”, añora. Danny, por su parte, considera que las autoridades colombianas “no deberían agarrar a inocentes para hacerle saber al presidente que ya cogieron a los vándalos”. Y si Colombia es un país inteligente, “con las tomas de las cámaras darán con los criminales”, cree el joven que quería ganar algún dinero para estudiar, pero que ahora es considerado un “peligro”.

Norbi Segura, la personera de Puerto Carreño, se mantiene firme en que “las autoridades están para defender los derechos, tanto de los connacionales como de los migrantes, garantizando el debido proceso”, y concluye que “Colombia no puede perder la humanidad, así los problemas sean grandes, porque “lo peor que nos puede pasar es ver la inmigración no como una oportunidad, sino como un gran problema”.

“La gente no quiere más odios sino más atención”

Para la socióloga Ligia Bolívar, “no hay duda de que el trato a estas personas fue inhumano y degradante y no se corresponde con las leyes internacionales”. El caso de estos 58 migrantes, así como el de otro venezolano, Miguel Calderón, deportado el 17 de noviembre, ya están siendo estudiados en la relatoría de migrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Naciones Unidas y otras instancias internacionales.

Luis Álvarez Morales, Gobernador del Vichada, también rechaza “la transgresión de los derechos y la dignidad de los demás”, sin dejar de recordar que su región tiene “grandes problemas de inseguridad, resultantes de la masiva inmigración”, por lo que pide “mayor presencia de fuerza pública y más inversión en salud, educación y en lo social”.

Por último, el politólogo Ronal Rodríguez, en su podcast virtual “Esto no es una frontera, esto es un río”, del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario de Colombia, analiza con expertos la expulsión de los venezolanos y el cambio, forzado o no, de la postura de los colombianos frente a la migración, y se preguntan aterrados “¿Nos ganó el miedo?”. En dicho espacio, los panelistas relatan los hechos de la noche del 22 al 23 de noviembre en la que se declaró “Toque de Queda” en Bogotá y cadenas de WhatsApp anónimas generaron pánico ante supuestos “vándalos venezolanos” que estarían atacando los vecindarios. Miles lo creyeron y salieron armados con palos a “defender” sus casas. Solo que los “vándalos” nunca aparecieron, porque nunca existieron. Así lo confirmó la Policía Metropolina y el mismo alcalde mayor de Bogotá. ¿Quién y por qué quiso despertar miedos, odios o estigmatizar a los ciudadanos venezolanos? Hasta ahora, nadie da razón.

El Gobierno de Iván Duque es uno de los más fervientes reclamadores del respeto al Estado de derecho en Venezuela. Su partido, el Centro Democrático, ganó las elecciones con la consigna de que “Colombia no podía convertirse en otra Venezuela”. El ejemplo empieza por casa.

Fuente: DW

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