Como legislador, Luis Lacalle Pou votó en contra de la legalización del aborto; como presidente, su gobierno tiene agenda provida

Luego de 15 años bajo el mando de un partido de izquierda que quebró la igualdad ante la ley e instauró la pena de muerte para el inocente, Uruguay empieza una transición con un mandatario comprometido a defender el primer derecho: la vida.

Luis Lacalle Pou asumió la presidencia solo días antes que la Organización Mundial de la Salud declarara la pandemia de coronavirus. En este corto tiempo su gestión se ha destacado en la región por su manejo del brote, con apenas 670 personas contagiadas, 468 recuperadas (75 % de los diagnosticados) y solo 17 muertes.

Si bien ni un solo menor de edad ha muerto por COVID-19 en Uruguay, alrededor de 10 000 mueren al año por causa de una ley promulgada cuando la izquierda gobernaba el país.

Dicha cifra fue resaltada en conferencia de prensa virtual el 4 de mayo, cuando Lacalle Pou anunció la reapertura de las actividades comerciales durante la cuarentena. Un reportero radial cuestionó al presidente sobre qué hará frente al aborto de 10 000 niños por año en un país con población decreciente. El mandatario respondió:

“…todos entendemos que Uruguay tiene que tener una fuerte protección a los niños por nacer, que hay que tener una política de desestímulo de los abortos, que el Uruguay en su Constitución y de acuerdo a los pactos ratificados entiende que hay vida desde la concepción y en ese sentido, un niño que no ha nacido tiene derechos. Esa es la visión del presidente de la República, la protección”.

Destacó que él y el Partido Nacional que representa tienen una agenda provida, tal como lo prometió durante su campaña electoral. Destacó que su rol es acompañar a las mujeres para que no recurran al aborto y así resguardar la vida del niño por nacer.

Con apenas más de 3 millones de habitantes, Uruguay, junto a Cuba, son los únicos países en la región con aborto legal, son también los únicos dos con población decreciente en América Latina.

Además, en Cuba, el aborto ha provocado esterilidad en el 50 % de las mujeres que accedieron a la práctica garantizada en el programa estatal llamado “regulación mensual”.

Es decir, la práctica incide en la baja natalidad, no solo porque niños mueren, sino por el daño causado en las mujeres.

En el viejo continente el impacto social es aún más pronunciado. En España, donde se han practicado más de 2,5 millones de abortos desde la legalización (1985), mueren más personas al año que las que nacen.

De hecho, el aborto es la principal causa de muerte en el mundo. Solo en el 2019 murieron más personas por esa causa (42 millones) que todas las víctimas de la Primera Guerra Mundial (41 millones).

Fue precisamente durante la Primera Guerra Mundial que el primer régimen de inspiración marxista se instauró y fue el primero que legalizó el aborto en el mundo: la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

A su vez, Cuba fue el primer país de Latinoamérica en legalizarlo. Bajo el yugo socialista permitió al Estado definir desde cuándo tiene valor la vida. Incluso médicos cubanos han sido apresados por denunciar que se mata ahogados a recién nacidos en los hospitales públicos.

Por eso no es sorpresa que el primer derecho, la vida, le fue arrebatado a los uruguayos durante la gestión de un gobierno socialista como el del exguerrillero José «El Pepe» Mujica, el presidente carismático que introdujo la agenda “progresista” al país.

Mediante la legalización de la marihuana, por ejemplo, Mujica vendió al mundo la idea de un país libre. Pero en realidad lo que logró fue instaurar el monopolio de la producción y cosecha de una planta. Pues lo que hizo fue “permitir” la venta de marihuana autorizada por el Estado. No aumentó la libertad del consumidor, sino el control del Estado sobre la compra y venta.

De la misma forma que no “garantizó el derecho a decidir” de la mujer, sino que vulneró el derecho a vivir de incontables mujeres (y varones). La ONU estima que para el 2035 se habrá matado a 150 millones de mujeres por razón de su sexo tras detectarlo en una ecografía.

Ahora, el flamante presidente uruguayo anunció que el programa del Partido Nacional propone modificar el régimen de adopciones, con el objetivo de “agilizar drásticamente los tiempos, garantizando los debidos procesos”. busca revertir esa tendencia. Durante la campaña electoral aclaró que su gestión tendría una “agenda de provida”. «Voy a hacer lo imposible para que no haya abortos”, exclamó.

Corte uruguaya accedió a restringir un aborto por petición del padre

El cambio en la política uruguaya responde a una población que por una década y media no se vio representada.

En el tercer poder, la justicia, la defensa de la vida responde a la Constitución de la nación y a los acuerdos internacionales, como el Pacto de San José, al cual adhieren todas las naciones hispanoamericanas salvo Cuba. Allí se prohíbe la pena de muerte y se garantiza el derecho a la vida desde la concepción. El aborto legal infringe ambas.

Respaldada en dicho pacto una magistrada falló a favor de un padre en el 2017 que intercedió para salvar la vida de su hijo, frente al deseo de la madre de abortarlo. La magistrada actuó en defensa del niño por nacer, pues reconoció sus derechos constitucionales e incluso le asignó un abogado.

Sumado a jueces como esta, ahora el niño por nacer tiene un nuevo defensor: el presidente de la nación.

Fuente: Panam Post.