El proyecto denominado “Ley Alfonso” se debatirá este mes y recibirá el apoyo de legisladores tanto del oficialismo como de la oposición para que sea ley antes de las elecciones legislativas.

Tras haber debatido y aprobado la Ley del Aborto hace apenas unos meses, cuando el país atravesaba y todavía atraviesa una de las peores crisis económicas y sanitarias de la historia, ahora el kirchnerismo quiere obtener una nueva victoria política mediante la sanción de la llamada Ley Alfonso, que legalizaría la eutanasia en Argentina.

La idea es que el Congreso nacional discuta este tema antes de fin de mes y se transforme en ley antes de las elecciones legislativas. Para que suceda esto, deberán contar con el apoyo de los suyos pero también de varios legisladores de la oposición.

En este contexto, el plan del gobierno es evitar hablar específicamente de “eutanasia” y/o “suicidio asistido”, y en su lugar, la legislación habla de introducir al sistema de salud público la “prestación de la ayuda necesaria para que el paciente pueda morir dignamente“.

Muchos dirigentes de la oposición ya anunciaron su apoyo, y están dispuestos a entregarles otra victoria legislativa al kirchnerismo incluso aunque sea apenas algunos meses antes de la elección que puede cambiar para siempre el futuro de la Argentina.

La respuesta para esto es que la grieta le sirve tanto al gobierno como a la oposición, y el tema de la eutanasia genera profundos debates en la sociedad sobre moralidad, utilitarismo y el concepto de la vida con muchas similitudes al debate del aborto. En síntesis, es un tema que divide y no es justo que se debata en un contexto de crisis.

Este proyecto surgió a partir del caso de Alfonso Oliva, quien en 2014 fue diagnosticado por Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad que ataca las centrales nerviosas, ocasiona parálisis musculares y no tiene cura.

Consciente de que su estado era irreversible, quiso morir y le pidió a su familia y amigos que apoyen el debate sobre la eutanasia en Argentina para legalizar su situación y la de tantas otras personas.

Finalmente la terrible enfermedad terminó causando su muerte en 2019, pero su familia y el famoso médico cordobés Carlos “Pecas” Soriano impulsaron el debate que llegó al escritorio de la diputada kirchnerista Gabriela Estévez, quien impulsa el proyecto.

Parte de la comunidad médica argentina y cree que con la sanción de la ley de “Interrupción Voluntaria del Embarazo” ahora se abrió la puerta para debatir una ley de “Interrupción Voluntaria de la Vida”.

Sabiendo que dicha práctica no es legal en Argentina, Alfonso fue un firme militante de la causa y antes de su muerte pudo leer uno de los primeros borradores de la iniciativa que llegará al recinto del Congreso en las próximas semanas.

Según el oficialismo, en relación a la redacción del texto se tuvieron en cuenta las legislaciones existentes en Colombia España. En tanto, esta práctica será considerada como una opción para morir de manera “digna”.

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Los requisitos que se prevén son los siguientes:

1) Que la práctica sea solicitada por pacientes mayores de 18 años, argentinos o con residencia permanente en el país.

2) Pacientes que estén plenamente capaces de sus facultades mentales. En caso de inhabilidad por progresión de la enfermedad, sólo procederá si hay directivas anticipadas del paciente acreditadas ante escribano público. Se considera que es una decisión indelegable.

3) Una persona con enfermedad grave, incurable, que le ocasione padecimientos crónicos e imposibilitantes, además de dolores que ni siquiera los cuidados paliativos los alivien. Este punto sin embargo, ha causado controversia ya que no es muy específico a qué enfermedades exactamente cubre.

En materia de controles, la ley establece que el Estado debe garantizar la posibilidad de incluir a otro profesional consultor que no sea el médico a cargo del tratamiento del paciente para asesorar en el proceso y a un conserje de salud mental para atravesar el desarrollo. Además el Estado deberá garantizar la participación de abogados, psicólogos y psiquiatras en todo el “suicidio asistido”.

Uno de los puntos más polémicos de la ley será sin dudas la objeción de conciencia. La ley permite que los médicos se nieguen a realizar un homicidio, por lo que habrá objeción de conciencia personal, pero no existirá a nivel institucional, al igual que ocurrió con la Ley de Aborto.

Esto quiere decir que si un paciente en estas condiciones pide la eutanasia, la institución de la salud, sea pública o privada, deberá proveer a la persona de un médico dispuesto a llevar a cabo la “muerte digna”.

Otro tema es que, como ocurrió con la Ley del Aborto, este tipo de proyectos entra directamente en contradicción con el artículo 4 de la Constitución Nacional, que establece el respeto a la vida y precisa: “Toda persona será protegida por el Estado en su integridad física y psíquica”.

Derechadiario.com.ar

 

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