La internacionalista Magdalena Boersner sostuvo en entrevista con PanAm Post que a tres meses de los comicios en Nicaragua “hay alineación entre las políticas de Estados Unidos y la Unión Europea para cercar a las dictaduras regionales”

Nicolás Maduro tiene un potencial sucesor en la lista de repudiados internacionales: Daniel Ortega. El complejo escenario electoral que propicia la cabeza del régimen sandinista en Nicaragua con las detenciones de todos los candidatos presidenciales, inhabilitaciones de los partidos políticos adversarios y control del árbitro comicial excava su desconocimiento por parte de la comunidad que cada día muestra menos tolerancia con los autoritarismos.

A tres meses de los sufragios en el país centroamericano “hay alineación entre las políticas de Estados Unidos y la Unión Europea para cercar a las dictaduras regionales”, sostuvo la internacionalista Magdalena Boersner en contacto con PanAm Post, porque “las estrategias no tienen fecha y hora de fiel cumplimiento. Menos cuando se trata de enfrentar regímenes”.

Los últimos anuncios de la Casa Blanca a través del secretario de Estado, Antony Blinken, al igual que del alto representante de la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, apuntan en esa dirección junto a la resolución condenatoria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos que obtuvo más votos que cualquier otra sobre Nicaragua hasta ahora.

Para Washington las elecciones convocadas para el próximo 7 de noviembre son una “maniobra autocrática” para Ortega mantenerse en el poder que perdió “toda la credibilidad”.

Con un mismo fin

La postura de la administración de Joe Biden trasciende después de la decisión del Consejo Supremo Electoral (CSE) de inhibir al partido Alianza Ciudadanos por la Libertad (CxL) por supuestas irregularidades. La medida impide a los abanderados de la tolda inscribirse en la contienda.

Del otro lado, Borrell asegura en un comunicado que el sandinismo priva a los nicaragüenses del derecho al voto “en unas elecciones creíbles, inclusivas y transparentes, de conformidad con la Constitución de Nicaragua y las leyes y normas internacionales de derechos humanos”.

Por ello, los Veintisiete condenan “la adopción de leyes restrictivas, la continua represión sistemática y la detención arbitraria de precandidatos presidenciales, líderes de la oposición, líderes estudiantiles y de movimientos campesinos, periodistas y representantes empresariales”.

Borrell es tajante en el documento. Advierte que Ortega, así como su vicepresidente, Rosario Murillo —su esposa— deben detener la “espiral autocrática y cambiar de rumbo”.

Sus llamados son claves. Llevan consigo el cuestionamiento internacional que “ya EE.UU. adelantó, en palabras de su secretario de Estado, Blinken”, apuntó Boersner. Y ese cuestionamiento puede crecer porque “se teme que manipule la votación” afirma un informe de Crisis Group.

Otro escenario

El perfil “genuflexo” de Biden impide a la internacionalista experta en la gestión de crisis, Giovanna Quina, en entrevista con PanAm Post, avizorar un acorralamiento contra Ortega similar al ejercido en contra de Maduro a través de la figura de Guaidó. Esto se debo al peso diplomático que ya representó esta medida para las naciones que se sumaron esperando una solución a la crisis, pero que después de años sigue sin un desenlace.

Este panorama es probable. Sobre todo cuando solo declaraciones contundentes, sanciones selectivas y otras medidas punitivas tienden a ser los medios preferidos de Washington para ejercer presión.

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En el caso de Nicaragua, en lugar de provocar deserciones entre los leales sandinistas o generar concesiones, las sanciones que EE UU. ha impuesto a 30 altos funcionarios desde 2018 —cuatro de ellos en la primera ronda de sanciones de la administración Biden— han llevado al régimen a atrincherarse, reforzar su peligrosa retórica izquierdista y frenar prácticamente todas las comunicaciones con sus socios occidentales.

Retirar las sanciones en contra de Nicaragua sería políticamente difícil para el gobierno de Biden, particularmente a la luz del apoyo bipartidista del que gozan en el Congreso y de la reciente escalada represiva, señaló el analista para Centroamérica de Crisis Group, Tiziano Breda.

Sin esperanzas

Pero esto tampoco parece viable cuando las reformas electorales otorgan a la a policía la potestad de autorizar o no los mítines políticos de los opositores, niega el financiamiento a los candidatos que aspiran a participar en el proceso e inhibe de facto a quienes participaron en las protestas de 2018.

La iglesia lo reprocha sin rodeos. Monseñor Rolando Álvarez de la diócesis de Matagalpa es uno. En su última homilía que “los nicaragüenses asisten a situaciones que socavan la vida en plenitud a la que tienen derecho”.

Gabriela Moreno – Panampost.com

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