La formación morada acudió a hombres de confianza del expresidente ecuatoriano para tercerizar labores de seguridad que incluían espionaje al equipo informático del partido

Sobre la tolda morada pesan señalamientos por presuntamente haber contratado un grupo de escoltas debido a la desconfianza hacia los agentes de la Policía Nacional, a quienes catalogaban en Podemos como «fascistas». No obstante, no se trató de cualquier custodia, sino de guardaespaldas al servicio del expresidente socialista de Ecuador, Rafael Correa.

Sus nombres son Ernesto Julián Ruiz Alonso y Ángel Molina, quienes se habrían reunido en tres ocasiones con líderes de Podemos. No es la primera vez que estos nombres salen a la luz. Por aquella época ambos personajes de nacionalidad española se convirtieron en noticia por su papel en la protección del expresidente ecuatoriano en Lovaina la Nueva, la ciudad belga que sirve de residencia al exmandatario prófugo de la justicia ecuatoriana. El paquete de seguridad incluía para esas fechas al menos un vehículo al servicio de Correa.

La primera reunión ocurrió en octubre de 2018, previo a las elecciones generales, porque «sabían que Podemos entraría en el Gobierno y que lideraría la coalición de Izquierdas», apuntó un dosier al que tuvo acceso OkDiario. El entonces escolta de Alberto Garzón y ahora de Correa, Ángel Molina, conversó con el secretario de Organización de Izquierda Unida (IU), Ismael González. Uno de los planteamientos fue disponer de «un órgano con el que pudieran prescindir de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado al igual que de empresas de seguridad privada que consideraban que eran de ultraderecha».

No quedó allí, el pedido incluyó la «profesionalización» de personal voluntario que se movilizaba durante las campañas electorales y realizaba labores de «control de personas» en los eventos.

Sistema de seguridad leal a la izquierda

El tema se torna más escabroso a partir de la segunda reunión, llevada a cabo en la sede del ministro de Consumo de España, Alberto Garzón, con la presencia de Francisco Pérez Esteban, responsable federal de Política Internacional de Izquierda Unida (IU), el cual posee contactos directos con «líderes y organizaciones de izquierdas en países como Ecuador, Nicaragua, Cuba o Venezuela, entre otros».

La idea de que una coalición política fungiera como propietaria de una empresa de seguridad finalmente quedó descartada. Sin embargo, no significa que el propósito haya mermado. Por el contrario, los responsables de las formaciones políticas decidieron desvincular a la coalición del servicio y que los escoltas de Correa, Ernesto Julián Ruiz Alonso y Ángel Molina, formaran la empresa R5 Personal and Corporative Services.

«La opción más factible es la externalización de dicho servicio, pero gestionada por miembros leales a la ideología de izquierda», apuntó el diario español.

Infiltración en Podemos

Para noviembre de este año el mismo portal mencionaba a Ernesto Julián Ruiz Alonso por objetivos más siniestros que comprendían el espionaje de información sensible de Podemos a la que solo tenía acceso el equipo informático de la tolda morada.

Seis personas de dicho equipo fueron despedidas por «razones disciplinarias por brechas de seguridad». Con la decisión, los líderes del partido fundado por Pablo Iglesias buscaban el control de «todos los equipos informáticos» y de filtraciones que pudieran dañar la imagen de Podemos, como investigaciones judiciales entre las que se encuentran el caso Neurona, el caso Niñera o el caso Dina-Iglesias.

La empresa R5 Personal and Corporative Services entró a escena en mayo de 2020, «clonando los discos duros de todos los equipos informáticos del partido», de modo que Podemos dispuso de toda la información digital y las posibles pistas que condujeran a presuntos filtradores, aseguraron fuentes consultadas por el medio.

Los empleados despedidos aseguraron que en enero de 2022 llevarán a juicio a Podemos en caso de no llegar a un acuerdo.

Más escándalos

Entre Podemos y Rafael Correa hay muchos otros nexos además de la seguridad proporcionada por los escoltas. Recientemente salió a la luz la adjudicación de recursos de la Embajada de Ecuador en Madrid entre los años 2012 y 2021 a empresas vinculadas con Podemos durante el gobierno socialista del expresidente ecuatoriano. El intermediario fue un testaferro que canalizó el desembolso por nueve millones de dólares.

En la mira de la Contraloría ecuatoriana también está la facturación de 2,6 millones de euros entre el exgobierno de Correa y la cooperativa de Podemos, Kimena. Según OKDiario, el desembolso se hizo efectivo mediante 14 órdenes de pago que se resumieron en ocho autorizaciones que otorgó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Quito entre 2012 y 2016 a cambio de supuestas asesorías jurídicas en materia de derecho hipotecario a los inmigrantes ecuatorianos.

Oriana Rivas – Panampost.com

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