El presidente de Perú interpuso recursos ante un juzgado de Lima para destituir al fiscal Hans Aguirre Huatuco y al coronel Harvey Colchado por liderar la intervención al Palacio de Gobierno que pretendía la captura de su cuñada Yenifer Paredes

Para proteger a su familia, el presidente izquierdista de Perú, Pedro Castillo, parece estar dispuesto a todo, incluso a abusar de su autoridad para salvarlos de enfrentar a la justicia. Así quedó en evidencia luego de que el mandatario interpusiera un recurso contra el fiscal Hans Aguirre Huatuco, del Equipo Especial contra la Corrupción del Poder, y el coronel Harvey Colchado, del Equipo Especial de la Policía Nacional de Perú (PNP), por liderar la intervención al Palacio de Gobierno que pretendía la captura de su cuñada, Yenifer Paredes –hermana de su esposa Lilia Paredes–, bajo investigación por organización criminal y tráfico de influencias.

El documento divulgado por El Comercio ya está en manos del Noveno Juzgado Constitucional de Lima, a cargo del juez Juan Fidel Torres Tasso.

Estos funcionarios, según Eduardo Pachas, abogado del presidente, irrespetaron el Palacio de Gobierno al ingresar a la zona residencial en busca de la cuñada de Castillo, alegando que el ente es «un bien jurídico en el cual se deben y están obligados a seguir un procedimiento y eso no se ha respetado».

Si el tribunal acoge el recurso, los funcionarios serán apartados de la investigación, anuncia Pachas, porque «la misma ley indica que de declararse fundado (el recurso) trae como consecuencia que esos funcionarios tienen que ser apartados de la investigación».

Una maniobra habitual

Con esta maniobra judicial a favor de su cuñada, quien se entregó hace una semana, Castillo recurre por segunda vez a la vía constitucional para cuestionar el accionar de los entes de la judicatura.

El primer uso data de finales de 2021, cuando interpuso un recurso de hábeas corpus contra la fiscal anticorrupción Norah Córdova por haber allanado el Palacio de Gobierno para incautar bienes del despacho presidencial, y otras oficinas como el área a cargo de la videovigilancia.

Por aquel procedimiento, la defensa del presidente argumentó la presunta inviolabilidad del domicilio de Castillo, pero el juez Jorge Ramírez Niño de Guzmán rechazó sus alegatos.

Sin éxito

Rendir cuentas ante la justicia parece el único camino para la cuñada de Castillo, tras el rechazo del Tercer Juzgado Constitucional de Lima, a cargo del juez John Paredes Salas, a un recurso de hábeas corpus que solicitaba su libertad.

La petición presentada por el artista plástico Julio Jove Vilca, quien en 2019 también interpuso un recurso a favor de Keiko Fujimori, quedó frustrada esta vez por imprecisiones en el documento, al citar las supuestas acciones de la fiscal de la Nación que estarían vulnerando la libertad individual de Paredes.

Una interpretación errada

El exprocurador anticorrupción, Antonio Maldonado, calificó en entrevista con El Comercio como “equivocado” el argumento del juez Raúl Justiniano para negar a la Fiscalía el acceso a las cámaras de videovigilancia del Palacio de Gobierno.

“Es una resolución equivocada a la luz de los principios que supone el Estado de Derecho; el control constitucional, el control convencional, de prohibición de zonas excluidas de ambos controles. Basadas en el mérito de la legalidad, la razonabilidad, y la legitimidad del pedido del Ministerio Público”, dijo al medio peruano.

Para Maldonado, el Palacio de Gobierno forma parte de una estructura del Estado. “No es una embajada, no es una zona excluida del control jurisdiccional, no extraterritorial, ni goza de un derecho diplomático u otro especial que impida que un órgano jurisdiccional o de investigación lleve a cabo un acto legítimo”.

Gabriela Moreno – Panampost.com

Suscríbete para recibir nuestras últimas noticias

Al enviar este formulario, acepto los términos.