Problemas con minerías, petroleras y la posibilidad de una vacancia amargan el inicio de año al presidente de Perú, Pedro Castillo.

El año comenzó con desafíos para la gestión del presidente izquierdista de Perú, Pedro Castillo, a quien enero ya le resulta amargo con los tres conflictos que retan a las habilidades de su administración, para resolver las demandas por minería, petróleo y gobernabilidad que están activas en el país y que solo él puede apaciguar.

Minería en tensión

La minera Las Bambas —segunda productora mundial de cobre de la empresa China Minmetals Corp— lidera la lista de tensiones de Castillo a inicios de 2022, a raíz de la disconformidad de diez comunidades de la provincia de Cusco, con el proceso de negociaciones que las convertiría en proveedoras.

Después de más de 24 días de bloqueo al corredor minero del sur, el 30 de diciembre, Castillo logró acuerdos preliminares con respecto al presupuesto para el saneamiento físico del corredor, asfaltado y mantenimiento de esta vía con participación de las comunidades pero los acuerdos definitivos se cerrarán en la reunión de los grupos de trabajo entre el 18 y 19 de enero y ya cuatro comunidades se retiraron.

Por ahora, ellas tendrán una mesa de diálogo aparte y con agendas distinta. Lograr un consenso será cuesta arriba cuando la salida que gestiona Castillo sería económica y dejaría latentes los puntos de la agenda comunal vinculada a acciones de mitigación de impactos ambientales.

Un caos por petróleo

En las primeras horas del 2022, en la Amazonía, una estación del Oleoducto Norperuano reportó un ataque por desconocidos que generó la fuga de crudo. El hecho se suma al marco de protestas de las comunidades de la zona por alcanzar justicia ambiental, social y económica.

A través de la plataforma Pueblos Afectados por la Actividad Petrolera (PAAP) hace dos semanas liberaron la instalación de bombeo número cinco de crudo —tomada por más de cuatro meses— luego de dialogar con el Ejecutivo y Petroperú. Pero, otros cuatro frentes —Lote 67, Lote 192, Lote 8 y Lote 95— siguen en protesta.

El acuerdo que tienen los amazónicos con la Presidencia del Consejo de Ministros es instalar una mesa técnica el 15 de enero en Iquitos. Esperan que en ese espacio se analice la agenda de los pueblos indígenas y con esa base el Gobierno proceda a su implementación. La agenda incluye la renegociación de los contratos petroleros, la homologación de la ley de distribución del canon para los distritos productores de petróleo, el tema de la Comisión de la Verdad, la remediación ambiental y el fideicomiso indígena, entre otros puntos.

La vacancia latente

“La vacancia presidencial no se descartará de ninguna manera. Lo que falta es conseguir el consenso para lograr los votos necesarios. Esto reventará en algún momento. En el Gobierno siguen un plan para instalar el comunismo, no podemos permitirlo” asegura el congresista de Renovación Popular, Jorge Montoya quien este martes 4 de enero presidirá la comisión parlamentaria que investigará el proceso de Elecciones Generales 202. La sesión será reservada según La República. 

Ya el primer intento de la oposición falló en el Congreso pero La República revela que las investigaciones de la Fiscalía por presunta corrupción de Castillo y su entorno potenciarán esta discusión que podría tener un mayor consenso en un nuevo ingreso del punto a la plenaria.

Todo ello sin contar que el último reporte de Defensoría del Pueblo indica que en el país 199 conflictos sociales. De ellos, el 64,3 % son de tipo socioambiental, rango que se mantiene desde el año 2007. La principal competencia (entre varias que coexisten) en la atención de estos recae en el gobierno nacional, con 124 casos (62,3 %); en los gobiernos regionales con 52 casos (26,1%); y en los gobiernos locales con 18 casos (9 %).  El detalle de fondo es que 133 de los casos ya presentaron al menos un hecho de violencia desde que iniciaron (66,8 %)  y 57 conflictos pasaron a etapa de diálogo después de un hecho de violencia.

Gabriela Moreno – Panampost.com

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