La Comisión de Constitución prepara un documento que limitaría la confianza al Gobierno de Pedro Castillo e impediría que avance con su propuesta de una Asamblea Constituyente para cambiar la Constitución

El presidente izquierdista de Perú, Pedro Castillo, depuró su gabinete días atrás y necesita de nuevo el voto de confianza en el Congreso, pero el parlamento prepara una ley sobre el respaldo a su Gobierno que limitaría sus facultades como primer mandatario y abre la posibilidad a una eventual destitución.

La Comisión de Constitución levanta el documento que centraría el apoyo del pleno sólo a los temas referidos a su política de Gobierno pero no a aquellos referidos a reformas constitucionales ni a competencias del Legislativo. De esta forma, el Congreso, de mayoría opositora, impediría que Castillo promueva una Asamblea Constituyente para cambiar la Carta Magna, una de sus promesas de campaña, así como un eventual cierre del Legislativo, como hizo el exmandatario Martín Vizcarra en 2019.

Para el ministro de Justicia, Aníbal Torres, «limitar la cuestión de confianza es limpiar el camino para la vacancia (destitución) presidencial» de Pedro Castillo e implica «romper el equilibrio de poderes para acabar con la democracia». Así lo aseguró en Twitter.

De acuerdo con la legislación vigente, el jefe de Estado puede cerrar el Congreso en caso de que el parlamento le niegue en dos oportunidades consecutivas el voto de confianza a su Gobierno. Esto además pondría un cerrojo que frustraría la recolección de firmas que el partido Perú Libre realiza en el país a través de los comités provinciales y distritales para solicitar un referendo que permita redactar una nueva constitución, pese a que «no hay norma que regule la neutralidad ni controle el posible intercambio de favores por una firma», revela Sudaca.

Motivos para dudar

Pedro Castillo multiplica las dudas sobre su gestión por la influencia que ejerce el fundador del partido, Vladimir Cerrón, –sentenciado por corrupción– sobre sus decisiones administrativas. Aunque se desconocen los detalles de la negociación entre ellos para remover a siete de los 19 ministros que componen el Gabinete, la cartera de Interior es “la tajada de la torta que le correspondió” a Cerrón después que este exigiera en Twitter su “cuota de poder”, asegura el exministro de interior, Fernando Rospigliosi, en El Reporte.

Y ese manejo incomoda al Congreso. Sobre todo porque “el nuevo ministro no reúne las características básicas para ser miembro del Gobierno de Castillo. Tiene una hoja de servicios que es un verdadero prontuario y es, a todas luces, un incapaz para ocupar ese importante cargo”, asegura.

Su mayor “mérito” es ser parte del bufete de abogados de los Noblecilla Olaechea –los sobrinos del denominado canciller de Sendero Luminoso, Adolfo Olaechea Cahuas–, y ser defensor de Vladimir Cerrón en el caso de Los Dinámicos del Centro y de Guillermo Bermejo, exprimer ministro de Castillo, en el proceso por terrorismo que se le sigue actualmente.

“Esa barbaridad solo puede ocurrir en el Gobierno de Castillo”, considerando que “(Luis) Barranzuela tiene más de un centenar y medio de sanciones a lo largo de su permanencia en la PNP (Policía Nacional de Perú), y más de 800 días de arresto. Solo llegó al grado de mayor porque no pudo aprobar, en varias ocasiones, los exámenes de ascenso”.

Una deliberación constitucional

«Un presidente que se aferra a un Gabinete prosenderista, que petardea nuestra economía, que nos mantiene en desgobierno y que desafía el orden democrático a cada momento tiene una evidente y grave incapacidad moral permanente para gobernar», señala Yesenia Álvarez Temoche, presidente del Instituto Político para la Libertad (Perú).

Para ella, «es constitucional que el Congreso evalúe declarar la incapacidad moral del presidente y a partir de allí la vacancia del cargo». Sin embargo, la presidente del Consejo de Ministros de Castillo, Mirtha Vásquez, admite que en el palacio hay “preocupación por la aprobación por insistencia del dictamen”. A su juicio, “es importante revisar la regulación de esta figura, pero también es fundamental garantizar una deliberación adecuada”.

Desde su cuenta de Twitter sostiene que “este dictamen podría alterar el principio democrático de balance de poderes, lo cual afecta seriamente al Estado de Derecho”.

A ella le corresponde reunirse con las bancadas en el Legislativo antes de pedir la confianza para el nuevo Gabinete que encabeza y en esas rondas espera encontrar “una fórmula normativa equilibrada que disipe los temores y corresponda a las reglas democráticas”. Nadie sabe hoy si lo logrará.

Gabriela Moreno – Panam Post

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