La dictadura de la Corte Suprema continúa y ordena la desmonetización y censura de periodistas, activistas y otras personalidades de derecha pro-Bolsonaro.

El inspector general del Tribunal Superior Electoral (TSE), ministro Luis Felipe Salomão, ordenó, este lunes 16, la desmonetización de varios canales de la derecha brasileña en las redes sociales y limitó el alcance de sus publicaciones. Esta decisión se suma a una serie de investigaciones sobre “Fake News”, “actos antidemocráticos” y “milicia digital” que determinaron la prisión de varios bolsonaristas por “crimen de opinión”.

El documento firmado por el ministro Salomão, quien fue designado al Tribunal Superior de Justicia (STJ) por el ex presidiario Lula Da Silva, determinó que las plataformas Facebook, Instagram, Twitch, Twitter y YouTube deberán suspender la monetización de los canales investigados por presunta difusión de noticias falsas sobre las elecciones en Brasil. El alcance de todo el material publicado también será reducido.

Según la decisión, los montos que serían transferidos por las plataformas a estos canales no estarán disponibles y serán depositados en una cuenta judicial hasta el final de las investigaciones.

Entre los afectados se encuentran los perfiles y canales Universo, de Roberto Boni; Ravox, de Adilson Nelson Dini; Giro de Notícias, de Alberto Junio da Silva; Terça Livre, de Allan dos Santos; Te Atualizei, de Bárbara Zambaldi Destafani; Direto aos Fatos, de Camila Abdo; Vlog do Lisboa, de Fernando Lisboa da Conceição; y las cuentas de los periodistas Alan Lopes, Emerson Teixeira, Marcelo Frazão de Almeida y Oswaldo Eustáquio; el movimiento Nas Ruas y los diarios Folha Política y Jornal da Cidade Online.

En una entrevista a la radio Capital Notícias, el martes 17, Bolsonaro criticó la resolución. “El inspector del Tribunal Superior Electoral está ordenando la desmonetización de las páginas de quienes dicen que las urnas no son confiables o que necesitan una forma de auditar. Pocas personas tienen el coraje o la oportunidad de decir la verdad. Tenemos que resistir, no podemos aceptar dictaduras en Brasil”, dijo el mandatario en cierto momento de la entrevista.

La caza al sector bolsonarista

La persecución política hacia los conservadores y liberales no es algo novedoso. Desde que Jair Bolsonaro asumió como presidente en el 2019, sectores opositores al gobierno, incluyendo el Supremo Tribunal Federal (la Corte Suprema de Brasil, más conocido por sus siglas en portugués STF) han realizado investigaciones, acusaciones y prisiones arbitrarias a todo aquel que se exprese diferente al pensamiento de la izquierda brasileña.

En abril de 2019, el juez supremo Dias Toffoli, designado por Lula Da Silva para el STF, dio inicio a la investigación de las “Fake News“, que busca penalizar las fuentes de las supuestas noticias falsas, las amenazas y las infracciones que pueden constituir calumnias, difamaciones e insultos contra los miembros de la Corte Suprema.

Con una orden de allanamiento e incautación, alrededor de veinticinco personas, todos de derecha, tuvieron sus casas invadidas por la Policía Federal. Entre ellos, empresarios, diputados, activistas, periodistas, influencers y youtubers pro-Bolsonaro. Al mismo tiempo, se rompió el secreto bancario de cuatro empresarios sospechosos de “financiar noticias falsas“.

El entonces Ministro de Educación, Abraham Weintraub, y el presidente Bolsonaro también pasaron a ser investigados por esta causa. Weintraub por su polémica frase en la reunión de gabinete: “Por mí, pondría a todos estos delincuentes en la cárcel. Empezando por el STF”, y Bolsonaro por un vivo que realizó y en el cual presentó indicios de fraude electoral, lo que fue considerado por la Corte Suprema como un “atentado contra las instituciones democráticas”.

En la misma línea, los jueces de la Corte Suprema iniciaron otra investigación contra la ala derechista por supuestos “actos antidemocráticos”. La investigación buscaba la existencia de una supuesta red coordinada que defendía ideas como la clausura del Congreso Nacional y del STF. Al igual que en la de las Fake News, hubo allanamientos, incautaciones y rotura del secreto bancario de algunos investigados.

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La investigación de los actos antidemocráticos fue archivada en julio de este año, pero a la vez el relator de todas las investigaciones, el juez izquierdista Alexandre de Moraes, determinó la apertura de otra investigación sobre “milicias digitales” para identificar la acción de grupos organizados que buscan atentar contra la democracia y el Estado de derecho democrático.

Desde el inicio de todas la investigaciones, la derecha ha sufrido prisiones arbitrarias por parte de la Corte Suprema, entre ellas, la de la activista Sara Winter, que fue liberada con el archivamiento de la investigación de los actos antidemocráticos, después de un año presa; la del periodista Oswaldo Eustáquio que, aunque ya no está más preso, quedó parapléjico luego de haber sufrido un accidente en su celda; la del diputado Daniel Silveira (PSL) que sigue preso tras haber hecho un video criticando los jueces de la Corte Suprema; y la del ex diputado y presidente nacional del Partido Laborista Brasileño (PTB), Roberto Jefferson, el último preso político de la Corte Suprema y que permanece en la cárcel.

Con las elecciones presidenciales aproximándose, peligran los perfiles y canales bolsonaristas. Mientras el mandatario brasileño estudia una posibilidad de frenar estos atentados a la democracia sin salirse de las cuatro líneas de la Constitución Nacional, los jueces de la Corte Suprema siguen interfiriendo en los demás poderes y pisan sobre eso que algún día ellos prometieron defender.

Por Maria Laura Assis para Derechadiario.com.ar