El Ministerio Público de Perú abrirá una investigación preliminar policial contra el candidato izquierdista a la presidencia, Pedro Castillo, por los presuntos delitos de falsa declaración en procedimiento administrativo, falsedad genérica y falsedad ideológica en su hoja de vida presentada para la contienda.

Según la disposición, el abanderado del partido Perú Libre ha “omitido dolosamente declarar que ostentaba el cargo de gerente general del Consorcio Chotano de Inversionistas Emprendedores”, indica El Comercio.

La fiscal provincial penal, Elizabeth Figueroa, será la encargada de la investigación y ya determinó que tendrá un plazo de 30 días y estará a cargo de la División de Investigación de Denuncias Derivadas del Ministerio Público.

También dispuso una serie de diligencias como recoger la declaración del aspirante a la Casa de Pizarro y la del procurador público del Jurado Nacional de Elecciones para la “remisión del expediente (padrón informativo) de inscripción de Pedro Castillo”.

En paralelo, solicitará al Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado información sobre su Consorcio Chotano de Inversionistas Emprendedores.

Dos denunciantes

Esta averiguación es fruto de la denuncia que el periodista Alfredo Vignolo presentó ante el Ministerio Público después de constatar que ingresando a la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), Castillo aparece como gerente general del Consorcio Chotano de Inversionistas Emprendedores JOP S.A.C. –compañía dedicada a la construcción de edificios– desde el 3 de julio de 2017.

Apegado a la Ley de Organizaciones Políticas de Perú que señala en su ítem 23.6 que “en caso de que se haya excluido al candidato o de que haya trascurrido el plazo para excluirlo, y habiéndose verificado la omisión o falsedad de la información prevista en el párrafo 23.3, el Jurado Nacional de Elecciones remite los actuados al Ministerio Público”, Vignolo asegura que no podía ser “cómplice” cuando la normativa es clara.

A su querella –que le costó amenazas de muerte y el hackeo de sus redes sociales– se sumó la de la congresista Yeni Vilcatoma de la Cruz, quien sostiene que Castillo “por faltar a la verdad, como ha sido en otros casos, merece un reproche penal y una sanción ejemplar, para todos los que engañan a la población. Dijo que solo era un profesor, hecho que en todo sentido es falso”, divulgó en su cuenta en Twitter.
 

Castillo se complica

Esta irregularidad se conoce al mismo tiempo que Castillo baja a solo tres puntos de ventaja con su adversaria de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. El candidato de Perú Libre llega al 44 %, mientras que la hija del expresidente Alberto Fujimori trepa al 41 %, de acuerdo con el primer simulacro de votación de Datum.

Pero ese no es el único problema que le complica el escenario. La representante legal de su partido, Ana María Córdova, reconoció que sobre ella pesa una sentencia por presentar firmas falsas al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para inscribir a la formación política.

Córdova justificó su accionar afirmando que “solo cumplía con la presentación de un material que era trabajado por cientos de personas”.

El periódico local Perú21 reveló que la abogada del partido había sido sentenciada en 2018 a cuatro años de prisión en suspenso por el hecho que tuvo lugar en 2013 y que fue calificado como uso de documento falso.

Gabriela Moreno – Panampost