Venezuela rechazó la expulsión del ciudadano Carlos Manuel Pino García, quien trabajó como asesor de la embajada de Venezuela en Colombia, por parte de las autoridades colombianas y anunció la expulsión de un cónsul colombiano.
Así se tomó la decisión “en aplicación del principio de reciprocidad, expulsar del territorio nacional al ciudadano colombiano Juan Carlos Pérez Villamizar, quien se encuentra en Venezuela ejerciendo funciones consulares sin contar con la acreditación correspondiente de la Cancillería venezolana en abierta violación a las Convenciones internacionales que rigen la materia”.
La medida se da en razón “al reciente secuestro, por parte de las autoridades colombianas y expulsión arbitraria” de Pino, señala el comunicado.
“El ciudadano en mención no goza de inmunidad diplomática ya que no se encuentra acreditado como tal ante el gobierno colombiano”, señaló el miércoles, Migración Colombia en relación a las razones de la expulsión del venezolano Carlos Manuel Pino García.
Sin embargo, el gobierno venezolano señala que Pino es funcionario acreditado de la Misión Diplomática venezolana en Bogotá.
El Tiempo, un medio de comunicación de Colombia, publicó un documento en el que se demuestra que Carlos Manuel Pino García asesoraba la misión diplomática de Venezuela en Colombia, afirma el diario.
La decisión de la expulsión se dio por el conocimiento de un informe, enviado por una autoridad competente, en el que se puede constatar que “esta persona puede alterar el orden público, la seguridad nacional y la tranquilidad de todos y cada uno de los colombianos”, informó el director de Migración Colombia, Christian Krüger Sarmiento, en una rueda de prensa.
El medio el Tiempo estableció que a “organismos de inteligencia llegó información que señala que Pino, de 62 años, venía asistiendo a reuniones con ciudadanos cubanos, nicaragüenses y bolivianos, en las que se habrían tejido planes de desestabilización del orden público en Colombia”.
El diario también agrega que el venezolano expulsado “estaría presuntamente vinculado a grupos que realizan seguimiento por redes abiertas a las actividades del Tribunal de Justicia en el Exilio, en cabeza de la fiscal Luisa Ortega”.
El gobierno venezolano también instó a Colombia a “respetar las convenciones internacionales a las que voluntariamente se ha suscrito”, especialmente con las misiones diplomáticas.
La esposa de Pino, Gloria Flórez, negó las acusaciones y denunció en Twitter “la detención arbitraria de mi esposo Carlos Pino García por oficiales de la Policía Nacional y funcionarios de Migración Colombia. Hago responsable a las autoridades colombianas por mi integridad, la de mi esposo y la de nuestro hijo”.
Según el medio radial LA FM, Flórez quien es exsecretaria de gobierno de Gustavo Petro y excandidata al Senado, señaló que Pino “no es asesor de prensa, el cargo oficial que tenía mi esposo es asesor político de la embajada”.
“Yo creo que lo que está buscando Migración Colombia, es usar el caso de mi esposo, como un caso para afectar la relación entre dos países. Vamos a iniciar unas acciones legales porque aquí hay derechos vulnerados”, añadió.
Pino fue abordado por la policía en las calles de Bogotá, el miércoles, mientras dejaba mal estacionado su auto.
El comunicado de Migración Colombia dice que de acuerdo a las leyes colombianas, “al señor Pino García se le han respetado todos sus derechos constitucionales que incluyen la oportunidad de contactarse con las personas que consideró convenientes para exponer su situación”.
La expulsión de Pino es por un periodo de 10 años y, si regresa, requiere visa para ingresar de nuevo al país.
Por su parte, Pérez Villamizar tiene un plazo de cuarenta y ocho horas para abandonar Venezuela.
A través de Voz de América
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