Un informe presentado este martes da cuenta de 48 casos que reúnen las 116 ejecuciones extrajudiciales mejor documentadas por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) de El Salvador entre 2014 y 2018.

Este es el primer documento elaborado por una instancia estatal en el país centroamericano que da cuenta de un patrón de ejecuciones extrajudiciales atribuidas a la Policía Nacional Civil, fenómeno denunciado constantemente por las organizaciones sociales y las Naciones Unidas.

De acuerdo con la procuradora de Derechos Humanos, Raquel Caballero, el estudio deja ver un patrón de “uso excesivo de la fuerza”, plantea la necesidad de una “depuración” del cuerpo de seguridad y de la “creación de una política criminal integral” que aborde estos hechos.

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“Tienen que funcionar las instituciones de tal manera que los responsables de estos hechos se lleven ante la Justicia”, subrayó Caballero.

Versiones refutadas

Según la procuradora adjunta para Migrantes y Seguridad Ciudadana de la PDDH, Beatriz Campos, la mayoría de estas muertes fueron atribuidas por las autoridades policiales a enfrentamientos armados con supuestos pandilleros.

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No obstante, Campos señaló durante la presentación del informe que “los indicios contradicen la versión del enfrentamiento armado y apuntan a que las víctimas fueron ajusticiadas cuando ya habían sido sometidas”.

Añadió que al menos una tercera parte de las personas ejecutadas fueron torturadas previamente por los agentes de la Policía.

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