Un polémico proyecto de ley propuesto por el senador demócrata de Virginia, Dick Saslaw, despojaría de la protección por parte de los padres o de un juez a las menores, al impulsar un proyecto de ley que les permitiría abortar sin el consentimiento de ellos, en la jurisdicción de su estado.

La propuesta “elimina el requisito de que una menor embarazada que busca un aborto obtenga el consentimiento de los padres o la autorización judicial”, según cita Daily Wire del 22 de noviembre.

De ser aprobado eliminaría también la obligación de que las jovencitas se hagan tomar un ultrasonido transabdominal fetal antes del aborto.

Igualmente pretende que los establecimientos donde se practiquen abortos no sean considerados como hospitales para que no tengan que cumplir los estándares mínimos que deben ser implementados por ellos.

Las leyes existentes procuran que los abortos se realicen de manera más segura y apoyan a las menores que están considerando el procedimiento, incluso si buscan una exención judicial para eludir la provisión de consentimiento.

“Creo que los padres tienen un derecho fundamental en la crianza de sus hijos”, dijo la representante Erin Grall, del estado de Florida, Estados Unidos, según Tampa Bay Times, al impulsar otro proyecto de ley que prohibiría a un médico realizar un aborto en una menor a menos que tenga el consentimiento de los padres.

Por otro lado, Judicial Watch, una fundación que lucha por la rendición de cuentas y la integridad en la ley, la política y el gobierno, reveló documentos que muestran las conversaciones entre el gobernador de Virginia Ralph Northam y la multinacional abortista Planned Parenthood.

Northam defendió otro proyecto de ley presentado por la representante estatal Kathy Tran, según el cual se permitiría el aborto incluso durante el parto. Asimismo, el gobernador repite los temas abortistas que le suministra la organización especializada en abortos en todo el mundo.

La relación entre el gobernador y Planned Parenthood no es reciente, esta le aportó 3 millones de dólares para la campaña del 2017, y NARAL Pro-Choice, una organización que se opone a las restricciones sobre el aborto y procura ampliar el acceso a él, contribuyó con 20.000 dólares más.

Estas relaciones entre el gobernador de Virginia y las entidades que obtienen beneficios del aborto deberían ser motivo de preocupación según postula National Review.

José Ignacio Hermosa – BLes

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