Un enviado de la ONU se reunió con la presidente interino de Bolivia para encontrar una salida a la crisis política del país, mientras que el organismo mundial expresó su preocupación de que la situación podría “salirse de control” en medio de un creciente número de muertos.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó a través de Twitter que el número de muertos en Bolivia se elevó a 23 y a 715 el de heridos. “Se totaliza por lo menos 23 personas muertas y 715 personas heridas desde el inicio de la crisis institucional y política”, informó esta entidad en Twitter.

Los datos fueron actualizados, según detalló, después de los 9 muertos registrados en choques entre cocaleros afines a Evo Morales y fuerzas del orden el pasado viernes cerca de la ciudad de Cochabamba, en el centro de Bolivia, en la jornada más trágica desde el comienzo de la crisis.

Por medio de las redes sociales empezó a circular un video en el que una madre identifica el cuerpo de su hijo fallecido durante las manifestaciones en Bolivia.

En el video se puede observar a la madre entre varios cadáveres cubiertos con una cobija al tiempo que grita: “¡Despierta, papito! ¡Despiértate, papito!, ¿Estás durmiendo, papito?, No me digas que estás muerto!”, y luego se arrodilla frente a su hijo.

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Por su parte, el Gobierno transitorio de Bolivia aseguró que el decreto que exime de responsabilidad penal a policías y militares cuando actúen en condiciones de necesidad y bajo legítima defensa, no es una “licencia para matar” y que se enmarca en la Constitución y las leyes del país.

En una rueda de prensa en el Palacio de Gobierno de La Paz, el ministro interino de la Presidencia, Jerjes Justiniano, manifestó que la medida dictada el pasado viernes “no contribuye a ningún estado de mayor violencia” sino que es un instrumento para “contribuir a la paz social”.

Justiniano explicó que el decreto autoriza a que los grupos de seguridad, Policía y Fuerzas Armadas, “puedan actuar en cumplimiento y el resguardo del orden”. La normativa establece que el funcionario que participe en operativos de resguardos “está exento de responsabilidad penal” cuando actúe “en legítima defensa o en estado de necesidad” y bajo los criterios de “legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad”.

Con información de DW

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