Redacción BLes – La oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) criticó la reciente ley aprobada por el gobernador de Washington la cual declara al estado como ‘santuario‘ y -a través de un comunicado- publicó el listado de criminales y violadores protegidos por la ley, de acuerdo a Fox News.

En los siete casos publicados, el ICE solicitó la detención de criminales extranjeros ilegales que estaban recluidos en cárceles locales y que podrían conseguir una amnistía con la nueva ley, trayendo como resultado consecuencias desastrosas.

Uno de los ejemplos citados fue el caso de Rosalio Ramos-Ramos, quien fue puesto bajo arresto el año pasado por asesinato y desmembrar a una persona. Pese a la solicitud del ICE para la detención del implicado y para que se notificara su liberación, finalmente fue liberado de una cárcel de Washington.

Otro de los casos es el de Martín Gallo-Gallardo, un hombre que asesinó a su esposa y fue puesto en libertad meses después por funcionarios de una cárcel en el condado de Clackamas, Oregon, ignorando nuevamente la solicitud del ICE que pedía la detención del individuo y su notificación de liberación.

El caso más reciente es el de Francisco Carranza Ramírez, un inmigrante que fue declarado culpable de violar a una mujer en silla de ruedas en la ciudad de Seattle. El implicado fue sentenciado a tiempo cumplido y luego fue puesto en libertad bajo la condición de que se deportara a sí mismo directo a su país de origen, informó Fox News.

Oficiales del condado de King, declararon que el hombre finalmente retornó a México, pero que antes participó nuevamente de otra agresión a la víctima.

En ese sentido, las políticas estatales establecidas por el gobernador Jay Insleen del partido demócrata, apuntan a inhabilitar las decisiones de las autoridades sobre el estado migratorio de aquellos inmigrantes que ingresen a Washington.

De acuerdo con el medio informativo Mundo Hispano, Bob Ferguson, fiscal general de Washington, planea desarrollar normativas específicas para establecer en el gobierno estatal tales como juzgados y hospitales que impidan a los agentes federales el registro de inmigrantes indocumentados.

La normativa también prohíbe a las agencias policiales preguntar a las personas sobre su estatus migratorio o lugar de nacimiento a menos de que tenga antecedentes penales. Así mismo, las cárceles locales y estatales no podrán cumplir con las solicitudes de detenciones solicitadas por las autoridades federales de inmigración.

Tales decisiones por parte del estado de Washington se suman al intrincado panorama actual de inmigración descrito por el gobierno federal como una verdadera crisis nacional. El presidente Donald Trump, ha instado a los demócratas a cambiar las leyes de inmigración, las cuales se niegan a reportar a los agentes federales el estado migratorio de quienes son detenidos y que plantea otras ‘lagunas legales‘ de las cuales se pueden valer los delincuentes.

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