LA PAZ, Bolivia — En pleno pico de la crisis social y política que golpea a Bolivia, el gobierno transitorio y grupos movilizados afines al expresidente Evo Morales buscaban abrir negociaciones tras dos jornadas de protestas violentas.

El ministro de la Presidencia, Jerjes Justiniano, era esperado en la ciudad de Cochabamba, en el centro del país, que vivió dos días de violencia entre fuerzas seguridad del ejército y la policía con cocaleros del Chapare, bastión de Morales.

Hasta ahora, los esfuerzos para declarar una tregua no han dado resultados. Mediadores de Naciones Unidas, la Unión Europea y la Iglesia católica buscan acercar a las partes.

Desde que estalló la crisis, al menos 23 personas han muerto y más de 700 fueron heridas según un informe del Defensor del Pueblo.

La presidenta interina Jeanine Áñez no ha logrado frenar la confrontación callejera. Emitió un decreto que exime de responsabilidad penal a los militares que apoyan las tareas de seguridad interna.

“Artículo 3: El personal de las Fuerzas Armadas que participe en los operativos para el restablecimiento del orden interno y estabilidad pública estará exento de responsabilidad penal cuando en cumplimiento de sus funciones constitucionales, actúen en legítima defensa o estado de necesidad, en observancia de los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad, de conformidad con el Artículo 11 y 12 del Código Penal Ley 1760 y el Código de Procedimiento Penal”, explica el artículo.

La crisis estalló al día siguiente de las elecciones del 20 de octubre. Primero fueron protestas en las ciudades en contra de Morales, al que acusaron de montar un fraude electoral para reelegirse a un cuarto mandato. Tras la renuncia del mandatario el pasado domingo, ahora son sus seguidores que están movilizados en las calles y han bloqueado carreteras.

Desde México, donde se halla asilado, Morales ha llamado a sus bases a movilizarse, lo que llevó al gobierno a plantear un reclamo al Ejecutivo mexicano.

Las protestas obligaron a Morales a dimitir aduciendo golpe de Estado tras perder apoyo de la policía y de las fuerzas armadas después que una auditoria electoral de la OEA recomendara repetir los comicios tras comprobar irregularidades y falta de transparencia.

Los cortes de carretera están provocando escasez de combustibles y alimentos en las ciudades, principalmente a La Paz, donde se amontona la basura en las calles. Los mercados están desabastecidos mientras frutas y verduras se pudren en las regiones productoras, según diversos testimonios.

“Estamos viendo el fin de un ciclo político que duro casi 14 años (gobierno de Morales) que está provocando incertidumbre y desorden y la transición podría prologarse hasta que emerja un nuevo proyecto político”, según el profesor de ciencias políticas en Bolivia, Marcelo Silva.

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Categorías: América

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