La Corte Suprema de Estados Unidos estudia dos casos en los que deberá pronunciarse sobre si permitir o no que sean revelados los registros financieros del presidente Donald Trump, lo que podría violar su derecho a la inmunidad presidencial.

“El procesamiento penal de un presidente en ejercicio viola [la Constitución]. Demandar al presidente por medio de un procedimiento penal es paralizar el funcionamiento de todo el aparato gubernamental, tanto en asuntos exteriores como internos”, dictamina un memorando del Departamento de Justicia de 1973, que fue invocado por los abogados del presidente Trump, según The Daily Caller del 15 de noviembre.

Por un lado, el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, a petición de legisladores demócratas, requirió a Mazars USA LLP, la empresa de contabilidad que gestiona las declaraciones de negocios de la Organización Trump y las declaraciones de impuestos personales del presidente, los registros financieros de su cliente por un periodo de ocho años, que son los de su interés.

La solicitud del Comité está motivada por las declaraciones de Michael Cohen, antiguo ayudante del presidente, según las cuales este a veces inflaba los activos u ocultaba los pasivos para satisfacer las necesidades financieras del momento.

Frente a esta demanda el mandatario actuó tanto contra el Comité como contra Mazars argumentando que no existe un “propósito legislativo legítimo”, para revelar la información y que se trata de una investigación criminal que no cae dentro de la jurisdicción de ese cuerpo del congreso.

No obstante, el juez de distrito Amit Mehta se puso del lado de los demócratas y aprobó la entrega de los datos contables. Posteriormente el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Circuito de Washington D. C. se negó a revisar este fallo emitido el 13 de noviembre, de acuerdo con Los Angeles Times.

En esta ocasión el juez David Tatel respondió que la citación a Mazars era válida por ser importante para “determinar la idoneidad de la legislación para abordar problemas potenciales dentro de la rama ejecutiva y el sistema electoral”, según The Daily Caller.

Por su parte el presidente Trump solicita a la Corte Suprema que suspenda inmediatamente la decisión del Circuito de Washington D. C. permitiendo que sus registros financieros sigan privados.

“Sin una suspensión, Mazars revelará los registros del [presidente Trump] al comité, argumentando este caso y destruyendo irrevocablemente su derecho legal a mantener la información confidencial”, dice la solicitud, citada por la misma fuente. 

Por otro lado, en el otro caso el Fiscal de Distrito de Manhattan, Cyrus Vance, requirió también a Mazars mientras investiga posibles pagos del mandatario a Stephanie Clifford, una actriz de cine pornográfico, y a la exmodelo de Playboy Karen McDougal, con quienes se supone que el presidente estadounidense sostuvo relaciones sexuales.

Dado que un juez federal de primera instancia y el Tribunal de Apelaciones del 2do. Circuito de los EE. UU. negaron la petición del presidente para impedir esta citación a Mazars, los abogados del mandatario apelaron ante el Tribunal Supremo el 14 de noviembre.

“Hemos presentado una petición ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos para que se anule la decisión del 2do. Circuito con respecto a una citación emitida por el fiscal de distrito del condado de Nueva York”, dijo Jay Sekulow, abogado del presidente. “La decisión del 2do. Circuito es errónea y debe ser revocada”, citó Los Angeles Times. 

Se espera que el primero de los casos sea resuelto en poco tiempo, en tanto que el segundo podría estar presentando los resultados el año siguiente. Estas demandas se consideran históricas por su trascendencia.

Tales acusaciones amenazan el equilibrio de poder entre el gobierno federal y los estados, y potencialmente someten a un presidente en funciones a abusos por parte de fiscales de distrito políticamente motivados, según lo argumentado por el equipo jurídico del mandatario.

José Ignacio Hermosa – BLes

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Temas: Categorías: América EE. UU.

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