Ante el Consejo Permanente de la OEA reunido este jueves para evaluar denuncias de violaciones a los derechos humanos en Nicaragua, el secretario general Luis Almagro dijo que, ante la situación que se presenta en el país centroamericano, “nos vemos obligados a pensar aplicación de Carta Democrática Interamericana”.

La CIDH también denunció que se han cometido crímenes de lesa humanidad y recomendó aplicar el documento que contiene la columna vertebral de los valores que impulsa la OEA para proteger las democracias en la región. A esta recomendación también se unió Estados Unidos, a través de su embajador en la OEA, Carlos Trujillo.

La última vez que se invocó fue durante el gobierno de Enrique Bolaños, en 2004, cuando el actual presidente Daniel Ortega era un político opositor.

Al respecto, el representante de Nicaragua, Luis Ezequiel Alvarado, rechazó la posición expresada por Almagro, a quien señaló que “además de extralimitarse, agrede los prototipos y principios que está obligado a defender. Por lo tanto, estas declaraciones lo descalifican de ser secretario de la OEA, cargo al cual debe renunciar”.

Y llamó al resto de países, un “ministerio de colonia”. Afirmó que la carta es clara en cuanto a la defensa de la ciudadanía, pero ninguna de sus disposiciones le permite ingerir en la soberanía, en este caso, nicaragüense.

Almagro agregó que los nicaragüenses han sido despojados de todos los medios de denuncia y justicia y que hay un error de comprensión grave y simple negación de los hechos por parte del gobierno.

“Asuman su responsabilidad, sea dignos; han perdido la credibilidad en la comunidad internacional; no pierdan la dignidad revolucionaria que alguna vez tuvieron (…) No se escuden en discursos infantiles que los desacreditan a ustedes mismos”, señaló.

También afirmó que de continuar presentándose delitos de lesa humanidad, los ejecutores serán detenidos y juzgados por dichos crímenes.

Informe de la CIDH

En el marco de una sesión extraordinaria, la cual se llevó a cabo en el Salón Simón Bolívar de la sede de la OEA en Washington D. C., se ​presentó el informe de la CIDH sobre la crisis en Nicaragua y la vicepresidenta de la comisión, Esmeralda Arosemena de Troitiño, dijo que el informe final considera que la respuesta del estado a manifestaciones se dio en el marco de un ataque “generalizado y sistemático contra la población civil y el estado de Nicaragua” y aseguró que tiene conductas “que deben considerarse crímenes de lesa humanidad”.

Más adelante añadió que catalogar la sistemática violación de derechos humanos en Nicaragua como crímenes de lesa humanidad abre las puertas para llevar los casos ante tribunales internacionales como la Corte Penal Internacional.

Arosemena advirtió que la crisis iniciada el pasado 18 de abril ha dejado “325 muertos, más de 200 heridos, 550 personas detenidas y enjuiciadas; el despido de 300 profesionales de la salud y la expulsión de al menos 80 estudiantes de la Universidad Autónoma de Nicaragua”.

Asimismo, la funcionaria señaló que 24 niños, niñas y adolescentes habrían muerto en el marco de la represión a las manifestaciones y otros fueron gravemente lesionados.

También denunció la negación de atención médica e incluso, la sanción a quienes brindaban servicios médicos, la obstrucción del trabajo humanitario para ayudar a las personas heridas; así como la violencia y ataque contra periodistas y medios de comunicación, entre otros.

La comisión ha reportado 117 atentados contra la libertad de prensa. Entre ellos, los allanamientos contra el diario Confidencial y el canal de televisión 100% Noticias.

Fases de la represión en Nicaragua

Para sustentar el carácter sistemático de la violación de derechos humanos en Nicaragua, el informe de la CIDH identificó cuatro fases en las que se fueron recortando cada vez más las libertades y aumentaron las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua.

En la primera, desde abril, comenzó el uso arbitrario de la fuerza, “incluida fuerza letal” contra los manifestantes por parte de agentes de policía y grupos “parapoliciales”.

Arosemena reiteró que la CIDH ha registrado graves violaciones a derechos humanos cometidos en una segunda fase, “iniciada en el marco de los operativos ‘de limpieza’ desplegados por agentes de la policía, grupos “parapoliciales” para desmantelar los tranques y barricadas en todo el país, lo que aumentó el número total de muertes registradas desde el comienzo de las protestas”.

A inicios del mes de agosto, agregó, la comisión denunció la consolidación de una tercera fase de la represión, “consistente en la percepción y criminalización” de manifestantes, defensores de derechos humanos, estudiantes, líderes sociales y opositores del gobierno. Entre cientos de casos, “la comisión advirtió sobre la detención arbitraria de dirigentes campesinos”.

La vicepresidenta también denunció una intensificación de la represión estatal, caracterizada por el “incremento de actos de agresión y hostigamiento, criminalización de periodistas, a la continuación de las detenciones y judicialización de líderes y defensoras de derechos humanos”.

Al referirse a la cuarta etapa de represión subrayó la prohibición de marchas ciudadanas, las protestas sociales y la continuación de detenciones arbitrarias en los últimos dos meses.

Nicaragüenses exiliados llegaron a la sede de la OEA, en Washington, para manifestar su descontento con la crisis sociopolítica que vive Nicaragua.
Nicaragüenses exiliados llegaron a la sede de la OEA, en Washington, para manifestar su descontento con la crisis sociopolítica que vive Nicaragua.

Por otro lado, señaló que el Centro de Información y Servicios de Asesoría de Salud y el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos han sufrido cierres, prohibiendo el ingreso a sus integrantes.

Estas, dijo la funcionaria, “son medidas para coartar las capacidades de las organizaciones para realizar su trabajo”, lo que resulta en “la utilización indebida del poder de persecución penal del estado con el fin de sancionar a defensores de derechos humanos y la disidencia política”.

Finalmente, la vicepresidenta de la CIDH reiteró que la comisión seguirá trabajando en el monitoreo, seguimiento y recomendaciones formuladas al estado e instó a la comunidad internacional a actuar inmediatamente.

También, hizo un llamado al estado nicaragüense para “liberar a los presos políticos, restablecer la personalidad jurídica de la sociedad civil, cesar la presión a medios de comunicación y defensores de los derechos humanos”.

En la reunión, participaron delegaciones de las Misiones Permanentes de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Perú y Estados Unidos.

Rechazo de Nicaragua y Venezuela

Luis Ezequiel Alvarado representante de Nicaragua, rechazó el grupo que viene trabajando en su país y señaló que atenta contra la soberanía y los derechos de autodeterminación.

“Nicaragua es un país soberano y exigimos respeto a los miembros del consejo permanente”, afirmó. Dice que estas son acciones utilizadas por Estados Unidos para “desestabilizar, empobrecer y agredir a Nicaragua”, para generar opinión pública y desacreditar el trabajo del gobierno.

Las acciones del Consejo Permanente de la OEA y de su secretario son “un instrumento político del gobierno estadounidense”.

Alvarado añadió que las conclusiones del informe de la CIDH “son carentes de toda credibilidad” y tiene faltas de objetividad.

Dijo que a comisión no está preocupada por los derechos humanos del pueblo nicaragüense, sino por promover los golpes de estado, y denunció la continuación de las “políticas agresivas” de EE.UU. de imponer sanciones que transgreden los derechos humanos en Nicaragua.

Por su parte, Jhonatan Guerra Sansonetti, representante de Venezuela ante la OEA señaló que “Estados Unidos tiene una política de agresión permanente contra Nicaragua; interviene en los asuntos internos, financia la violencia interna”. Y dijo que Estados Unidos nunca ha reconocido la gestión democrática del gobierno nicaragüense.

Agregó que la situación amenaza para la paz de la región y viola los derechos de los pueblos.

También, dijo que Venezuela rechaza “los informes por ser parcializados” y denuncia la retención del grupo interdisciplinarios que actúan sin autorización del gobierno nicaragüense. Por ello, exigen la soberanía de dicho país.

Comparan a Nicaragua con Venezuela

El embajador de Colombia ante la OEA, Alejandro Ordóñez, dijo que lo que ocurre en Nicaragua “sólo es comparable con el colapso institucional venezolano”.

Dijo, además, que el sistema de justicia de Nicaragua, lejos de cumplir con su obligación de protección, se ha constituido en una pieza más del esquema de violación de los derechos humanos, a partir de la criminalización de ciudadanos que participaron en las protestas”.

“Cada una de estas muertes es condenable”, añadió e hizo un llamado a detener este tipo de violencia.

Por su parte, el jueves, el presidente costarricense Carlos Alvarado Quesada, a través de un comunicado, señaló que “Costa Rica no cejará en sus esfuerzos por defender los valores democráticos y continuará exponiendo la crisis de Nicaragua en foros internacionales, como ahora lo hace en la Organización de Estados Americanos (OEA)”.

Costa Rica preside la reunión del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos y reiteró su respaldo al Informe de la Misión del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que días atrás fueron expulsados de Nicaragua.

“Ante este nuevo foro que abre la OEA para alentar soluciones para la crisis en Nicaragua, Costa Rica hace un llamado a la comunidad internacional para activar los mecanismos y las medidas propias del multilateralismo a fin de restaurar y resguardar la plena vigencia de los derechos y las libertades de los nicaragüenses”, agrega el comunicado.

A través de Voz de América

Ir a la portada de BLes

Categorías: América