El dictador Daniel Ortega, ya se quitó del medio al Partido Restauración Democrática (PRD) y al Partido Conservador (PC), ahora asedia por la vía judicial a la candidata independiente Cristiana Chamorro

A medida que los días avanzan también lo hace la estrategia represiva de Daniel Ortega en Nicaragua para garantizarse un cuarto mandato. Inhabilitar al Partido Restauración Democrática (PRD) y al Partido Conservador (PC) la semana pasada para la contienda comicial del 7 de noviembre no era el único plan, sino también perseguir a los candidatos a través de la Fiscalía. Esa es su más reciente estrategia.

La primera en caer en el asedio fue la candidata independiente Cristiana Chamorro. Se le atribuye el supuesto “lavado de dinero” mediante la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, una organización promotora de la libertad de expresión que dirigió entre 2015 y 2019. El ente comicial la investigará alegando “inconsistencias en los reportes financieros».

“Es una incriminación injusta, una monstruosidad jurídica”, aseguró la aspirante presidencial en Twitter, porque en Nicaragua, toda persona bajo investigación fiscal tiene vetada la participación en cargos sujetos a elección.

Ser entonces el blanco de Ortega tiene sentido. Para ella, ese es el trasfondo del proceso “macabro” que revela “el horror de Daniel Ortega a medirse”. Sin embargo, El Mundo lo considera como parte de «un plan para llegar a las presidenciales con la victoria impuesta por decreto».

Según un sondeo realizado en febrero por la firma Cid Gallup, Chamorro es la figura opositora más relevante —con 13,3 % de las preferencias— para enfrentar a Ortega, enquistado en el poder desde 2007. “Siento que esta investigación es para intimidar a toda Nicaragua, es una citatoria con la que están atentando contra el derecho de los nicaragüenses a votar en las próximas elecciones”.

Aunque desconoce cuánto tiempo se extenderá la averiguación por ahora sus cuentas están congeladas y el sigilo bancario profanado.

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En la misma bolsa

Al margen de la posible inhibición de Chamorro, Ortega aprovecha el señalamiento de supuesto lavado de dinero para ir también contra periodistas y medios de comunicación críticos a su gobierno. Con ellos, las prácticas son otras.

La policía allanó las oficinas de los medios digitales opositores Confidencial y Esta Semana, cuyo director es Carlos Fernando Chamorro, hermano de Cristiana, y retuvo momentáneamente a algunos periodistas que cubrían los incidentes.

El propietario y director de Radio Corporación, Fabio Gadea Mantilla; la exdirectora ejecutiva del Canal 100 % Noticias, Verónica Chávez; y la periodista María Lilly Delgado, corresponsal de Univisión también están citados por el Ministerio Público para ser “entrevistados” en la causa, por el presunto delito de “lavado de dinero y activos”. Un paso que antecede normalmente a la apertura de un proceso penal.

Es un “plan para silenciar a la prensa independiente en Nicaragua”, dijo la periodista María Lilly Delgado en sus redes sociales. Para El País  se trata de un «paraguas para arrinconar».

Reformas de mentiras

La Oficina Regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para América Central y República Dominicana (OACNUDH) sigue los hechos y emitió un comunicado en el cual lamenta que a menos de seis meses de las elecciones generales, Nicaragua tome “medidas que alejan la posibilidad de un proceso electoral en el que se respeten los derechos humanos de todas las personas a asociarse libremente en forma de partidos políticos, a postular sus candidaturas y a votar por las opciones políticas de su elección”.

Para la organización, inhabilitar candidaturas, suspender y cancelar la personalidad jurídica de los partidos políticos e incorporar restricciones a la libertad de expresión, reunión pacífica, asociación y participación política son acciones que trasgreden la normativa internacional, pero Ortega, a sus 75 años, parece dispuesto a todo por una temporada más en La Loma.

Puede que lo logre. El aparato electoral le es fiel en sus distintos niveles y en las mesas de votación, las papeletas y las actas estarán bajo el control mayoritario de sus partidarios. Aún no existe ningún organismo independiente, nacional o internacional, involucrado en la observación electoral y bajo un estado policial como el presente, no es posible imaginar ninguna actividad proselitista electoral en plazas o calles. El régimen no las permitirá, vaticina el New York Times porque teme un desborde popular como el de hace tres años. La policía ya impide a los candidatos, de manera arbitraria, salir de sus domicilios. Se tratará de unas elecciones donde, por lo visto, la campaña electoral se haría desde la cárcel, o con la casa por cárcel.

Gabriela Moreno – Panampost.com