CIUDAD DE MÉXICO — México dijo el jueves que presentará una queja contra el gobierno interino de Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. El secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, dijo que la acumulación de agentes bolivianos en torno a la residencia del embajador mexicano en La Paz viola los tratados internacionales sobre los derechos y protecciones del personal e instalaciones diplomáticas.

“La Corte Internacional de Justicia es ante la que presentaremos el procedimiento, la Corte Penal tiene otras atribuciones, y lo estoy aclarando para que no haya confusiones”, dijo el canciller, que previamente había anunciado que la denuncia sería ante la Corte Penal Internacional, un error que reiteró varias veces durante una conferencia matutina desde Palacio Nacional.

Desde el 15 de noviembre, México tiene refugiados en la residencia a nueve altos exfuncionarios del gobierno de Morales, entre ellos Juan Ramón Quintana, exministro de la Presidencia, y otros cinco exministros. El gobierno mexicano ha dicho que está en su derecho de dar asilo a quienes considere perseguidos. Varios de ellos se encuentran acusados actualmente de fraude electoral y otros delitos.

Los agentes bolivianos que rodean la residencia parecen amenazar el derecho de México a dar asilo a nueve exfuncionarios del derrocado presidente Evo Morales, afirmó Ebrard. Dijo que las autoridades bolivianas se han negado a permitir que alguno de los nueve refugiados abandone el país.

además, un comunicado leído por el secretario privado presidencial, Erick Foronda dice que “El gobierno de Bolivia comunica que ha recibido información creíble de amenazas de violencia por parte de movimientos sociales […] e indígenas”, justificando la vigilancia.

Las fuerzas de seguridad se congregaron en grandes cantidades alrededor de la residencia a partir del martes, dijo el canciller de México. Agregó que hay drones volando sobre la residencia del embajador y que convocó al máximo diplomático boliviano en México para que explique las acciones de su gobierno.

Para “precautelar la tranquilidad de la misión” y “la seguridad” de los funcionarios diplomáticos, el gobierno de Jeanine Áñez “incrementó la presencia de fuerzas policiales” en las afueras de la embajada.

Morales renunció presionado por el ejército tras semanas de protestas en su contra por un cuestionado conteo de las elecciones presidenciales de octubre.

Las relaciones entre ambos países se tensaron desde que México decidió dar asilo a Morales tras su dimisión el 10 de noviembre, cuando hasta una treintena de personas llegaron a refugiarse en las sedes diplomáticas. Morales fue acogido en territorio mexicano antes de ir que se trasladara a Argentina, donde se encuentra actualmente. Morales ha dicho que planea mantenerse involucrado en la política en la vecina Bolivia.

México se ha quejado de que las fuerzas de seguridad bolivianas están registrando el movimiento de personas dentro y fuera de las instalaciones diplomáticas de México e incluso impiden el libre tránsito del embajador.

En un comunicado emitido el martes por la tarde, la Secretaría de Relaciones de México responsabilizó a las autoridades bolivianas lideradas por la autoproclamada presidenta interina, Jeanine Áñez, de cualquier afectación a sus inmuebles, al personal acreditado en el país y a quienes tiene bajo su protección. El miércoles, la cancillería mexicana hizo un llamado a su contraparte boliviana a facilitar los salvoconductos necesarios para que los acogidos en su sede diplomática puedan salir del país.

Erick Foronda, secretario presidencial de Bolivia, negó que las autoridades interfieran con los diplomáticos mexicanos.

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