Este martes los jueces de la Corte Suprema votaron en contra de una polémica ley que quería despenalizar el aborto en el Estado de Veracruz.

En Mexico, el aborto no es un tema de índole federal, y cada Estado tiene la potestad de decidir sus leyes al respecto. Como consecuencia, en todo el país solo dos distritos permiten el aborto hasta las 12 semanas, México D.F. y Oaxaca.

Veracruz llegó a esta instancia luego de que el juez Juan Luis González Alcántara, miembro de la Corte Suprema, publicara un amparo indicándole al Congreso estatal que debía inmediatamente cambiar las leyes que penalizan el aborto por ser “discriminatorias” y de fomentar la “violencia contra la mujer“.

“Se obliga al poder legislativo local a modificar los artículos 149, 150 y 154 del Código Penal para el Estado de Veracruz, ya que no superan el umbral establecido por dichos instrumentos, al ser normas discriminatorias y/o constitutivas de violencia contra la mujer que debieron haber sido reformadas sin dilación por el Estado de Veracruz”, publicó Alcántara.

De no haberse desafiado, esta decisión obligaba al órgano legislativo veracruceño a aprobar por la fuerza una ley de despenalización del aborto.

Por suerte, este atropello al proceso democrático fue apelado y llegó hasta la misma Corte Suprema, que fue rechazado por 4 votos contra 1 (el de Alcántara que votó a favor de su propio amparo) por la Primera Sala del máximo tribunal federal.

Bajo el hashtag #MexicoEsProvidacon las banderas celestes características del movimiento pro-vida en Latinoamérica, militantes de esta causa se acercaron a las puertas de la Corte Suprema y manifestaron su apoyo a la decisión, que casi por unanimidad rechazó una medida que además de ir en contra de los derechos del niño por nacer, tenía enormes falencias legales e inconstitucionales.

La votación en la Suprema Corte de Justicia Nacional

A pesar de que los jueces de la SCJN están muy lejos de ser considerados conservadores o miembros del colectivo pro-vida, la votación se dio bajo el marco de una enorme crítica a la incostitucionalidad del amparo presentado, y también bajo la presión de un pueblo que ha rechazado el aborto en múltiples oportunidades, y cualquier decisión judicial estaría entrometiéndose en el proceso democrático.

La jueza Norma Lucía Piña Hernández dijo cuando votó en contra: “No existe un mandato específico de legislativo de legislar en ese sentido (…) la Corte incurriría en el llamado activismo judicial, que desbordaría mucho las facultades constitucionales de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación”. Es decir, desestimó la consideración de que la Constitución obliga a los Congresos a legislar en materia de aborto, como planteaba el amparo de Alcántara. Además, agregó que se puede alegar una inconstitucionalidad en las leyes en Veracruz, pero aclaró que ese punto no estaba argumentado en la demanda de amparo. “Voy a ir en contra del proyecto por el tratamiento que se le da y que no comparto en específico”, concluyó. 

Luego votó Ana Margarita Ríos Farjat, quien se pronunció en mismo sentido que Piña Hernández. “No existe un mandato específico para legislar en un sentido determinado (…) esto es un problema de técnica jurídica para mí”, expuso entre sus motivos.

Por su parte, el juez José María Pardo Rebolledo apuntó directamente contra el juez Alcántara, argumentando que el amparo promovido en Veracruz era “improcedente“. Cuando votó, aclaró que su voto negativo no pretende marcar ninguna postura sobre el tema del aborto, si no que fue puramente motivado por la cuestión legal.

El juez Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, uno de los progresistas más radicales de la Corte, que incluso ha defendido “mirar con una perspectiva de género” las causas judiciales, también votó en contra, aclarando que la Justicia no debe ser la que legisla en un país democrático.

Por último, en soledad, Juan Luis González Alcántara votó a favor y se mostró durante toda la sesión virtual muy molesto. “Respetuosamente no comparto la determinación de que el asunto no sea procedente (…) estimo que las quejosas contaban con un interés legítimo para reclamar dichas omisiones, pues su objeto se enfoca en la protección y en la defensa de los derechos humanos de las mujeres”, argumentó. Y finalizó dejando entrever su fuerte ideología de izquierda: la prohibición absoluta de interrumpir el embarazo es contraria a la protección que corresponde a todas las mujeres”.

Fuente: Derecha Diario.