ACAYUCAN, México (AP) — El asesinato de otro periodista en México generó el miércoles una serie de condenas a nivel internacional, ante el caso más reciente en una ola de homicidios que es vista como una amenaza a la libertad de prensa en el país.

La agencia de derechos humanos de las Naciones Unidas dijo en un comunicado a través de sus oficinas en México que el asesinato de Gumaro Pérez “confirma un año terrible para la libertad de expresión” en el país.

La Sociedad Interamericana de Prensa expresó su “consternación por la cifra de periodistas asesinados en el país, la mayoría con impunidad”.

Pérez, de 34 años, fue asesinado a tiros el martes mientras estaba en un festejo navideño en la escuela primaria de su hijo en la localidad de Acayucan. Se trata de por lo menos el décimo periodista ultimado este año y el tercero en el estado de Veracruz, ubicado en el litoral del Golfo de México.

La fiscalía estatal buscó opacar las credenciales de Pérez como periodista, al emitir el miércoles un comunicado donde dice que no ha podido encontrar ningún medio de comunicación donde él trabajara activamente y que un sitio de noticias que él abrió está inactivo desde hace algunos meses.

Eso fue cuestionado por un funcionario de un programa regional para protección de periodistas, que dijo que Pérez estuvo trabajando con el gobierno local pero seguía publicando en un sitio web y en su página de Facebook.

“Para efectos legales era un periodista, podríamos decir que independiente”, dijo Jorge Morales, de la Comisión Estatal de Atención y Protección de los Periodistas de Veracruz.

Morales agregó que varias personas reportaron que el papel de Pérez con el gobierno municipal era como empleado de comunicaciones o como asistente del alcalde, aunque al parecer era algo informal y no estaba registrado en la nómina.

Los fiscales en Veracruz también dijeron en un comunicado que hay una “probabilidad” de que Pérez estuviera vinculado con el crimen organizado y fuera abatido por un grupo rival. La fiscalía hizo mención de información extraída del teléfono celular de Pérez y de visitas que hizo a un delincuente en prisión, pero no mostró la evidencia.

La familia de Pérez negó que él tuviera nexos con el narcotráfico.

Maribel Pérez, hermana de la víctima, dijo que su hermano era una persona muy decente que caminaba con la frente en alto y muchos lo admiraban.

“No se vale que cuando la familia estamos aquí (en el velorio), no lo hemos dejado descansar bien, y andan diciendo esas cosas”, afirmó.

Morales dijo que el pronunciamiento en el que se criminaliza a Pérez viola su presunción de inocencia y “no lleva a ninguna parte, no resuelve el caso”.

Los gobiernos locales en Veracruz y en otras partes de México frecuentemente buscan desacreditar a los periodistas asesinados para insinuar que sus muertes no están relacionadas con su labor profesional.

En el caso de Cándido Ríos, asesinado en agosto cerca de Acayucan, el subsecretario de derechos humanos dijo en menos de 24 horas que los investigadores estatales habían descartado que él fuera el blanco del ataque, el cual dejó otras dos personas muertas.

Defensores de los periodistas y la familia de Ríos criticaron la premura para juzgar, e indicaron que las autoridades se apresuraron a descartar su trabajo como móvil de su asesinato en un estado donde tantos periodistas han muerto.

Los detalles del ataque contra Pérez siguen emergiendo.

Morales dijo que autoridades _no precisó cuáles_ le dijeron que había cámaras de vigilancia y testigos. Los agresores al parecer mataron a Pérez cuando estaba solo en un aula.

Fidel Pérez, un reportero local en Acayucan sin parentesco con Gumaro Pérez, dijo que lo conocía desde hacía ocho años y que se ganó el apodo de “el hombre rojo” debido a que cubría noticias de crímenes.

Recientemente, Gumaro Pérez era colaborador del presidente municipal, a quien acompañaba adonde fuera y le tomaba fotos, dijo Fidel Pérez. Agregó que Gumaro Pérez “era colaborador directo del alcalde, no empleado en nómina y le pagaba directamente de su bolsa”.

Gumaro Pérez formaba parte de un programa estatal que ofrece consejos de protección para periodistas que cubren cierta información “de riesgo”. Este es independiente de un programa federal conocido como “el mecanismo”, que ofrece a los reporteros medidas tales como botones de pánico en sus teléfonos celulares y seguridad en su casa.

México es uno de los países más letales para los periodistas, y Veracruz, una entidad plagada por la violencia de grupos criminales y la corrupción, es visto como el peor estado, con varios asesinados aquí este año.

Además de Pérez y Ríos, el columnista Ricardo Monlui fue asesinado en Yanga, Veracruz, el 19 de marzo, cuando regresaba de un restaurante con su esposa e hijo. El atacante al parecer lo estaba esperando.

De acuerdo con el Comité para la Protección de los Periodistas, con sede en Nueva York, 95 profesionales de los medios han sido asesinados en México desde 1992. En 43 de esos casos, el comité dice que se ha confirmado que el móvil está directamente relacionado con la labor periodística, incluidos seis en 2017, una cifra más elevada que cualquier otro año en ese período.