Las sanciones de la Unión Europea marcan el inicio del nuevo periodo de cinco años que encabezará Ortega en el poder, pero hay probabilidades de que se anuncien más.

Daniel Ortega tomó posesión por cuarta vez consecutiva de la presidencia en Nicaragua. Sin embargo, esta vez lo hizo con el peso de las nuevas sanciones interpuestas por la Unión Europea en contra de sus familiares, funcionarios e instituciones del régimen sandinista.

La coalición internacional notificó que sus hijos Camila Antonia Ortega Murillo y Laureano Facundo junto a la presidente del Consejo Supremo Electoral, Brenda Isabel Rocha Chacón, tienen desde ahora prohibido entrar en el territorio de la comunidad europea. Asimismo, todos los bienes y activos en alguno de los veintisiete países que lo conforman serán congelados.

A ellos se les atribuyen «serias violaciones contra los derechos humanos» y haber apoyado las elecciones fraudulentas de noviembre que declararon ganador a Ortega, pese a la disolución de tres partidos políticos y el arrestó de 40 dirigentes opositores, entre ellos, siete aspirantes presidenciales, incluida la independiente Cristiana Chamorro.

Las medidas restrictivas se extienden contra la Policía Nacional de Nicaragua, así como el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos, que también engrosan la segunda lista de sancionados de Nicaragua. Esto considerando que en 2020 ya la Unión Europea limitó a la vicepresidente y esposa de Ortega, Rosario Murillo, y a Juan Carlos Ortega Murillo, otro de sus hijos.

Más aislamiento

Las sanciones de la Unión Europea marcan el inicio del nuevo periodo de cinco años que encabezará Ortega en el poder, pero hay probabilidades de que se anuncien más. Acciones de esta naturaleza empañarán su juramentación en la Plaza de La Revolución de Managua.

Canadá está dispuesta a seguir los pasos contra el «régimen opresivo» del mandatario, así lo anunció la ministra de asuntos exteriores, Mélanie Joly, quien en un comunicado reprochó la falta de «legitimidad democrática».

Joly recordó que Canadá tiene sanciones en vigencia por las «flagrantes y sistemáticas violaciones de los derechos humanos en Nicaragua» y aseguró que Ottawa continuará utilizando todas las «herramientas diplomáticas para que este régimen opresivo rinda cuentas».

En julio de 2021, Canadá impuso su última ronda de sanciones contra el régimen de Ortega al sancionar a la hija del presidente, Camila Ortega Murillo, junto con otros 14 altos cargos del país «en respuesta a las violaciones de derechos humanos».

En la relación figuraba el ministro de finanzas, Iván Acosta; el presidente del Banco Central de Nicaragua, Leonardo Reyes, y la fiscal general de la República, Ana Julia Guido, así como responsables políticos, policiales y militares.

Una carta pública

El entronamiento de Ortega lo fustigó el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) en una carta pública. En el documento se insta a las pocas delegaciones extranjeras que arribaron al país para participar en la toma de posición a salir a las calles.

El objetivo de la petición es que los invitados contrasten como “más de 300 familias sufrieron el asesinato de sus hijos o parientes cercanos, por la represión estatal contra la protesta social” y siguen sin recibir justicia. Además, señalaron que en las cárceles del país hay más de 160 detenidos injustamente.

“Hasta hoy, enero de 2022, ninguna de esas familias ha podido saber la verdad de lo ocurrido, pues no se ha iniciado ni un solo proceso para conocer los hechos, dar con los responsables y castigarlos, y reparar el daño causado”, dice la carta.

Aliados en escasez

El primero en arribar a la nación centroamericana fue el representante de la dictadura castrista, Miguel Díaz -Canel. La asistencia del chavista, Nicolás Maduro, aún no está confirmada tras la derrota del régimen en las elecciones del estado Barinas este domingo.

México reconsideró a última hora la presencia de un representante. Aunque tenía contemplado enviar a Martín Borrego, director general para América del Sur de la Cancillería un “análisis interno” declinó la decisión.

Gabriela Moreno – Panampost.com

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